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Tenerife/ El PSC-PSOE de Santa Cruz de Tenerife ha hecho
efectivo hoy su anuncio de presentar sendas denuncias ante la Fiscalía
Anticorrupción y la Fiscalía de Medio Ambiente para exigir la
paralización cautelar de todas las obras que se vienen ejecutando
actualmente en la playa de Las Teresitas.
Los socialistas defienden la paralización de las obras por un principio
de seguridad jurídica y para evitar la teoría de “hechos consumados”,
que dificultarían la ejecución de una posible futura sentencia que
determinara la irregularidad y demolición de las obras.
El PSC-PSOE también expresó hoy su respaldo “rotundo y unánime” a la
manifestación convocada para el próximo domingo 24 de febrero por la
organización Asamblea por Tenerife en rechazo de todas las actuaciones
desarrolladas en Las Teresitas.
Así lo indicaron hoy en rueda de prensa, el secretario general del
PSC-PSOE en Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Corrales, los
portavoces del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento
capitalino, Gloria Rivero y José Ángel Martín, el presidente del grupo
Socialista en el Cabildo tinerfeño, Santiago Pérez, y la diputada
regional socialista y encargada de la tramitación de las denuncias,
Gloria Gutiérrez.
Los socialistas insistieron en que “lo más lógico y lo que el sentido
común impone” es paralizar unas obras que se están desarrollando en
medio de “semejante lío jurídico” sobre los terrenos. Frente a ello,
consideraron que el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, lo que
pretende es ejecutar las obras “a todo correr” para luego argumentar la
inviabilidad de ejecutar una posible decisión de los tribunales
contraria a esas edificaciones.
La primera de las denuncias presentadas hoy se dirige a la Fiscalía
Anticorrupción, a quien se solicita que, en el marco de la
investigación aparejada a la querella presentada por este órgano
judicial sobre el ‘caso Las Teresitas’, adopte las medidas para la
paralización cautelar de las obras.
En concreto, se solicita la paralización de las obras del edificio de
aparcamientos y área comercial que el Ayuntamiento de Santa Cruz está
ejecutando al inicio de la playa, en los terrenos que ocupaba el campo
de fútbol de San Andrés.
En consonancia con ello, reclama que se libre oficio a la Guardia Civil
de la capital tinerfeña para que proceda a la paralización de los
trabajos y el precinto y vigilancia de las construcciones realizadas.
Asimismo, solicita que se requiera al Ayuntamiento que se abstenga de
realizad obras, “cualquiera que sea su índole o características”, en el
frente de la playa de Las Teresitas.
Gutiérrez indicó que esta petición, al estar enmarcada en la querella
presentada por la Fiscalía y que afecta a todo el Plan Parcial sobre
Las Teresitas, también tendría repercusión sobre las obras que
actualmente se vienen realizando en algunas de las parcelas de Valle
las Huertas.
ARGUMENTOS JURÍDICOS
Entre los argumentos dados a las Fiscalía Anticorrupción para exigir la
paralización, el PSOE recuerda el requerimiento hecho por la Dirección
General de Costas al Ayuntamiento el 21 de diciembre en la que le
recomendaba “muy especialmente” que no iniciara las obras en el módulo
de aparcamientos de la playa, porque carecía de autorización para
efectuar una edificación que afectaba al dominio público marítimo
terrestre.
Una petición que el Consistorio no ha atendido y de la que los socialistas adjuntan documentación fotográfica.
De hecho, Gutiérrez indicó que “falta un metro y medio” para que las
obras invadan la zona de dominio público y precisó que diariamente un
inspector de obra de Costas supervisa que los trabajos no traspasen esa
zona, lo que supondría la inmediata paralización de las obras.
En la denuncia, el PSOE también precisa que los terrenos donde se ubica
la construcción denunciada se encuentran afectados por la sentencia del
Tribunal Supremo que anulaba el contrato de compraventa realizado en
2001 por el que el Consistorio adquirió los terrenos del frente de
playa a Inversiones Las Teresitas S.L.
Asimismo, advierten de la modificación del proyecto inicial contenido
en el convenio urbanístico del ámbito del Plan Parcial, que preveía la
construcción de un viario para la descongestión de la zona.
OBRAS "A METRO Y MEDIO" DEL DOMINIO PÚBLICO
Los socialistas consideran que la desobediencia a la petición de Costas
pone de manifiesto la intención del Ayuntamiento de intentar eludir la
acción de la justicia en una “huida hacia adelante” para aplicar la
teoría de hechos consumados y evitar, con el argumento de la
inviabilidad de ejecución, los efectos de una posible sentencia
condenatoria en el futuro.
En cuanto a la denuncia presentada ante la Fiscalía de Medio Ambiente,
Gutiérrez indicó que se entiende que se ha cometido un atentado y
delito contra el patrimonio público y que se trata de obras que afectan
en una parte al dominio público –en la que todavía no se han iniciado
los trabajos- y que carecen del preceptivo informe de impacto ambiental
del Gobierno canario en las que ya se vienen ejecutando en la zona de
servidumbre.
La portavoz del PSC en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, Gloria
Rivero, insistió en que con esta acción se pretende evitar la política
de hechos consumados que pretende el Consistorio, que busca “la
triquiñuela” de no ejecutar las sentencias. Una acción que aseguró que
pretendió con el incidente de inejecución presentado ante la sentencia
del TS que declara nulo el convenio de compraventa de los terrenos.
La portavoz socialista pidió al alcalde, Miguel Zerolo, que cumpla la
sentencia del TS, que dijo obliga al Consistorio “a devolver a las
arcas municipales los 8.500 millones de las antiguas pesetas que pagó
por los terrenos del frente de playa”. Al tiempo, consideró como
“bastante cuestionable” la resolución dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias (TSJC) que dictamina la realización de una
nueva operación de tasación para la adquisición de los terrenos como la
fórmula para ejecutar la sentencia del TS.
"OPERACIÓN CON DISEÑO PREVIO"
Con todo, el PSC también insistió en que toda la “operación de Las
Teresitas corresponde a un diseño previo en el que hubo un gran
acuerdo”, según afirmó Santiago Pérez, quien consideró que se trata de
una “concentración de intereses que pone al descubierto como opera este
régimen político –en referencia a ATI-CC”.
Los socialistas también volvieron a pedir explicaciones al Partido
Popular (PP) sobre su actuación en este asunto, que recordaron es el
partido que sustenta actualmente en la alcaldía a Miguel Zerolo, quien
en su la declaración ante la juez apunta al entonces responsable de
Urbanismo, Pablo Matos (PP) como quien el informó de toda la situación
y valoración de los terrenos del frente de playa, precisó José Manuel
Corrales.
Cuestionados sobre la posibilidad de que Zerolo iniciara acciones
legales contra quienes le sitúan como “cabecilla de esta conspiración”,
Santiago Pérez afirmó que estaría “encantado de que lo hiciera”, ya que
ante esta situación el derecho da la posibilidad de demostrar esa
afirmación a quienes la han hecho “y en esa fase no divertiríamos todos
muchísimo”, sentenció.
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