Tenerife/ Asi lo ha anunciado el portavoz del Grupo Socialista en el
Ayuntamiento de La Laguna,
Gustavo Matos, en una rueda de prensa en la que han informado de las novedades
en este caso. Y es que el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento
ante el Ttibunal Superior de Justicia de Canarias, ha sido finalmente
desestimado, por lo que se tendrá que llevar a cabo la sentencia. Matos ha
dicho que su partido a nivel regional interpondrá una denuncia ante la fiscalía
especial para la persecución de delitos económicos, tráfico de influencias y
corrupción, porque según indicó, hay indicios de que se han cometido algunas
infracciones de tipo penal.
Matos realizó esta afirmación tras conocer la providencia
emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en la que
rechaza y no admite a trámite los recursos de casación interpuestos por el
consistorio lagunero y Alcampo para unificación de doctrina, en relación a la
ilegalidad de las licencias de apertura.
Con este veredicto, notificado el 25 de febrero, la justicia desestima ambos
recursos y se ratifica en la sentencia dictada anteriormente en la que declaró
ilegal en segunda instancia la ampliación de la galería comercial de Alcampo.
Matos exigió que CC y la alcaldesa de La Laguna, Ana Oramas, cumplan, ya que cuando la
justicia declara ilegales las licencias de ampliación "toca cumplir con la
legalidad". Además añadió que Oramas como alcaldesa de La Laguna y presidenta del
consejo de Urbanismo "debe tomar las riendas del asunto y cumplir con las
resoluciones de la justicia".
El portavoz socialista recalcó que las licencias otorgadas por silencio
administrativo "no pasaban ni el más mínimo filtro procesal", con lo
que "CC se empeña con no cumplir con la sentencia del TSJC", y
demuestra que en el pleno monográfico "nos engañaron la alcaldesa, Ana
Oramas, y el concejal de Urbanismo, Fernando Clavijo", precisó.
Además, Matos exigió que Clavijo pida disculpas a los pequeños y medianos
empresarios, así como que CC pague los gastos de abogados y depure todo tipo de
responsabilidades políticas, e incluso que vaya a los juzgados y presente una
querella.
El concejal responsable de Urbanismo, Fernando Clavijo señaló en el pleno
monográfico celebrado sobre esta cuestión en enero que las licencias otorgadas
por silencio administrativo "no exceden ni en edificabilidad ni en
ocupación", por lo que no se tendría que demoler ni cerrar la galería comercial.
Sin embargo, otra cuestión es la referida al uso comercial que "podría ser
susceptible de ser cambiado".
