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S/C de Tenerife/ Concejales de los Grupos Socialista y de Ciudadanos
de Santa Cruz en el Ayuntamiento capitalino dijeron hoy, en rueda de
Prensa, que la negativa del alcalde, Miguel Zerolo, a celebrar el pleno
extraordinario que han solicitado para tratar la situación del
desarrollo urbanístico de la Playa de las Teresitas tras la sentencia
del Tribunal Supremo que anula la compra de los terrenos por parte de
la Corporación, indica que “tiene algo que esconder, porque si no lo
tuviera, lo haría a iniciativa propia para defenderse”, según argumentó
Guillermo Guigou.
Ramiro Cuente recordó que el propio Zerolo dijo en su día que si esta sentencia
llegaba en sus actuales términos, “pediría él mismo la celebración de un pleno
extraordinario” y en lugar de eso, “decide dar dos ruedas de Prensa en el salón
de su casa (en referencia a la sede de CC) como candidato, cuando su deber es
explicarse a los ciudadanos como alcalde y en el Salón de Plenos”. Así, calificó
de “vergonzoso, penoso y de poca categoría política” que Zerolo, si bien no puso
fecha a la celebración de dicha sesión, “dejara claro que no está por la labor
de hacerlo antes de las elecciones” del 27 de mayo, al despedir el pleno de hoy
como el último de la Legislatura, algo para lo que “le asiste la legalidad
porque el plazo de 15 días desde su solicitud (el pasado 15 de mayo) concluye el
31 de mayo”, especificó Guigou.
EL “GRAN PELOTAZO”
Además de
Guigou y Cuende, Ángel Isidro Guimerá y José Ángel Martín, participaron en una
rueda de Prensa conjunta en la que, además de valorar los acontecimientos del
pleno de hoy, que calificaron de "circo" y la negativa a convocar el pleno
monográfico, expusieron su visión acerca del expediente de Las Teresitas, al que
tildaron del "gran pelotazo especulativo que se ha hecho en Santa Cruz". En
todos estos asuntos, ahora desarrollan actuaciones conjuntas.
En este
sentido, Cuende criticó que el alcalde “en una huida hacia delante, hurte a los
votantes un debate sobre unos acontecimientos de deben conocer antes de ir a
votar o no a una persona que se presenta a la reelección con dos imputaciones y
una sentencia firma en contra”.
Sobre la sentencia, insistieron en que
“decir que se puede subsanar es engañar y manipular a la opinión pública de
forma burda” y que lo único que cabe es la devolución de los 8.750 millones de
pesetas que el Ayuntamiento pagó por las once parcelas que compró a los
empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, anteriores propietarios de los
terrenos del Plan Parcial de Las Teresitas.
Para ello, se dispone de dos
meses de plazo legal, al cabo de los cuales el Ayuntamiento ha debido recuperar
ese dinero, más los intereses generados, que según Guimerá, ascenderían a 2.400
millones de pesetas. Así consideró que esta opción, además de dar cumplimiento a
la sentencia, es muy favorable para la Corporación, que “reintegraría a sus
arcas 11.150 millones y se garantiza que no se construya el frente de playa,
porque el Plan General de Ordenación lo impide”.
AHORA NO CABEN
RECLAMACIONES
Preguntado sobre la posibilidad de que los empresarios que
deberían devolver el dinero y recuperarían los terrenos presenten reclamaciones
exigiendo al Ayuntamiento una indemnización por daños y perjuicios, Martín
explicó que actualmente, al estar imputados en la querella presentada por la
Fiscalía Anticorrupción, al igual que Zerolo, “no pueden hacer reclamaciones
patrimoniales de ningún tipo”, algo que tampoco cabría si son declarados
culpables, porque “se demuestra que hubo mala fe en todo el proceso”.
Si,
por el contrario, son absueltos, “tendrían todos los derechos y garantías para
reclamar al Ayuntamiento y a todos y cada uno de los concejales que votaron a
favor, igual que Maphre podría solicitar la invalidez de la compra del 33%
restante de los terrenos a Plasencia y González”, añadió Guimerá.
Para
los concejales de la oposición, las obras que continúa promoviendo en
Ayuntamiento en los terrenos cuya compra se ha declarado ilegal, se están
haciendo ya “en suelo privado”, lo que interpretan como que “se están usando
fondos públicos para continuar con unas obras que están prohibidas por el
Tribunal Supremo”. Así, Guimerá, sentenció que el alcalde, al no paralizarlas
desde que tiene conocimiento de la sentencia, “debe responder con su patrimonio
privado a cualquier gasto que se derive de ellas”.
FRENTE
INEDIFICABLE
En cualquier caso, Cuende insistió en dejar muy claro que el
frente de playa es “inedificable”, en virtud de la revisión del PGO, que fue
aprobado inicialmente en el Pleno municipal con los votos de CC y PP, y que
actualmente está a la espera de su aprobación por la Cotmac, para ser plenamente
vigente.
En este sentido, Guigou denunciaron las “mentiras y medias
verdades” del alcalde, que “ganó titulares en su día al llevar al pleno la
prohibición en el PGO de construir el frente de playa y ahora lo obvia porque le
interese más”.
Además, criticaron el uso de los medios de comunicación
para “engañar y manipular” a la opinión pública lanzando mensajes de que sólo CC
va a garantizar que la playa sea pública y no se edifica, como la contraportada
“que han pagado hoy” en todos los periódicos, en la que achacan a los
socialistas la intención de construir edificaciones en la costa y se “adjudican
el papel de salvadores de la playa, cuando no la va a salvar ningún candidato,
sino el pueblo de Santa Cruz”. Cuende, tras calificar de “vergonzosa” esta
última campaña de CC, aseguró que los socialistas “queremos una playa de
mínimos, sin construcciones ni parques temáticos”.
También denostaron que
el alcalde “no haya dicho nada del fondo de la sentencia y sólo haya entrado en
las formas, acusando a los poderes ejecutivo y judicial de connivencia –ante lo
que espero un pronunciamiento- con el único objetivo de echar “una cortina de
humo para desviar la atención y confundir a la gente”.
PREGUNTAS EN EL
AIRE
En lugar de eso, para los dos grupos de la oposición, lo que debe
hacer Zerolo es responder a diversas cuestiones como “por qué se sacaron 8.750
millones de pesetas de las arcas municipales de forma improcedente”, “por qué
tiene una empresa missing, Meunque, dedicada al asesoramiento urbanístico, que
constituyó tres meses después de firmar el convenio de Las Teresitas, que ni
siquiera abona sus impuestos”; “por qué no compró todos los terrenos del Plan
Parcial, incluida la zona de Los Valles, por 5.500 millones y pagó 8.750 sólo
por el frente de playa, cuando un tercio de este suelo ya era de dominio
público”; “por qué no tuvo en cuenta la tasación de los arquitectos municipales
y sí otras, externas, mucho más elevadas”; “y sobre todo, qué miedo tiene a
responder todo esto en el Pleno”, amplió José Ángel Martín, que además es
portavoz del colectivo Ínsula Viable, que promovió la querella sobre Las
Teresitas.
De momento, lo que consideran que prueba la sentencia del
Supremo es que “hubo una chapuza; los Tribunales dirán si además hubo delitos”.
La consecuencia directa de esta “forma de hacer las cosas es que están
ahuyentando las inversiones en el municipio”, concluyó el portavoz de
Ciudadanos.
LA CONTRADICCIÓN DEL PP
Por último, con respecto a la
postura política del PP ante esta polémica, Guigou se confesó “alucinado” de la
contradicción que protagonizan los concejales del Grupo Municipal –liderado por
la presidenta insular del partido, Cristina Tavío- y el candidato a la Alcaldía
para el 27 de mayo, Ángel Llanos, también secretario del PP en Tenerife.
“Mientras en el Ayuntamiento se alinean con CC para que el expediente no se
debata en el Pleno antes de las elecciones, el candidato dice todo lo
contrario”, expuso, asegurando, además, que el Grupo Popular votó el pasado
viernes a favor del convenio con Costas que permite compatibilizar los trabajos
que ambas administraciones realizan en las parcelas de cada propiedad del frente
de playa, lo que viene a legitimar las obras municipales.
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