Porque
a la tercera no fue la vencida, otro noviembre más, las organizaciones sociales
de la isla de Tenerife convocan a la ciudadanía a una gran manifestación que
esta vez estará bajo los lemas No a la
destrucción de nuestra tierra y en
defensa del suelo agrícola y del medio ambiente. Como siempre la cita será
a las doce horas en la Plaza de Weyler de la capital tinerfeña el 24 de
noviembre con el habitual recorrido hacia la Plaza de la Candelaria. Si en
estos cuatro largos años de movilizaciones se puede sacar una conclusión es que
una parte relevante de la sociedad canaria se está estructurando a través de
organizaciones sociales de diversa índole para defender los intereses
colectivos en vista de que los gobernantes no sólo no hacen esto sino que son
parte fundamental del problema del fuerte deterioro social, económico y
ambiental que le archipiélago está viviendo desde hace algo más de una década.
Lo que hoy ha impulsado a esta manifestación ha sido las expropiaciones de Los
Rodeos, pero sigue estando el tema del puerto de Granadilla, la segunda pista
del aeropuerto de Sur, la vía exterior, la vía de circunvalación y la falta
adecuada de inversión en sanidad y educación.
Este
hecho no es sólo legítimo sino además necesario teniendo como referencia el
artículo 23.1 de la Constitución de 1978 y que faculta a los ciudadanos para
que participen en los asuntos públicos de manera directa. Cualquier
descalificación desde el poder para que los ciudadanos hagamos uso de este
derecho no es sólo indigna sino además se califica por si misma de
antidemocrática y autoritaria. En todo este tiempo desde el poder se nos ha
llamado
terroristas sociales, por un
ex presidente de autoridad portuaria que se encuentra imputado por cohecho en
la adjudicación de una marina deportiva, los que
decimos a todo no, por un alcalde que se enfrenta a dos
imputaciones también por cohecho y por, por lo visto, decir demasiado que
sí a empresarios, y se nos acusó de no
saber lo qué queremos por un ex presidente de gobierno cuyo teléfono móvil
estaba memorizado en la agenda del empresarios Santiago Santana Cazorla que a
veces le llamaba para saber de
lo suyo.
Negar a la ciudadanía su derecho legítimo a decidir las cosas que más conviene
a la sociedad, más allá del acto ceremonial de depositar un voto ponderado por
el sistema electoral cada cuatro años, no sólo es un contrasentido sino que
demuestra que la mayoría de la clase política es la que no tiene ni idea de lo
que significa la democracia. Paradigma de este estilo de político es Luis
Mardones Sevilla que desde bien entrado el franquismo ocupa cargo público pero
que alega problemas de conciencia para retirarse de la votación de la Ley de la
Memoria Histórica. La misma conciencia, y la misma desmemoria sin duda, que en
1977 le impidió expedientar al policía que asesinó a Javier Quesada en la
Universidad de La Laguna cuando él era gobernador civil.
Este
sistema, que se dice democrático, está deslegitimado no sólo porque sea
ceremonial y no deje que la ciudadanía participe en él o porque exista un
sistema electoral injusto que ya quisieran para sí muchas repúblicas bananeras.
Su deslegitimación proviene del hecho que no podamos saber los ciudadanos la
procedencia del dinero con el que los partidos políticos se financian. ¿Quién
paga los locales donde se reúnen los militantes del PSOE en Canarias y con qué
empresario se ve, siempre que puede, el fraude electoral de Santiago Pérez?
¿Quién le pagó la desorbitada campaña a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife a
Ángel Llanos por el PP para seguir de segundón eterno porque acaso tiene esto
que ver con sus ignorantes declaraciones que hace del puerto de Granadilla?
¿Por qué suenan las siglas de CC cuando hay un alcalde capitalino acusado de
financiación irregular de su partido? ¿Tiene que ver el burdo pelotazo de Las
Teresitas con la cara campaña del CCN, que ostenta el hilarante record de ser
la que más caro ha resultado el voto en las urnas, que tuvo un ridículo
resultado electoral? Hasta que estas cosas no estén claras, y muchas más, no
cabe deslegitimar a las organizaciones sociales, acusándolas, por ejemplo, de
financiarse con un
oro amarillo que
nunca ha existido, sino que es el poder en Canarias el que hace mucho tiempo
que no goza de legitimidad.
La
administración debe ser la encargada de promover que la gente pueda participar
directamente de la política a través de decidir en una parte importante a dónde
tienen que ir destinados los presupuestos. Decir que los ciudadanos cuando
emiten un voto dan un cheque en blanco a los políticos para que ellos decidan
por nosotros no es sólo una falacia sino un acto de mala fe que trata de
encubrir prácticas políticas de dudosa reputación. Los ciudadanos estamos más
capacitados que muchos políticos para saber lo qué queremos. Sólo hay que oír
las patéticas declaraciones del nuevo presidente de la Autoridad Portuaria,
Pedro Rodríguez Zaragoza, sobre el comienzo de las obras del puerto de
Granadilla en el Diario de Avisos para entender esto y comprender que los que
dicen gobernarnos no tienen idea de nada. La democracia real necesita sosiego,
cosa que está reñida con el actual sistema que busca maximizar hasta el más
mínimo segundo, no sólo porque el diálogo que encierra la verdad de las cosas
necesita tiempo para fraguarse sino porque con él se puede garantizar unas
decisiones políticas que tengan
auténtica legitimidad y sean de calidad democrática. Justo lo contrario
de lo que ha estado sucediendo hasta ahora.
Los que
llevamos años vinculados con las organizaciones sociales en Tenerife tenemos
claro desde la primera manifestación del 27 de noviembre de 2004 contra el
puerto de Granadilla que deteniendo esa innecesaria infraestructura no se iban
a terminar los movimientos sociales porque aquél no es un tema aislado. La imposición
del devastador puerto en las costas del Sur de Tenerife es la forma de hacer
política del trile que se esconde detrás de las siglas de PSOE, PP y CC y que
está presente en la mayoría de las decisiones de las grandes infraestructuras.
Es una lucha que tendrá lugar en el tiempo de los ciudadanos que
democráticamente organizados nos hemos visto en la obligación de tratar de
detener la vorágine en la que nuestra sociedad se encuentra metida y que no
acaba más de empezar. No somos radicales ni anti sistema que tratamos de
descomponer todo sino personas sensatas que deseamos que la cordura vuelva a la
política, al sistema económico y a la sociedad. Los verdaderos radicales, los
completos anti sistema, son los que buscan destruir todo para su beneficio sin
pensar en el futuro y se encuentran amparados por las siglas de PSOE, PP y CC.
Ellos son los del
no, los auténticos
terroristas ambientales y los que no se
enteran de nada.
Visita "Me tienen frito"
http://metienenfrito.blogspot.com
También
"El País Frito"
http://lacomunidad.elpais.com/paisfrito
