Así lo indicaron el vocal de Inclusión Social de MDM Canarias,
Carlos Arroyo y la responsable de Movilización social, Oihana Merino,
en una rueda de prensa para presentar el Informe del Observatorio
Europeo de acceso a los sistemas sanitarios, que indica que en España
sólo tienen acceso efectivo a la sanidad pública el 38 por ciento de
los inmigrantes que no tiene su situación regularizada.
Ante esta situación, Médicos del Mundo realizó durante 2006 más de
3.000 consultas y atendió a más de 700 inmigrantes en situación
irregular en Tenerife que no podían acceder a la sanidad pública por
carecer de la tarjeta sanitaria, un trámite en el que se tarda un
mínimo de tres meses, aunque se ha llegado al año y medio de espera. En
lo que va de año han atendido a unas 500 personas en esta misma
situación.
Arroyo precisó que Canarias es de las peores comunidades en la atención
sanitaria a los inmigrantes irregulares, ya que se tarda entre tres
meses y un año y medio en obtener la atención efectiva, mientras que en
otras comunidades como Valencia o Andalucía ésta se da desde el primer
momento en que el inmigrante acude al servicio.
Los representantes de Médicos del Mundo denunciaron que el estado de
salud de los inmigrantes no se tiene en cuenta a la hora de los
procesos de repatriación, de manera que hay personas gravemente
enfermas que están siendo expulsadas "sin ningún tipo de miramiento" y
las autoridades están "haciendo la vista de lado" en casos en los que
les consta que estas personas no van a poder recibir tratamiento en sus
países de origen.
Carlos Arroyo indicó que las 31.000 personas sobre las que recayó
órdenes de expulsión en Canarias durante 2006, han tenido conocimiento
de muchos casos de internos en los centros del Archipiélago a los que
se les ha repatriado sin tener en cuenta su estado de salud, y han sido
devueltos a sus países de origen pese a presentar Hepatitis A o B, SIDA
o sífilis. Entre estos, citó más de 30 casos de internos con sífilis
que no se trataron y fueron repatriados a Senegal.
Además, indicaron que se continúan haciendo las extracciones de sangre
sin pedir la autorización de los internos, como ya denunciaron ocurría
hace un años en el Centro provisional de internamiento de Las Raíces,
por parte del Sindicato Unificado de Policía. Arroyo precisó que estas
pruebas del VIH requieren una autorización de la persona, que no se les
pidió y recordó que la situación fue denunciada en el Parlamento
Europeo y "no se ha hecho caso".
Carlos Arroyo precisó que estas pruebas se continúan haciendo sin
permiso de los internos e indicó que las está haciendo un laboratorio
privado concertado o autorizado por la Delegación del Gobierno, que
recordaron no se ha pronunciado sobre la finalidad de las pruebas.
Los representantes de Médicos del Mundo indicaron que sospechan que se
están realizando para proteger a los agentes policiales que están
custodiando a estas personas y lamentaron que estos datos no sean
tenidos en cuenta a la hora de la expulsión y se hayan expulsado a
personas con SIDA o Hepatitis B, que tienen que ser notificados a Salud
Pública no obliga la legislación.
Arroyo también indicó que no es cierto que haya más prevalencia de SIDA
entre los inmigrantes y desmintió que traigan enfermedades contagiosas
que puedan afectar a la población canaria.
También rebatió las afirmaciones de que es la presión inmigratoria la
que causa el colapso en los servicios sanitarios, dijo que el Servicio
Canario de Salud ya tenía "un colapso histórico" antes del fenómeno de
la inmigración y lamentó que se "estigmatice" a este colectivo y se
"les eche la culpa" de la sobrecarga de los servicios sanitarios, y
finalmente sean estas personas las que sufren las consecuencias de esta
situación porque parece que ante la saturación "parece que el negrito
es el más fácil de darle el alta", afirmó.
"Hay cosas por solucionar y no vemos que haya ningún empeño", mientras
que las políticas que vienen preocupan, aseguró Arroyo, en referencia a
la proposición de ley que actualmente se tramita en el Senado, a
propuesta de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), que, entre
otros puntos, propone la supresión del empadronamiento de aquellas
personas que carezcan de documentación. Una situación que implica que
no puedan acceder a un centro de salud, porque desde que una persona no
se pueda empadronar se le niega el acceso a la sanidad pública.
También critican otras propuestas de esa medida legislativa como la
supresión de residencia temporal por arraigo, el que la propia
expulsión se plantee como un castigo más, el incremento del número de
años necesarios para solicitar la nacionalidad del conyuge extranjero o
más dificultades para otorgar la nacionalidad o aumentar de 40 a 60
días la estancia máxima en los centros de extranjeros.
Además, recordaro la reciente aprobación de una norma que crea juzgados
de extranjería para atender situaciones ocurridas en aguas
internacionales y que equipara el delito de tráfico de personas con el
genocido, el terrorismo o la explotación sexual.
Arroyo reconoció que esta medida se destina a los patrones de los
llamados barcos negreros, pero advirtió de que también se aplicará a
los cayucos, en lo que aseguró no van ni patronos ni están orgnaizados
por mafias.
