Canarias/ Los trabajadores de transporte sanitario en Canarias
han decidido retomar las movilizaciones ante la falta de avance en las
negociaciones mantenidas durante estas dos semanas con la patronal ante
el Tribunal Laboral Canario para intentar poner fin al conflicto tras
dos meses de huelga, que ha afectado a los traslados de unos 43.000
pacientes.
Lea el Comunicado de A.R.T.E.A.
“Tras dos semanas de negociaciones no hay ningún avance” en los cuatro
puntos que los representantes de los trabajadores presentaron como
prioritarios para desbloquear el conflicto: la readmisión de los
trabajadores despedidos durante el conflicto, las mejoras salariales,
la reducción de jornada y la mejora de la formación, precisó hoy el
secretario de la Federación de Transportes de CC.OO., Miguel Borredat.
El representantes sindical apuntó que también se cumplieron las
condiciones fijadas para llevar a cabo esta negociación, en la que se
pidió a los representantes de los trabajadores que concretaran los
puntos prioritarios para desbloquear el conflicto, flexibilidad y
“cierta contención” en las movilizaciones.
Pese a crear este “clima favorable”, tras dos semanas de “muchas
reuniones formales e informales”, no se ha llegado a un acuerdo y la
situación “sigue en los mismos términos”, lamentó Borredat, quien
destacó incluso la flexibilidad mostrada para que la aplicación de las
mejoras económicas y de reducción de jornada se aplicaran de manera
progresiva después de 2007.
Así, los representantes sindicales apuntaron que la patronal mantiene
su negativa a la readmisión de los 20 trabajadores despedidos durante
el conflicto, de los que dijo existen resoluciones judiciales
favorables a los trabajadores e insistió en que la intención de la
empresa es “desmoralizar a la plantilla” para evitar la continuidad de
la huelga. La patronal tampoco acepta las condiciones de reducción de
jornada y ve imposible desbloquear los aspectos económicos en 2007.
Ante ello, Borredat apunto que la representación sindical “no cierra el
espacio de negociación”, pero no está dispuesta a entrar en un
“ejercicio de dilación en vano”, por lo que los trabajadores han
decidido retomar las movilizaciones y concentraciones, que iniciarán el
próximo lunes ante la sede del Parlamento canario, que celebra la
sesión constitutiva.
PREGUNTAR A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
El representante sindical también lamentó la “desconcertante”
posición del Gobierno canario en este conflicto y pidió a la consejera
de Sanidad, María del Mar Julios, que exprese no sólo en los medios de
comunicación, sino ante un órgano que pueda levantar acta su afirmación
de que se han consignado 9 millones para garantizar una solución a la
parte económica del conflicto, un aspecto en el que Borredat indicó no
hay diferencias entre la administración y los trabajadores.
En esta línea, planteó que habría que preguntar a la Fiscalía
Anticorrupción “dónde está ese dinero del servicio de ambulancias”, ya
que mientras la consejera afirma en los medios de comunicación que se
ha inyectado esa cantidad, los empresarios “niegan una y otra vez que
hayan recibido un solo céntimo”.
Por ello, reclamó a la consejera que realice esta afirmación ante un
órgano que pueda levantar acta para remitirla a la Fiscalía y que se
inicie una investigación y conocer si ese dinero el Ejecutivo lo ha
desviado a otro sitio o “está en manos de los empresarios” sin que haya
repercutido en mejoras para los trabajadores.
MÁS DECISIÓN POLÍTÍCA
También consideró que la administración debe “inyectar decisión
política” para intentar propiciar un acuerdo, ya que remarcó los
empresarios son intermediarios de un servicio que presta la
administración, que debería tener posibilitar el acuerdo económico y
exigir a la patronal el cumplimiento de los otros aspectos laborales.
Cuestionado sobre la posibilidad de que, ante la falta de acuerdo, la
administración dicta un laudo, que fija unas condiciones obligado
cumplimiento para las partes, Borredat consideró que sería “bienvenido”
si la administración reconoce una serie de condiciones económicas y
laborales, pero no haría más que prolongar de manera “informal” el
conflicto si va a “combatir” la equiparación laboral que demandan los
trabajadores con respecto a sus compañeros en el resto del estado.
Los representantes sindicales ven detrás del “bloqueo absoluto” de la
negociación que entienden está haciendo la patronal un interés de los
empresarios de que se garantice su permanencia en la prestación del
servicio en el nuevo concurso público. Borredat incluso consideró que
cabría plantearse si un servicio público de estas características
debería estar en manos privadas.
SE ACABA LA PACIENCIA
Respecto a las acusaciones de los empresarios sobre los desperfectos
ocasionados por los trabajadores a las ambulancias, precisó que no
existe ningún tipo de denuncia en el ámbito judicial al respecto,
mientras que recordó que sí las hay y se ha establecido protección
policial ante la quema del vehículo particular de uno de los
representantes sindicales en una de las empresas y el intento de quema
de la vivienda en dos ocasiones del presidente del comité de huelga.
En cualquier caso, no justificó el uso de cualquier tipo de violencia
en ambos casos, aunque advirtió de que tras dos meses de conflicto sin
que se aventure una solución “se va calentando en exceso la paciencia
de los trabajadores” con la administración y la patronal, pese a los
intentos de que la negociación discurra por cauces legales y
democráticos.
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