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La Laguna/ El Partido Socialista canario ultima los detalles de una denuncia que en los
próximos días presentará ante la Fiscalía Anticorrupción para poner en
conocimiento de ésta los hechos que rodean a la ampliación ilegal de Alcampo.
Entienden que existen indicios que permiten suponer que en la concesión de la
licencia se pudieron cometer infracciones de tipo penal, que tal y como apunta
el concejal socialista lagunero Gustavo Matos, podría equipararse al pelotazo de
Las Teresitas, “por la repercusión económica que ha tenido y la que podrá tener,
por el desprecio del cumplimiento de las normas, la preocupación y la velocidad
con que se dio la licencia”.
Afirma Matos que la larga batalla judicial iniciada por el
grupo de gobierno de la corporación, a pesar de la contundencia de la sentencia
del TSJC, resulta “un poco ridícula, con cargo al dinero de todos los ciudadanos
y para evitar el cumplimiento de la sentencia”.
Recuerda que hace menos de un mes que tuvo lugar un pleno
monográfico sobre la ampliación de Alcampo y la sentencia, el que asegura que
tanto Ana Oramas como Fernando Clavijo aseveraron que cabía aún el recurso de
casación, “que estuviéramos tranquilos, que no tuviéramos prisa...”. El equipo
de gobierno afirmó entonces con rotundidad que existían unos informes jurídicos
elaborados por técnicos del propio Ayuntamiento, que avalaban la interposición
del recurso de casación. “Dijimos en varias ocasiones que era imposible, que no
había técnico ni jurista es este mundo que firmase un documento según el cual el
recurso de casación tuviera alguna posibilidad de prosperar”, cuenta Matos.
“Hemos vuelto a comprobar cómo nos han mentido”, dice, “porque
no existía ningún informe”. A su juicio, lo que ha ocurrido es que la
“obstinación” y el “obcecamiento” de CC de no cumplir la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias “les ha llevado a hacer el ridículo en los
tribunales, a ir de la mano de una empresa privada, en contra de los intereses
públicos”. Asimismo, entiende que el grupo de gobierno debería pedir disculpas
a los vecinos de La Laguna y devolver el dinero que ha costado el bufete de
abogados externo al consistorio que se ha contratado para la interposición y
finalización de este recurso.
“Ha llegado la hora de exigir responsabilidades”, concluye el
concejal socialista; “no puede ser que se haya concedido una licencia ilegal,
por silencio administrativo, y que aquí no pase nada”.
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