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Lanzarote/ La Consejería de Política Territorial del Cabildo
ordenó, a instancias de un acuerdo plenario, redactar un informe sobre
posibles irregularidades en la concesión de licencias por parte de los
Ayuntamientos de Teguise y Yaiza durante la revisión del Plan Insular
de Ordenación del Territorio (PIOT).
El documento, elaborado por el
letrado Agustín Domingo Acosta que defiende los contenciosos que la
Primera Institución mantiene contra estos Consistorios, establece que
los alcaldes de los mismos, Juan Pedro Hernández y José Francisco
Reyes, podrían haber dado permisos a promotores para la construcción de
12.800 camas. Todo ello, apuntan, bajo una estrategia común de
vulneración de la normativa vigente en esta materia.
En Teguise se habrían concedido 8 licencias dentro del plan parcial
Costa Teguise autorizando 3.950 plazas con un presupuesto de obras
superior a 73 millones de euros. Yaiza podría haber dado 23 licencias
repartidas en los planes parciales de Las Coloradas (7), San Marcial
Rubicón (2), Montaña Roja (6), Castillo del Águila (2), Costa Papagayo
(4), Cortijo Viejo (1) y Puerto Calero (1) que habrían supuesto 8.331
camas con un presupuesto de más de 190 millones de euros.
Los permisos se habrían dado según el informe durante la tramitación de
la Revisión del PIOT, esto es, desde su aprobación inicial en 1998
hasta la definitiva de 2000 e incluso posteriormente, “ante el temor de
los promotores urbanísticos de verse afectados por las medidas de
reducción del crecimiento y de cualificación de la oferta que
impidieran la edificación de complejos turísticos incompatibles con el
modelo turístico del PIOT”.
La posible concesión de estas licencias habría supuesto, según el
citado informe, que los Ayuntamientos hubieran incumplido algunas
leyes. En primer lugar la obligación legal de notificar al Cabildo las
licencias que podrían haber autorizado para la construcción de
establecimientos turísticos en sus municipios.
Estos Ayuntamientos también habrían violado la medida cautelar de
suspensión de licencias establecida por la Corporación insular durante
la tramitación de la revisión del PIOT. Además, el informe considera
que se cometió infracción sobre la Ley de Régimen de Suelo y
Valoraciones de 1998. Esta norma establece que la eficacia de una
licencia se considera extinguida si no se ha iniciado la edificación o
se ha variado posteriormente el planeamiento a aplicar. Así, el informe
habla de licencias ‘en cartera’ concedidas durante la década de los
ochenta que habrían sido prorrogadas e incluso vendidas a terceros.
Las licencias tampoco contarían, tal y como establece este documento,
con el informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación del
Territorio ni con el informe jurídico por el que se tiene que
“comprobar que la solicitud de licencia se ajusta a la legalidad y el
planemiento”.
El informe del Cabildo también considera que estos permisos incumplen
la legalidad porque carecerían de las licencia de apertura previa y de
la autorización turística exigidas por la normativa vigente. Además, en
el caso de Yaiza se considera que se podrían haber dado licencias por
certificado del alcalde aunque tuvieran informes negativos del propio
Ayuntamiento.
Tras conocerse este informe el que en aquel momento era consejero de
Política Territorial y Medio Ambiente, el socialista Carlos Espino,
acudió a la Brigada Provincial de Policía Judicial Unidad de Drogas y
Crimen Organizado Grupo de Blanqueo de Capitales (Udyco). La actuación
de este cuerpo derivó en que la magistrada del Juzgado de Instrucción
Número 2 permitiera ‘pinchar’ los teléfonos de ambos alcaldes.
Tras un tiempo las escuchas resultaron infructuosas. No obstante, tanto
Juan Pedro Hernández, antes del Partido de Independientes de Lanzarote
y ahora militando bajo las siglas de Coalición Canaria, como José
Francisco Reyes, del Partido Nacionalista de Lanzarote, están llamados
a declarar el próximo mes de junio.
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