Tenerife/ La Asociación PRODENI ha interpuesto una denuncia ante el Fiscal General del Estado explicando las razones del proceso que se ha desarrollado en el caso de la niña “Piedad” y se investigue la actuación de los Magistrados de la Sala y del Ministerio Fiscal de Las Palmas de Gran Canaria por el presunto delito de maltrato a la menor así como un supuesto delito de prevaricación.
Lea la denuncia de PRODENI
El
Cabildo de Gran Canaria asume la guarda de “Piedad”
PRODENI expone en la denuncia que el Ministerio Fiscal, como valedor en
la defensa de los derechos ciudadanos, no atendió los derechos de la
niña al quedar sometidos a los derechos e intereses de la parte
biológica. “A lo largo de estos meses, mientras seguimos esperando la
respuesta de la Fiscalía General, los acontecimientos en torno al caso
de la niña PIEDAD se han venido sucediendo con intensidad y dramatismo,
en un tira y afloja entre el Juzgado de Las Palmas y la parte
Administrativa y acogedora, hasta el punto de que el Juzgado llegó a
requerir a ambos con amenazas de imposición de multas e interposición
de querellas”, destaca.
Asimismo, señala que la Entidad Pública canaria ya había comunicado
previamente a la familia acogedora el programa de internamiento
progresivo con fecha de inicio incluida, sin que la Audiencia
Provincial hubiera aún aceptado la medida propuesta, lo que se tradujo
en lógica confusión e incertidumbre, cambiando a partir de ese momento
la actitud de la Entidad Pública con la familia acogedora,
“posicionándose de forma decidida y, sorprendentemente, en contra,
culpabilizando a la familia de haber hecho fracasar la medida de
internamiento progresivo, y por lo tanto, de ser merecedora de
reproches y de sospechas”.
Además, se pone de manifiesto las crisis epilépticas que sufrió la niña
al conocer que debía abandonar su entorno y que “a media mañana del 10
de mayo irrumpieron en la clínica guardias civiles de uniforme,
entrando algunos en la habitación diciendo en voz alta que no podían
salir de allí, que ambas quedaban bajo custodia hasta que llegaran los
de Menores a llevarse a la niña”.
Igualmente se expone en la denuncia que sobre el mediodía se presentó
un nutrido grupo de Protección de Menores, entrando en la habitación
acompañados de miembros de la Guardia Civil, lo que obligó a la madre
con la mano levantada y apenas fuerzas a condicionar su salida de la
habitación si sólo entraban dos personas, y hecho eso, se despidió con
un beso de “Piedad”, luego la niña rodeada de Fuerzas y otro personal
fue llevada en un vehículo que la trasladó a un centro de menores de
Tenerife, donde ahora continúa, sin ningún tipo de relación,
comunicación o noticia del mundo que radicalmente le fue impuesto
dejar.
La Asociación hace referencia a las declaraciones a la Cadena SER,
recogidas en Canarias24horas, diario digital, el 2 de Mayo de 2007, la
Consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Marisa
Zamora, expresó discrepando de los magistrados que no “tiene nada claro
que ésta sea la mejor salida para PIEDAD”.
Para PRODENI, “Piedad” es una niña maltratada, por el hecho de haber
sido arrancada del seno familiar, permanecer incomunicada y estar
privada de contactos y noticias de su familia, siendo además una niña
enferma y vulnerable. “Una niña maltratada a la que se castiga
cruelmente, haciendo caer sobre su inocencia todo el peso de la ley por
las culpas y las responsabilidades de otros”.
Por estas razones, la Asociación formula una queja y denuncia contra la
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por negar el
auxilio y la protección solicitada por la asociación PRODENI en favor
de la niña Piedad, en momentos en que lo precisaba, los días 9 y 10 de
mayo de 2007, solicitando se admita la denuncia contra los responsables
aludidos, se estudie la misma por esa Fiscalía y, en su caso, se
adopten las medidas legales a que haya lugar.
Asimismo, se solicita a V.E., como máximo representante del Ministerio
Fiscal en España, que se adopten las medidas de protección de la menor
a que haya lugar para que se le garantice el restablecimiento de sus
contactos familiares y se lleven a efecto acciones desde la Fiscalía en
defensa de sus derechos, en particular, el de que no se siga actuando
en contra de sus intereses y en contra de su voluntad.
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