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Tenerife/ El Gobierno de Canarias utiliza la Directiva como excusa para introducir más grandes
superficies. En las próximas semanas, CORECO se reunirá
con representantes de sindicatos, otras organizaciones empresariales y de
consumidores para formar un frente común. No se descarta la convocatoria de un Paro
Patronal del Comercio en las siete Islas. Ante
las pretensiones del Gobierno de Canarias, manifestadas por su Director General
de Comercio, Arturo Cabrera, de “abrir la mano” para la llegada de más grandes
superficies al Archipiélago y en especial al Sur de Tenerife, de Gran Canaria,
Lanzarote y Fuerteventura, así como de tiendas de descuento duro y de venta de
saldos, aprovechando, para ello, la transposición de la
Directiva Europea de Servicios, se han dado
varias posturas:
La
manifestada por las grandes superficies y cadenas de supermercados, que
aplauden esta intención.
La
manifestada, en medios de comunicación, por representantes de las
Confederaciones provinciales de las dos provincias, que es la de asumir que
todo está decidido y tirar la toalla.
La
manifestada por entidades cercanas al Gobierno como Fauca, que ante esta amenaza
pide más subvenciones.
La
de nuestra Patronal Regional, que va a luchar hasta el final por defender a los
más de 35.000 comercios de Canarias y alrededor de los 145.000 empleos que mantiene.
La
aplicación de esta Directiva va a decidir, literalmente, el futuro de la
actividad comercial en Canarias. Estamos ante el ser o no ser del comercio, tal
como lo entendemos.
Desde
CORECO entendemos que existen cuatro
intereses en juego en posibilitar la instalación de más grandes superficies: el
del comercio canario, que es la supervivencia, el de los consumidores, que
desean la mayor diversidad en la oferta comercial y por lo tanto, que no se
concentre la oferta en unas pocas firmas, el de las grandes superficies y el de
los promotores inmobiliarios, que es el mismo, que se posibilite la llegada
masiva de estas formas comerciales.
Lo
que es evidente es que el Gobierno de Canarias con su postura, no está
defendiendo los intereses de los comerciantes, ni de los consumidores canarios,
siendo conveniente que explique entonces que intereses defiende.
La Directiva Europea
La Directiva no obliga a cambiar la
legislación, sino a revisarla y los límites de la actual legislación comercial
de canarias, que contaron con el total consenso de todos los agentes económicos
y sociales, además de todas las fuerzas políticas, no son discriminatorios y
están justificados en la condición de Región Ultraperiférica, en los intereses
del consumidor y del mantenimiento del empleo.
El
Gobierno de Canarias utiliza la Directiva
como excusa para introducir más grandes superficies.
Y
que ningún malintencionado entienda que es un ataque al Gobierno, dado que es
lo contrario, una defensa del sector a la que estamos obligados.
Un frente común para la defensa de la
actividad comercial en Canarias
En
las próximas semanas, se reunirá con representantes de sindicatos, otras
organizaciones empresariales y de consumidores con la intención de formar un
frente común de los agentes económicos y sociales afectados por las
pretensiones del Gobierno de Canarias, dado que se atentaría contra la
diversidad de la oferta comercial y el empleo.
En
principio no se descarta ninguna medida: la información personalizada a todos
los comerciantes y empleados de comercio, concentraciones de protesta y hasta
un paro patronal.
Otras Comunidades Autónomas
Desde
CORECO se contempla con sana envidia a nuestros compañeros comerciantes
Catalanes, del País Vasco o de Baleares, entre otros, que se han visto
amparados por sus respectivos gobiernos autonómicos para defender el tejido
comercial en sus territorios, con ocasión de esta Directiva.
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