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C24H/ En un escrito remitido a PRODENI, la Fiscalía General del Estado, responde a un informe de la asociación sobre el niño del Royo (Salamanca) y la niña PIEDAD (Canarias), diciendo que “comparte su preocupación por la necesidad de salvaguardar el interés superior del menor en los procedimientos judiciales, especialmente en aquellos en los que se impugnan declaraciones de desamparo y se resuelven oposiciones a acogimientos, adopciones y otras medidas de protección acordadas por las Entidades Públicas de Protección de Menores”.
A tal efecto lo comparte, que en la Memoria de la Fiscalía General del
Estado de 2005, cuya trascripción se incluye en la respuesta a PRODENI,
se pide al legislativo una reforma legal porque, entre otras cosas, se
hace “preciso fijar plazos de caducidad para las acciones de
impugnación u oposición frente a las resoluciones administrativas en
materia en que el tiempo corre en contra de los menores”, tal como ha
sucedido con PIEDAD, según informa un comunicado de PRODENI.
El informe de PRODENI sobre el niño del Royo, que también incluye a
PIEDAD ha merecido el interés de la Fiscalía General del Estado que con
fecha 4 de Junio de 2007 ha dado cuenta a la asociación de que ha
pedido a las respectivas Fiscalías territoriales información sobre el
estado de los expedientes de ambos niños, en un claro posicionamiento
de la alta institución por las denuncias que PRODENI plantea. “Téngase
en cuenta que Diego, el del Royo, de ocho años, vive ahora en un centro
de menores por cuarta vez y probablemente tenga que estar así hasta su
mayoría de edad. Ahora se ha adoptado la decisión de separarlo
definitivamente de su madre, con la que estuvo y dejó de estar en
varios momentos de su vida, pues fue retirado nada más nacer e
ingresado en un centro de menores de donde salió en acogimiento
preadoptivo en el Royo (Soria) para ser devuelto a un centro de menores
diecisiete meses más tarde y posteriormente entregado a su madre, para
más tarde regresar al centro y volver con su madre de nuevo, hasta este
último ingreso”, cita el comunicado.
El caso de PIEDAD, de casi seis años, guarda similitud con el de Diego,
“pues la niña fue retirada de un preadoptivo en el que llevaba dos años
de feliz convivencia, para ser ingresada en un centro de menores, el
tercero en su corta existencia, pues antes del preadoptivo ya había
residido algo más de tres años en otros dos centros”.
Fiscalía de Canarias no contesta.
Según el comunicado, PRODENI solicitó a la Fiscalía General del Estado
con fecha 18 de Diciembre de 2006 que interviniera en apoyo de PIEDAD.
En aquel entonces pesaba sobre la menor una orden de entrega inmediata
a la madre biológica y la Fiscalía de Canarias se había plegado a la
decisión del Juzgado perjudicando los intereses de la menor, cuyas
necesidades no se tenían en cuenta. No obstante y a pesar de que con
fecha 19 de Enero de 2007, la Fiscalía General comunicó a PRODENI que
había pedido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias información del expediente, Fiscalía de Canarias no contesta y
ya han transcurrido cinco meses de aquella petición, que ha vuelto a
ser reiterada según comunicado de la alta institución a PRODENI, cuya
queja adquiere plena verosimilitud pues si la Fiscalía de Canarias se
desentiende del requerimiento de su superior jerárquico, que se puede
esperar para PIEDAD.
Asimismo, la asociación, remitió con fecha 14 y 17 de Mayo denuncias
contra la actuación de los Magistrados de la Sección Tercera de la
Audiencia Provincial de Las Palmas por un posible delito de maltrato a
la menor y, en su caso, de prevaricación, junto a una queja expresa
contra la actuación de la Fiscalía de Canarias por el abandono a la
menor, al no haberse tenido en cuenta en ninguna ocasión sus derechos,
ni ser protegidos ni salvaguardados sus intereses, plegándose a los de
la parte demandante, en sintonía con el Juzgado de Familia, primero, y
con la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que
siempre dejaron de lado las necesidades y derechos de la menor.
Con fecha de ayer, 18 de Junio, la asociación ha remitido nuevo escrito
al Fiscal General del Estado, mostrando su preocupación por la
inoperancia de la Fiscalía de Canarias, esta vez, nada menos, con el
propio Fiscal General al no responder a su requerimiento. Además, la
asociación, ha remitido nueva documentación abordando su denuncia desde
el punto de vista psicológico y jurídico, volviendo a pedir que
instruya a la Fiscalía de Canarias para que vean a PIEDAD, para que la
escuchen y protejan de lo que considera un “maltrato institucional” en
toda regla.
El Gobierno canario “anormaliza y desestructura” a Piedad
Con referencia a una declaración pública de fuentes del Gobierno
Canario de fecha 14 de Junio, en la que expresa que PIEDAD “está bien”
y que continuará en el centro de menores del Cabildo de Tenerife
“mientras se esté trabajando con la niña y no esté preparada”, la
asociación PRODENI considera que tal declaración supone todo un insulto
a la inteligencia de los canarios, pues “¿cómo se puede decir que está
bien una persona que ha sido arrancada de su entorno afectivo, y que
lleva más de un mes privada de contactos o noticias?”. “En cuanto a lo
que oímos respecto a que la menor no está preparada y de que se
continúa trabajando con ella, nos alarma y preocupa, preguntándonos ¿A
qué tipo de terapia o de trabajo se refieren? ¿A la de que se olvide
para siempre de sus seres queridos? ¿A la de enfrentarla a la muerte
afectiva imponiéndole un luto traumatizador que le deje afectada?
¿Participa PIEDAD en ese trabajo? ¿Está informada de su situación?
¿Sabe que su mundo afectivo sigue existiendo y no la ha abandonado, o
se la orienta para que crea en su definitiva defunción?. Son preguntas
con mucho sentido pues como muy bien dice la Ley Orgánica de Protección
Jurídica del Menor 1/96 de 15 de Enero en su exposición de motivos “La
mejor forma de garantizar social y jurídicamente la protección a la
infancia es promover su autonomía como sujetos”, es decir, contar con
ellos, facilitar su participación.”
PRODENI no entiende de que manera se puede promover la autonomía de
PIEDAD como persona en esa especie de GULAG afectivo a que la tienen
sometida, nada que ver con “la concepción de sujeto sobre la que
descansa la presente Ley: las necesidades de los menores como eje de
sus derechos y de su protección.”
La asociación viene repitiendo que no tiene sentido que una institución
diseñada para proteger y normalizar a menores, se dedique a
“anormalizar y desestructurar a esta niña sin que la rompan en el
intento, algo sencillamente diabólico a lo que no deberían prestarse
los profesionales porque va en contra de los derechos de la menor y de
los respectivos códigos deontológicos”, concluyen.
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