 Canarias/ No tener papeles es el único delito que han cometido
los más de 800 inmigrantes que acogen los tres Centros de Retención de
Inmigrantes (CIES) de Canarias. A pesar de que este delito no es
punitivo, los pocos que han conseguido entrar en estas dependencias han
criticado que el régimen de internamiento recuerda mucho a una cárcel.
(Imagen de la exposición "Fotoperiodistas. No mires atrás")
Los periodistas no han podido entrar nunca a esos centros por orden
expresa del Gobierno español, y algunos, como Erena Calvo, de ABC o
Nicolás Castellano de la Cadena SER, han tenido que utilizar la
picaresca para relatar en primera persona que los centros de
internamiento canarios “están al límite de su capacidad, con los
inmigrantes hacinados y sin condiciones higiénicas”.
Los propios inmigrantes así lo relatan y algunos de los escasos
observadores oficiales que han conseguido entrar también. Es el caso de
Sara Prestianni, de STEPS Consulting, en cuyo informe publicado en
diciembre de 2007, encargado por el Parlamento Europeo, se refleja un
régimen “típicamente penitenciario”, “excesivamente estricto” y en unas
“condiciones higiénicas deplorables”.
El equipo capitaneado por Prestianni concluyó, tal y como declaró a ACN
Press, que los inmigrantes son sometidos a un “sistema excesivamente
estricto de detención de tipo penitenciario” que incluye el “encierro
casi permanente en celdas” y la “limitación de paseos al aire libre”.
El estudio asegura que ni siquiera los extranjeros enfermos se libran
de ser tratados como delincuentes, ya que igualmente “permanecen casi
todo el tiempo en sus celdas”.
Pero es que ya casi cuatro años antes, en septiembre de 2003 la
Relatora Especial de la ONU, Gabriela Rodríguez Pizarro destacó este
hecho en una visita a los CIES de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran
Canaria y El Matorral en Fuerteventura, a petición de la Comisión de
Derechos Humanos del Parlamento Europeo. En su informe destacó que la
detención administrativa de inmigrantes no tiene carácter punitivo; sin
embargo notó que todos los centros visitados eran antiguas prisiones
que por su estructura comportaban serias limitaciones.
En el centro de El Matorral, donde se encontraban detenidos 846
inmigrantes, algunas mujeres entrevistadas por la Relatora Especial
informaron de que el día de la visita era la primera vez que las
dejaban salir al patio, ya que normalmente se quedaban en sus cuartos.
La Relatora Especial observó asistencia sanitaria en todos estos
centros y se le informó de que dicha asistencia se da en casos de
urgencia o para enfermedades con signos muy evidentes.
Notó asimismo con preocupación que las personas detenidas poseen una
“seria falta de información, asistencia jurídica y servicios de
traducción e interpretación”, algo que el equipo de STEPS Consulting
también critica casi cuatro años después.
El ACNUR y otras organizaciones han expresado su preocupación ante la
ausencia de asistencia letrada o asistencia insatisfactoria, que
dificultan el acceso al asilo. Tanto es así que Arsenio García, abogado
de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) llegó a declarar a
finales de 2007 en www.masvoces.org que las reticencias del Gobierno
español a la entrada de esta institución en los CIES le hacía sospechar
que “tienen miedo a que luego todo el mundo pida asilo”.
EL ESTADO RESPONDE
Las Autoridades españolas respondieron al informe de la relatora
asegurando que procurarán tener en cuenta las aportaciones que ofrece
pero discrepando de varias acusaciones que se vertían sobre la política
migratoria.
En cuanto a los CIES, la Administración reconocía en su respuesta a la
relatora que la legislación española obliga a que estos Centros
dispongan de servicios sanitarios, asistencia social, servicio de
vigilancia, enfermería, cocina, comedor, dormitorios, aseos, duchas,
locutorio para abogados, sala de visitas y sala de estar. “Todas estas
instalaciones y dependencias deberán satisfacer las condiciones de
higiene y estar acondicionadas de manera que el volumen de espacio,
ventilación, agua, alumbrado y calefacción, se ajusten a las normas de
habitabilidad y a las condiciones climáticas de la localidad donde se
hallen ubicados”, declaran las autoridades. Cosas que, a tenor de los
informes independientes, parece que no se han cumplido.
Las autoridades españolas sin embargo, aluden al borrador de informe
realizado por ocho eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles,
Justicia y Asuntos de Interior (Libe) del Parlamento Europeo a
Canarias, en particular, a las islas de Tenerife y Fuerteventura del 7
al 10 de junio de 2006, liderados por la eurodiputada verde Jean
Lambert, donde se recogía que la “impresión general” es que los
“centros están bien gestionados y limpios” y que cubren las
“necesidades más básicas”.
Este informe fue muy criticado por varias organizaciones sociales que
lo consideraron politizado (fueron políticos de distintos grupos
quienes lo realizaron) y “hecho a medida”. Estas mismas organizaciones
han pedido insistentemente el cierre de estos centros tras varios
testimonios de los propios inmigrantes que hacen temer por el respeto a
los derechos fundamentales.
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