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Esta medida de presión comenzará el próximo martes, 22 de enero, cuando los trabajadores de los distintos centros asistenciales de las Islas pararán su actividad entre las 8:00 y las 10:00 horas para concentrarse en sus puertas, y se repetirá en los mismos términos los días 24, 29 y 31 de este mes. La evolución en la intensidad de las movilizaciones dependerá de “si continúa la actitud hermética y de ausencia absoluta de voluntad negociadora de la consejera”, a la que desmintieron rotundamente sus afirmaciones sobre “contactos continuos”.
No obstante, según indicó María García Saavedra, en representación de UGT, hoy mismo han remitido un escrito a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Mercedes Roldós, en el que se comprometen a aplazar las medidas de presión si accede a replantearse el diálogo “con muestras de rigor y propósitos serios”.
Los sindicatos comienzan de esta forma la huelga, con el objetivo de que cause “el menor impacto posible” a la prestación de servicios, al tiempo que critican los servicios mínimos establecidos, que obligan a trabajar a “más personal que el habitual en cada servicio, cuando la plantilla debería equivaler a la de un domingo o festivo”. Además, la medida se establece, según Pablo Jerez, de IC, “como si las jornadas de huelga fueran de 24 horas, en lugar de dos”.
Por otro lado, Jaime Bethencourt, de IC, confirmó que se están produciendo contactos intersectoriales dentro de las centrales sindicales para valorar la posibilidad de hacer convocatorias de protestas conjuntas hasta llegar a una huelga de los servicios públicos esenciales, “frente al discurso del ‘no hay dinero y la culpa es de Madrid’, pese a que las circunstancias son diferentes”.
Entre las protestas de los trabajadores de la sanidad pública canaria, destacan las plantillas escasas, las contrataciones irregulares, la “administración caótica”, la “nula incentivación”, gestión opaca y bajos salarios que, a su juicio, caracteriza la acción del Gobierno en la materia, algo que incluso insinuaron que es intencionado, pues, según la argumentación de Bethencourt, “mantener las deficiencias en el sistema público es la forma de mantener económicamente a sus amigos del privado”.
En esta línea, sostuvo que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma destinan 435 millones de euros para servicios concertados con empresas privadas y “luego dicen que no hay dinero para la pública, donde el nivel asistencial es tan escandaloso que en muchos casos lleva a la muerte del paciente”.
Así, Bethencourt recordó que la huelga afecta a 21.000 trabajadores del Archipiélago y a los usuarios, que “sufren la incapacidad de mantener el nivel asistencial básico a causa de una gestión disparatada”. Como ejemplo, explicó que mientras se sigue incorporando al sistema técnicas de la máxima tecnología –lo cual consideró en sí mismo positivo- “se tarda meses en reparar algo tan fundamental como un mamógrafo”. Por ello, García apeló a la solidaridad de los ciudadanos “que no tienen otra forma de quejarse” por las deficiencias que sufren.
Los sindicalistas aseguraron que el plante de “todos los colectivos profesionales del sistema sanitario público no es una mera cuestión salarial”, lo que a su juicio demuestra el hecho de que por primera vez todos estén de acuerdo en una protesta global, que persigue el ordenamiento de los recursos humanos y un replanteamiento del SCS, además del reconocimiento de los derechos de los trabajadores. En este punto, García aclaró que, en contra de “las declaraciones de la consejera para dar a entender que hay categorías que no apoyan la huelga, todos los colectivos profesionales están legítimamente representados en los sindicatos convocantes”. En esta línea, reiteró que, pese a que el Sindicato de Médicos se ha desmarcado, de momento, de la convocatoria, los facultativos la secundarán desde otras centrales.
Sobre la comparecencia parlamentaria de Roldós en el último pleno, en que aseguraba que se había dado cumplimiento a los acuerdos alcanzados en la Mesa Sectorial de febrero de 2007, los representantes de los trabajadores aseguraron que no se están materializando, a pesar de que debían estar implantados desde noviembre del pasado año. Explicaron, en este sentido, que la reducción de la jornada laboral a 35 horas “sólo está en el papel, porque no se ha incrementado la plantilla para cubrir el trabajo que se dejaría de hacer”. Además, Pablo Jerez dijo que “el gasto de 161 millones de euros en incremento retributivo que la consejera expuso en el Parlamento es mentira; es la suma de una serie de compromisos anteriores a febrero de 2007, que no se materializa porque al entrar en las medidas concretas, como trienios y otras compensaciones, nunca sabe nada y todo lo tiene que consultar”.
María García resumió que la consejera está haciendo “un esfuerzo por intentar cumplir formalmente los acuerdos de cara a las elecciones de marzo, como la convocatoria de las mesas de trabajo, pero no llevan datos ni propuestas a las reuniones”. De hecho, según denunció Jerez, “no conseguimos que nos aporten los datos que hemos solicitado reiteradamente sobre las plantillas y las partidas presupuestarias para sus retribuciones, porque no se quieren coger las manos dándonos información contrastable con la que podamos valorar si hay o no dinero, que es la respuesta de siempre”.
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