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Tenerife/ A partir de este mes cualquier empresa canaria podrá
recibir una inspección de la Agencia Española de Protección de Datos
sin que exista una denuncia previa y recibir la correspondiente sanción
en el caso de no cumplir con las obligaciones recogidas en la Ley
General de Protección de Datos, que desde octubre es de obligado
cumplimiento para cualquier entidad pública o privada.
Así se puso de manifiesto durante las Jornadas sobre 'La Auditoría de
Empresas y la Protección de Datos', celebradas hoy en la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, y en la que
participaron el director general de la Agencia de Protección de Datos,
Artemi Rallo Lombarte, el presidente del Centro Europeo de Auditores
Socio-Laborales, Juan Palleña Martí, la integrante del Instituto de
Auditores Internos de España, Marina Touriño, y el presidente de la
Comisión de Nuevas Tecnologías de la institución cameral, Per Thomsen.
Según explicó el presidente de la Comisión cameral, hasta ahora sólo
podían ser sancionadas aquellas empresas que habían sido denunciadas
previamente ante la Agencia Española de Protección de Datos, y siempre
y cuando las denuncias estuviesen debidamente fundamentadas, oscilando
la multa entre los 600 y los 600.000 euros, en función del tipo de la
infracción cometida.
Sin embargo, a partir de octubre, estas mismas sanciones podrán
aplicarse también en el supuesto de que, durante una inspección de
oficio, se compruebe que una empresa no cumple con la normativa y no
subsana su error en el plazo que determine la normativa.
Sólo el año pasado, la Agencia Española de Protección de Datos finalizó
más de 1.200 investigaciones de supuestos y casos que fueron objeto de
resolución, casi todos ellos relacionados con empresas privadas, que en
su
conjunto recibieron sanciones por un valor total de 24,4 millones de euros, informa la Institución cameral en una nota.
Unos datos que según reconoció el propio Artemi Lombarte son mucho
menos alarmantes en el caso de Canarias, donde en 2006 se realizaron 51
investigaciones, lo que sitúa las Islas en el puesto numero ocho del
ránking de las comunidades autónomas que más denuncias registraron.
Entre las obligaciones que emanan de esta Ley, Artemi Lombarte destacó
principalmente el deber que tienen todas las empresas de recabar el
consentimiento de las personas físicas para tratar sus datos.
Un deber que a su juicio, es el pilar principal en el que se sustenta
la Ley, que también obliga a todas las pymes y entidades a registrar
sus ficheros en el registro Oficial de la Agencia de Protección de
Datos. A día de hoy, este Registro tiene inscritos cerca de un millón
de ficheros, de los que 30.000 corresponden a entidades canarias.
Tanto Artemi Lombarte como Per Thomsen coincidieron en la necesidad de
concienciar a las empresas de que no sólo se trata de cumplir con una
exigencia legal que tiene unos costes añadidos, sino que se trata de
participar de un interés general con el que la empresa, además de
proteger la información sensible de sus clientes y proveedores,
consigue garantizar la seguridad de sus sistemas”
En este sentido, el director general de la Agencia de Protección de
Datos anunció que antes de 2008 está previsto que el Gobierno apruebe
una modificación del Reglamento de la actual Ley Orgánica de Protección
de Datos, con la que las mismas medidas de seguridad que se establecen
ahora para ficheros automatizados o informáticos se harán extensibles a
todos los ficheros físicos o de papel que tengan las empresas.
CAUSAS DE DENUNCIAS
A día de hoy, y según señaló Artemi Lombarte, más del 50 por ciento de
las denuncias recibidas e investigadas por la Agencia Española de
Protección de Datos están relacionadas con las telecomunicaciones (que
sólo en 2006 acapararon más de un tercio de las denuncias) y con las
entidades financieras, a las que le sigue muy de lejos los spam o el
envío de correos comerciales no solicitados.
En cuanto a los motivos de esta denuncia, el presidente de la Agencia
señaló que muchos de los casos se deben a que la empresa ha insertado
indebidamente los datos de sus clientes en ficheros de morosidad o bien
ha realizado prácticas de contratación fraudulenta de servicios, como
ocurre a menudo con la telefonía e internet.
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