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Canarias/
La sentencia del CASO EROSKI se produce ante la
vulneración de los derechos de la representación de los comerciantes, CORECO,
que pidieron que se iniciara un procedimiento de caducidad de las licencias
concedidas a un promotor inmobiliario para dos hipermercados en el Parque
Marítimo de Jinamar y en Montaña Pacho, dado que esas licencias fueron
concedidas en 1999 y 2000 y la ley dice que si no se obtiene licencia de obras
o no se inician las obras en un año la licencia caducará.
Así lo informa CORECO a través de un comunicado donde añade que la Consejería de Cabrera,
evitando que caducaran las licencias, vulneró el derecho de los comerciantes a
iniciar este procedimiento y esta reciente sentencia viene a ratificar este
hecho y a ordenar al Gobierno de Canarias que inicie el procedimiento de
caducidad.
Ahora, el Director General de
Comercio, Arturo Cabrera anuncia que recurrirá esta sentencia, con dinero
público, con el fin de evitar que se inicie el procedimiento de caducidad de
las licencias del promotor inmobiliario, indica el CORECO.
Asimismo, afirma que lo más grave, es la
incongruencia que comete Cabrera al afirmar que "reconoce la capacidad de
CORECO para iniciar los expedientes de caducidad" y sin embargo, anuncia un
recurso contra una sentencia que lo único que hace es reconocer este derecho.
"En el pasado, Arturo Cabrera ha
dado claras muestras de vulneración de los derechos de los comerciantes,
tratando de impedir el acceso de éstos a expedientes de grandes superficies,
situación en la que tuvo que dar marcha
atrás acelerada ante la gravedad de la ilegalidad cometida y ante el Recurso
que se interpuso", cita el comunicado.
Carlos Ravelo, abogado de CORECO,
ante la afirmación de Arturo Cabrera de que no puede computarse la caducidad
por razones urbanísticas de las permutas de terrenos en el caso del Parque
Marítimo de Jinamar o la adaptación al Plan General en el caso de Montaña
Pacho, indica que "la misma Dirección
General de Comercio que dirige Cabrera, dictó en los expedientes de estas
grandes superficies resoluciones en las que afirma que el Gobierno de Canarias
no puede entrar en cuestiones urbanísticas, sino sólo en comerciales, y lo que
es más grave, advirtió por escrito al promotor de la posible caducidad de las
licencias y tales resoluciones y comunicados constan en el expediente."
"Esa Dirección General no puede pretender decir blanco, cuando antes
dijo negro, porque eso siempre tiene consecuencias y habrá que asumir
responsabilidades". "CORECO -prosigue- no descarta acudir a otras instancias para que se investiguen
posibles responsabilidades."
Por otro lado, Luis de Miguel,
Presidente de CORECO, ha indicado que "con
este tipo de incongruencias, Arturo Cabrera ha demostrado que defiende unos
intereses que no son los del comercio tradicional, ni de los comerciantes
canarios, dado que ya fue grave que se opusieran a la caducidad, pero anunciar
ahora que recurrirán la sentencia, lo que demuestra es que el cargo le queda
muy grande."
Mal año judicial para la formación política nacionalista.
Primero fue el Caso Alcampo (La Laguna), cuya licencia de
obras anuló el TSJ de Canarias, después el Caso del Centro Comercial Las
Rotondas (Puerto del Rosario), cuyas licencias también fueron anuladas, la
resolución de la Consejería
de Cabrera, sobre las Elecciones a la
Cámara de Comercio de Las Palmas, que también ha sido anulada
por el Tribunal y ahora el Caso Eroski, todos protagonizados por la misma
fuerza política, que es la de Arturo Cabrera y en todos, el Tribunal ha anulado
sus actos, en un año 2008 que no está siendo nada bueno, judicialmente
hablando, para esa formación nacionalista.
Todas las sentencias han puesto
de manifiesto la clara alineación del Gobierno de Canarias y de la fuerza
política que lo sustenta con los intereses de promotores inmobiliarios y
grandes superficies, en contra de los intereses de los comerciantes canarios,
que no sólo han tenido que acudir a los
Tribunales antes resoluciones ilegales, sino que, una vez ganadas en los
Tribunales, persisten en recurrir y en seguir oponiéndose a los pequeños y
medianos comerciantes, aun cuando no cabía recurso, como fue el caso Alcampo.
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