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Canarias/
Ante las pretensiones del
Gobierno de Canarias, manifestadas por su Director General de Comercio, Arturo
Cabrera, de "abrir la mano" para la llegada de más grandes superficies al
Archipiélago y en especial al Sur de Tenerife, de Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura, así como de tiendas de descuento duro y de venta de saldos,
aprovechando, para ello, la transposición de la Directiva Europea
de Servicios, CORECO no descarta la convocatoria de una paro patronal del
comercio en las siete islas.
En un comunicado manifiesta que
se han dado varias posturas sobre las pretensiones del Gobierno regional como
la manifestada por las grandes superficies y cadenas de supermercados, que
aplauden esta intención, así como la manifestada, en medios de comunicación, por
representantes de las Confederaciones provinciales de las dos provincias, que
es la de asumir que todo está decidido y tirar la toalla. También por entidades
cercanas al Gobierno como Fauca, que ante esta amenaza pide más subvenciones.
Desde la Patronal Regional, se va
a luchar hasta el final por defender a los más de 35.000 comercios de Canarias
y alrededor de los 145.000 empleos que
mantiene, señala el comunicado agregando que la aplicación de esta Directiva va
a decidir, literalmente, el futuro de la actividad comercial en Canarias.
Entiende CORECO que existen
cuatro intereses en juego en posibilitar la instalación de más grandes
superficies: el del comercio canario, que es la supervivencia, el de los
consumidores, que desean la mayor diversidad en la oferta comercial y por lo
tanto, que no se concentre la oferta en unas pocas firmas, el de las grandes
superficies y el de los promotores inmobiliarios, que es el mismo, que se
posibilite la llegada masiva de estas formas comerciales.
"Lo que es evidente es que el
Gobierno de Canarias con su postura, no está defendiendo los intereses de los
comerciantes, ni de los consumidores canarios, siendo conveniente que explique entonces
que intereses defiende", destacan.
La
Directiva Europea
La Directiva no obliga a
cambiar la legislación, sino a revisarla y los límites de la actual legislación
comercial de canarias, que contaron con el total consenso de todos los agentes
económicos y sociales, además de todas las fuerzas políticas, no son
discriminatorios y están justificados en la condición de Región
Ultraperiférica, en los intereses del consumidor y del mantenimiento del
empleo.
Aseguran que el Gobierno de
Canarias utiliza la Directiva
como excusa para introducir más grandes superficies, y que "ningún
malintencionado entienda que es un ataque al Gobierno, dado que es lo
contrario, una defensa del sector a la que estamos obligados".
Un frente común para la defensa de la actividad comercial en Canarias
En las próximas semanas, CORECO se
reunirá con representantes de sindicatos, otras organizaciones empresariales y
de consumidores con la intención de formar un frente común de los agentes
económicos y sociales afectados por las pretensiones del Gobierno de Canarias, dado
que se atentaría contra la diversidad de la oferta comercial y el empleo.
En principio no se descarta
ninguna medida: la información personalizada a todos los comerciantes y
empleados de comercio, concentraciones de protesta y hasta un paro patronal.
Otras Comunidades Autónomas
Desde CORECO se contempla con
sana envidia "a nuestros compañeros comerciantes Catalanes, del País Vasco o de
Baleares, entre otros, que se han visto amparados por sus respectivos gobiernos
autonómicos para defender el tejido comercial en sus territorios, con ocasión
de esta Directiva".
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