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Tenerife/ "Unión, Progreso y Democracia (UPyD)" ha expresado
su "absoluto rechazo al Plan de Empleo para Residentes, aprobado
recientemente por el Gobierno de Canarias, ya que dicho instrumento
introduce un conjunto de medidas claramente discriminatorias".
Así lo recoge un manifiesto de esta formación política leído hoy por su
candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz
de Tenerife, Borja Carriegas, frente a la sede de Presidencia del
Gobierno en la capital tinerfeña.
En su escrito UPyD opina que el "Gobierno de Canarias utiliza a la
inmigración como un chivo expiatorio de su propia ineficacia en materia
de empleo".
Por ello, este partido político apuesta por una estrategia consensuada
con los sindicatos que se centre en la "formación" y el trabajo
"estable y con derechos", expresó Carriegas quien aseguró que "sólo así
se podrá afrontar" el "gravísimo problema" del paro en el Archipiélago.
Canarias ha sido la "segunda Comunidad Autónoma española donde más ha
aumentado el desempleo" en el último año, según el manifiesto.
Cuestionado por la compatibilidad de las acciones contenidas en la
estrategia de empleo canario con las normas comunitarias, el candidato
de Unión, Progreso y Democracia opinó que "hay muchas opciones" de que
la "Unión Europea" (UE) "no dé el visto bueno ni financiación" a
determinadas medidas incluidas en el plan. "Y también es posible" que
no reciba el apoyo del "propio Estado" puesto que las acciones chocan
"con principios Constitucionales", añadió.
MEDIDAS QUE VULNERAN LA CONSTITUCIÓN Y EL ESTATUTO CANARIO
Este escrito, con el que UPyD se suma al "rechazo de los sindicatos UGT
y CCOO a este plan de empleo", concreta que las medidas que exigen una
residencia "de tres años en las islas para acceder a determinadas
acciones formativas" son "discriminatorias, vulneran la legalidad y
rompen el principio de igualdad, consagrado en la Constitución".
A lo que hay que añadir, según este partido político liderado por Rosa
Díez, que este tipo de acciones chocan con el "Estatuto de Canarias",
en particular con su artículo 4 en el que se "consideran canarios los
ciudadanos españoles que […] tengan la vecindad administrativa en
cualquiera de los municipios de la ciudad".
Motivo por el cual, Unión, Progeso y Democracia se interroga sobre la
respuesta que daría el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino
Rivero, si otras Comunidades Autónomas aplicaran medidas similares y
"miles de canarios tuvieran vetado el acceso a los fondos para formarse
profesionalmente".
El escrito de esta formación política califica de "penosas" las
declaraciones en las que Rivero afirma que "no le temblará el pulso"
para defender estas "propuestas discriminatorias" que establecen
"categorías distintas de ciudadanos", blindan el "mercado laboral de
las islas" y obstaculizan la "libre circulación de trabajadores".
Asimismo, el manifiesto de UPyD contra la estrategia de empleo adoptada
por el Ejecutivo Autonómico critica la actitud del Partido Popular (PP)
canario que por su "silencio es "cómplice de esta iniciativa".
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