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Canarias/ El presidente de la Audiencia Provincial de Santa
Cruz de Tenerife, José Ramón Navarro, reivindicó que atiendan las
“muchas necesidades” que tiene la administración de Justicia en la
provincia tinerfeña y reclamó que para la creación de nuevos órganos se
tenga en cuenta no sólo la población de derecho (empadronados), sino a
la población de hecho.
Así lo indicó hoy Navarro durante la apertura del curso judicial en la
provincia tinerfeña, un acto que contó con la presencia del delegado
del Gobierno, José Segura, y del consejero de Presidencia y Justicia
del Gobierno canario, José Miguel Ruano, junto a numerosas autoridades
políticas y civiles de la provincia.
En su intervención, el presidente de la Audiencia se quejó del déficit
de medios para atender el volumen de asuntos registrados por la
Audiencia Provincial y reclamó más personal y la creación de nuevos
órganos.
Navarro indicó que el “constante y progresivo” aumento de los asuntos
penales registrados ha hecho que los magistrados hayan duplicado el
módulo de trabajo anual considerado óptimo y que asuman una de las
mayores cargas de trabajo de toda España.
Frente a ello, reclamó la creación de una Tercera Sección Penal y un
cuarto magistrado para cada una de ellas, y pidió que hasta entonces se
mantengan medidas de refuerzo para paliar la situación, que dijo no se
ha convertido en “crítica” por la labor de magistrados y fiscales.
Asimismo, apuntó el Partido Judicial de Santa Cruz de Tenerife es el
que requiere con más necesidad la creación de órganos judiciales, entre
los que dijo es “imperiosa” la entrada en funcionamiento en 2007 de, al
menos, uno de los dos nuevos juzgados de lo contencioso administrativo,
ante la situación “alarmante” de los tres actuales por el aumento de
asuntos vinculados a la inmigración clandestina y los recursos en
materia de tráfico.
También reclamó un nuevo Juzgado de Primera Instancia, ante la
sobrecarga de trabajo, con una previsión media en 2007 de 1.400 asuntos
por juzgado que provoca que el tiempo medio de señalamiento para los
juicios verbales, audiencias previas y juicios ordinarios se hagan a
cinco o seis meses vista. Además, reclamó la creación del Juzgado de
Menores nº2 y un Juzgado de lo Penal en el sur de Tenerife, así como de
los Juzgados de los Social nº7 y 8.
INFRAESTRUCTURAS
En cuanto a las infraestructuras, se refirió a las obras del Palacio de
Justicia de La Laguna, las reformas en los edificios judiciales de
Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane, y consideró
“apremiantes” contar con las instalaciones definitivas de los Juzgados
de La Orotava y el nuevo edificio de Santa Cruz de Tenerife.
Sobre éste, consideró que es “difícilmente sostenible” la actual
dispersión de los órganos judiciales en la capital tinerfeña ante la
“saturación e insuficiencia del edificio”. También llamó la atención
sobre la situación del Registro Civil, que atiende unas 200 personas al
día y registró 7.747 asuntos en 2006.
El presidente de la Audiencia celebró que la Comisión Mixta, entre la
Consejería de Presidencia y Justicia y el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias haya entendido la necesidad de creación de varios órganos.
Al tiempo, abogó por hacer un esfuerzo para evitar que tantos asuntos
lleguen a la jurisdicción.
Así, defendió propiciar vías extrajudiciales para la resolución de
conflictos, como la intervención conciliadora, la mediación dirigida a
evitar la judicialización o simplificar la controversia, que dijo
también constituyen formas de la Administración de Justicia y
respuestas “cada vez más sólidas y socialmente aceptadas”.
En este ámbito, destacó el decreto 144/2007 de la comunidad autónoma,
que crea un pone en funcionamiento un registro de mediadores y potencia
los programas de mediación y puntos de encuentro familiar.
El presidente de la Audiencia también apuntó los cambios que
introducirá en la Administración de Justicia la implantación de la
nueva Oficina Judicial, así como la creación de la figura del Fiscal
Superior de la Comunidad Autónoma.
INMIGRACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO
En cuanto a la actividad durante 2006, destacó el esfuerzo realizado en
la atención a la inmigración irregular, que provocó que en la provincia
tinerfeña se incoaran el 80 por ciento de los 32.874 expedientes
iniciados en toda Canarias.
Una situación que tuvo especial incidencia en el partido judicial de
Arona y que supuso la suspensión del resto de la actividad
jurisdiccional en los Juzgados de Instrucción encargados de atender a
estos inmigrantes. No obstante, recordó el refuerzo de estos con un
juez sustituto, un secretario y ocho funcionario, que todavía continúan
en esta labor.
Navarro también destacó la alta incidencia en Canarias de los delitos
de violencia de género, que hace que las Islas sean la tercera
comunidad en denuncias por esta causa, con un índice de 15 mujeres por
cada 10.000 habitantes y que se hayan solicitado durante 2006 unas
1.500 órdenes de protección, de las que se accedió en el 73 por ciento
de los casos.
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