Canarias/
El primer borrador del Plan de
Dinamización propuesto por el Gobierno de Canarias frente a la desaceleración
de la economía canaria prevé aprovechar la transposición de la Directiva Europa
de Servicios para abrir la mano a la llegada de más grandes superficies y
tiendas de descuento duro en todo el Archipiélago, con la excusa de "posibilitar una mayor competencia en los
mercados".
Así lo da a conocer a través de un comunicado CORECO añadiendo que se ha demostrado ya en el pasado,
con el Estudio de Carga Comercial de Canarias, realizado por el Gobierno de
Canarias a encargo del Parlamento, que la instalación masiva de grandes
superficies desde 1994 había provocado la concentración de la oferta comercial,
sobre todo en alimentación, destruyéndose el tejido comercial y aumentando los
precios.
Y además, es reconocido en el
propio Preámbulo de la Ley
10/2003, de Licencia Comercial Específica que desde la entrada en vigor de la
Ley 4/1994, de 25 de abril, se ha producido la implantación
de numerosos centros comerciales y grandes establecimientos comerciales, lo que
ha provocado efectos negativos en la estructura comercial de Canarias, entre
ellos la desaparición de numerosos pequeños y medianos comerciantes; afectando
por otra parte negativamente a los núcleos urbanos por la destrucción de gran
parte del comercio tradicional, y por tanto del empleo. Con la ubicación de
estas grandes superficies fuera de los núcleos urbanos se ha podido constatar
además, que éstas tienden a concentrarse en espacios reducidos alejados de la
población, lo que implica mayores desplazamientos y degradación ambiental y
aumento de la densidad vial.
Luego está demostrado y
constatado por el propio Gobierno de Canarias, en el pasado, que la instalación
de más grandes superficies y centros comerciales lo que hace es destruir tejido
comercial y empleo, crea importantes problemas de infraestructuras y medioambientales,
y a la vez, no sirve para abaratar la cesta de la compra.
Por tanto, la amenaza de abrir de
nuevo la mano a la llegada de más grandes superficies, centros comerciales y
tiendas de descuento duro, pone en peligro la supervivencia de los cerca de 40.000
establecimientos y 160.000 empleos que tiene el comercio canario, y a la vez,
retrae la inversión, en cuanto que ningún comerciante puede pensar en invertir,
si no tiene un marco legal estable que
garantice el equilibrio de la oferta comercial entre grandes y pequeños.
El efecto que pretende conseguir
el Gobierno con esta medida será el contrario.
Desde la Patronal regional se
lamenta que el Gobierno no se haya reunido con el sector comercial para
analizar estas medidas, dada su amplia participación, por si sola, en el PIB
regional y en el empleo.
Por otro lado, desde la Patronal, se indica que
para reactivar el sector comercial, se debería ser más comprometido en el
apartado fiscal, no sólo revisando el AIEM para que no grave productos que no se
fabriquen en Canarias, que es lo que se tuvo que hacer desde el principio, sino
además pensar seriamente en la suspensión de este arbitrio o la reducción de
sus tipos, junto con los del IGIC, en la importación de los productos más
demandados por los canarios, medida que si contribuiría de manera efectiva a
abaratar la cesta de la compra.
Al mismo tiempo, debe acabarse el
tratamiento marginal del sector por parte de la Administración
Autonómica si tenemos en cuenta la escasa dotación económica
dentro del presupuesto Comunitario que le limita a la hora de ejecutar acciones
a favor del desarrollo del mismo.
Noticias Relacionadas:
|
Y... JJdeaquí. No se trata de atacar a los canarios, sino de darles la posibilidad de comprar más barato y donde quieran hacerlo, no donde no tienen más remedio como ahora. No te dejes comer el coco por esa paranoia nacionalista de que todo lo que viene de fuera es un ataque contra la canariedad. Así te mantienen dócil, mostrándole los dientes sólo a un supuesto enemigo exterior. Soy de fuera, vivo aquí, estoy encantado y defiendo a ésta, mi tierra de adopción.