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Canarias/ El pleno del parlamento rechazó hoy, con los votos
en contra de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), la enmienda
a la totalidad al Proyecto de Ley para la creación de la Policía
Canaria, presentada por los socialistas al entender que es
“inconstitucional, supone un despilfarro para las arcas públicas y no
representa al interés general”. Los grupos que sustentan al Gobierno
canario (CC y PP) aseguraron que el texto se ajusta a la legalidad
vigente y indicaron que responde a una necesidad “objetiva” de mejorar
la seguridad.
El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José
Miguel Ruano, justificó la creación de un cuerpo de seguridad
autonómico en que los canarios demandan “más y mejor” seguridad, y
aseguró que el modelo elegido es de “integración, no de competencia”.
Ruano agradeció la labor desarrollada por los profesionales de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aseguró que el nuevo cuerpo
policial no supondrá “la sustitución de nadie”, e instó al Estado a que
cumpla los compromisos sobre los catálogos de agentes en las Islas y a
apostar por un modelo de seguridad integrado.
El compromiso del Gobierno de Canarias es financiar, con fondos
propios, un despliegue de hasta 300 efectivos y que el Gobierno central
participe en la financiación del resto de efectivos, hasta alcanzar la
cifra de 1.700 agentes en su despliegue total, explicó Ruano, quien
remarcó que Canarias tiene derecho a recibir recursos del Estado como
sucede con otras comunidades autónomas.
El despliegue territorial de los agentes de la policía autonómica
comenzará por Lanzarote y Fuerteventura, dado que son las más afectadas
por el incremento poblacional, agregó Ruano.
Tras destacar que el proyecto de ley servirá al fortalecimiento del
papel de las policías locales, con la dotación de más medios materiales
y el fomento de la formación, el consejero de Presidencia aseguró que
el Ejecutivo canario “no puede admitir” el constante incremento de las
tasas de delitos que acredita la memoria del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias (TSJC).
Ruano dijo que la iniciativa parte de que el Gobierno autónomo “es el
de las personas, y sostuvo que invertir en la mejora de la seguridad no
está reñido con ninguna otra política social.
Enfatizó que a más policía más seguridad y defendió la coordinación y
la colaboración recíproca con otros cuerpos de policía en base a la
lealtad constitucional.
El modelo de seguridad pública, dijo, se perfila en tres niveles, en el
que la prevención se debe realizar a través del fortalecimiento de la
formación de los policías locales, la respuesta inmediata policial
frente al delito o tentativa, a cargo de la policía canaria y la
investigación criminalística por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, fundamentales para la lucha contra el crimen organizado.
Destacó la creación de una Junta Autonómica de Seguridad, incluida en
el proyecto de ley, como instrumento de coordinación con las policías
estatales, y defendió un modelo de seguridad canario “moderno,
integrado y complementario” que, apostilló, “no se opone a nadie”.
ENMIENDA A LA TOTALIDAD
El portavoz del grupo socialista, Francisco Hernández Spínola, defendió
la enmienda a la totalidad presentada por su grupo para la devolución
del proyecto de ley, al considerar que no es necesaria la policía
canaria. Spínola afirmó que supondrá un despilfarro de las arcas
públicas y recalcó que los canarios no tienen que pagar los caprichos
de CC y PP.
Argumentó que el proyecto contraviene la Constitución y recalcó que con
esta iniciativa, la primera que presenta el Gobierno en la presente
legislatura, se está mandando un mensaje a la sociedad de que “no
importan los problemas sociales”, lo que consideró “vergonzoso”.
Sostuvo que no existe un acuerdo político o social básico para sacar
adelante este proyecto, y recalcó que lo que quieren los ciudadanos es
que se mejoren los servicios públicos esenciales, “de los que el
Gobierno no se ocupa”.
“El proyecto de ley tiene que ver poco con el interés general y mucho
con el particular y con la política clientelar del Gobierno canario”,
agregó Spínola, quien puso en cuestión que con 300 agentes se vaya a
mejorar la seguridad. “Lo único claro es que va a costar, de momento,
18 millones de euros y se llegará a los 150 millones con el despliegue
total”, apostilló.
Acusó al Gobierno de crear alarma social para justificar la creación
del cuerpo autonómico, y aseguró que la seguridad canaria ha mejorado
en los últimos años y debe seguir haciéndolo y no tolerar que se rompa
la dinámica favorable “con propuestas disparatadas”.
La tasa de criminalidad en España pone de manifiesto que se ha rebajado
en seis puntos desde 2004 y en Canarias es inferior a la media
nacional, afirmó.
Sostuvo que el proyecto cuenta con el aval del PP y alertó de la
“incoherencia de los populares, “que se ha opuesto por dos ves a este
proyecto y ahora lo apoya por estar en el poder”. Spínola preguntó que
si tan beneficiosa es para los ciudadanos por qué ninguna comunidad
autónoma gobernada por el PP tiene policía autónoma.
RÉPLICAS DE CC Y PP
José Miguel González, portavoz de Coalición Canaria (CC), criticó la
enmienda socialista por su “falta de fundamento”, dijo que la propuesta
está mal hecha, y acusó a los socialistas de intentar desviar la
atención debido a la proximidad de los comicios generales.
González negó que la ley sea inconstitucional, según ha argumentado el
Consejo Consultivo de Canarias, e hizo alusión a un estudio realizado
por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la que, apuntó,
refleja la preocupación de los ciudadanos por la seguridad.
La portavoz del Partido Popular (PP), María Australia Navarro, destacó
que el proyecto parte con las bendiciones del Consejo Consultivo de
Canarias, y recalcó que se ajusta a la Constitución, al Estatuto de
Autonomía y a la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Pública.
Navarro dijo que la policía canaria cuenta con el respaldo mayoritario
del Parlamento y de la sociedad canaria ante una necesidad “objetiva”,
a la que el “insensible” Gobierno de Zapatero da la espalda.
Tras asegurar que el proyecto de ley representa un “ejercicio de rigor
político”, Navarro subrayó la escasez de policías nacionales y guardias
civiles, suplida por los agentes de las policías locales, y enfatizó
que la tasa de criminalidad ha aumentado “espectacularmente” desde 2004.
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