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Canarias/ La consejera de Bienestar Social, Juventud y
Vivienda del Gobierno canario, Inés Rojas, indicó hoy que los equipos
profesionales han valorado a más de 6.000 personas en Canarias para la
aplicación de la ley de dependencia y se han identificado a 1.113
grandes dependientes.
Rojas, en respuesta a una pregunta del PSOE sobre las ayudas a
asociaciones que atienden a personas dependientes, precisó que el
Ejecutivo canario "sí cree en la ley de dependencia" y precisó que se
han habilitado más de 5.500 plazas para la atención a las personas
dependientes y en este año se prevé crear otras 1.015.
La consejera indicó que, frente a otras acciones como las ayudas y
conforme a lo previsto por la norma, se ha dado prioridad a la dotación
de recursos y profesionales para la atención a las personas
dependientes.
Frente a las críticas de la diputada socialista, Rosa Guadalupe Jerez,
la consejera consideró que el Estado debía haber puesto la financiación
suficiente, y recordó que mientras el Gobierno canario tiene previsto
destinar en los presupuestos de este año 115 millones para la
aplicación de la ley de dependencia, el convenio suscrito con el Estado
sólo aporta 7 millones de euros.
No obstante, Rojas reconoció que no le hecha la culpa al Estado “aunque
podría hacerlo”, ya que recordó que CC respaldó la aprobación de la Ley
de Dependencia, una norma que contó con el apoyo de las comunidades
autónomas, quienes sin advirtieron al Gobierno central que no era el
mejor momento para ponerla en marcha.
En cuanto a los desajustes denunciados por el PSC, la consejera recordó
que el Estado no ha terminado del reglamento de esta ley, que se aprobó
en enero de 2007 y entró en vigor en abril, justo unas semanas antes de
las elecciones autonómicas y del consiguiente cambio en el Ejecutivo.
No obstante, precisó que incluso con esta situación, el anterior equipo
de la consejería articuló algunas acciones necesarias y dispuso un
equipo de 64 profesionales para valorar a las personas dependientes y
Canarias con unas 6.000 personas atendidas se convirtió en la cuarta
comunidad en valoraciones.
La diputada del PSOE, Rosa Guadalupe Jérez, denunció que las
asociaciones y ayuntamientos que trabajan con personas dependientes
dejen de percibir las ayudas previstas en la norma, lo que hace que
“sobrevivan malamente”, pero precisó que no es por falta de dinero, ya
que recordó que desde 2006 el Gobierno canario está recibiendo
financiación para esas ayudas.
Así, indicó que hay una “gran descoordinación y una continua
improvisación” por parte de la Consejería en la puesta en marcha de
esta actividad, en la que no se tiene en cuenta la realidad social ni
los recursos disponibles.
Por ello, la diputada socialista indicó que en Canarias esta norma está
teniendo una escasa repercusión en estas personas dependientes y las
familias y rechazó el argumento del Gobierno canario de echar la culpa
la tiene al Estado porque no destina suficientes recursos.
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