|
Tenerife/ A
través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife han valorado el debate
parlamentario celebrado este jueves sobre el desmantelamiento de la central de
Caletillas como "una discusión bizantina ajena a la realidad". El portavoz de
Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, señaló que "la planificación estatal
ya contempla en la práctica cómo va a ser el futuro de la central, cuyo cierre,
mantenimiento y transformación son competencia de la empresa propietaria,
Unelco, que tiene la última palabra y eso lo saben el Cabildo, el Gobierno y el
ayuntamiento de Candelaria, así que el debate parlamentario ha sido un brindis
al sol".
Respecto a la fecha de cierre de la instalación, en el debate en pleno
de la Ley de Directrices en abril de 2003, el PSOE propuso fijar en 8 años -es
decir, en 2011- la fecha para que la central de Caletillas abandonara su función
generadora: "concretar
ese plazo y no dejarlo abierto". Esta enmienda 30 a la directriz 36 del proyecto
de Ley, explican Los Verdes, defendida por el PSOE a instancia del ayuntamiento,
fue rechazada con el argumento de que la fecha debe fijarla el planeamiento
energético al que la propia directriz traslada la decisión, pues se entendía que
no resultaba coherente que el Parlamento sobrepusiera ese detalle al futuro plan
y se desconocían los requisitos técnicos y la propia evolución del sistema
eléctrico para adoptar esa decisión en sede parlamentaria.
Hernández destaca que
el grupo del PSOE en el Cabildo presentó una moción en la misma línea de fijar
un plazo para Caletillas, pero en la transacción finalmente se adoptó por
unanimidad -con el voto favorable del PSOE- una propuesta de Coalición Canaria
que acordó "...instar
a la compañía Endesa al inmediato desmantelamiento de aquellos grupos de
generación de la central de Las Caletillas que no estén en uso, con la
consecuente desaparición de las chimeneas de los mismos y la liberación de
espacios ocupados...". para Los Verdes, "esta moción reconocía que
Unelco-Endesa, como titular de las instalaciones, tiene la última palabra en
cuanto al cierre". En enero de 2006, el Gobierno central respondió lo mismo a
preguntas del PSOE: "La
decisión sobre la fecha de cierre de una instalación, de acuerdo con la
normativa vigente (Ley 54/1997, del sector eléctrico, y Real Decreto 1955/2000,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica) corresponde al titular de la misma".
La moción del Cabildo
diferencia claramente entre cierre de la central y desmantelamiento y
sustitución de los equipos obsoletos, señala el portavoz verde. La posición de
Unelco-Endesa -detalla- se ajustó a este mismo criterio: debido a que Caletillas
no podía cumplir el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se
trasladó a la legislación española la Directiva Comunitaria 2001/80/CE, sobre
limitación de emisiones a la atmósfera de determinados contaminantes procedentes
de las grandes instalaciones de combustión, siendo ésta causa suficiente para
ordenar de oficio su cierre, la compañía se acogió a una excepción prevista en
esa norma, que le permite en caso de que Caletillas no pudiera cumplir el Plan
de Emisiones mantener la central operativa un máximo de 20.000 horas, "desde el
1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2015". Los Verdes consideran que
de esta manera, Unelco ganaba tiempo hasta 2015 para retirar los equipos de
generación obsoletos y sustituirlos antes de esa fecha por otros menos
contaminantes que sí cumplieran el Plan de Emisiones. En 2006 se verificaron en
Caletillas 845.000 toneladas.
"Después de una negociación que previó para
Canarias una moratoria en razón de las especiales características y
vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico, el Ministerio de Medio Ambiente
aprobó un Real Decreto en noviembre de 2006 sobre el Plan Nacional de Asignación
2008-2012, que establece que la central térmica de Caletillas deberá pasar a
casi 130.000 toneladas al final del período, en el año 2012". En el ínterin,
prosigue el comunicado,entre la respuesta del Gobierno central al PSOE de enero
y el Decreto de Emisiones de noviembre,
durante la revisión que por Ley debe hacerse de la planificación eléctrica cada
cuatro años,
Unelco trasladó al Grupo de Trabajo de Vulnerabilidad en Sistemas Eléctricos
Aislados integrado en el Grupo de Seguimiento de la Planificación,
la necesidad de mantener la ubicación de la central sustituyendo los equipos
obsoletos, con el compromiso adquirido de ajustarse al Plan de Emisiones antes
del 31 de diciembre de 2015, pues de lo contrario tendría que cerrar Caletillas.
De hecho, en la Planificación estatal para 2007-2016 se propuso el año 2012
-"curiosamente coincidiendo con la enmienda del PSOE de 2003"- para que
Caletillas cumpla el Plan de Emisiones. Adelantándose en tres años al límite
establecido de 20.000 horas de funcionamiento, según Los Verdes Unelco evita así
el cierre. Para poder retirar los equipos obsoletos la compañía trasladaría a
Candelaria las turbinas de Arona y Guía de Isora, que en 2006 emitieron
123.000
toneladas de gases contaminantes según el Plan Nacional de Asignación.
También
puede cerrarse de oficio
Octavio
Hernández concluye que "es evidente, a nuestro juicio, que estas decisiones
restaban de facto eficacia real a la previsión de la directriz 36.8 de la Ley de
Directrices de 2003. Tal y como se había objetado durante el debate de la
enmienda del PSOE, la tecnología y la propia evolución del sistema eléctrico
convertían en extemporánea esa disposición en el caso de Caletillas". Además
-argumenta el portavoz-, también en 2006 el Decreto
161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y
mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, vino a asumir con plenitud el contenido efectivo de
aquella directriz, en el Capítulo II del Título V sobre "Autorización de
Cierre", el artículo 47 estableció: "2. La Administración podrá iniciar de
oficio el procedimiento de cierre y desmantelamiento de determinadas
instalaciones en los supuestos establecidos en el artículo 30 [falsificación
documental en la autorización o
manifiesta ilegalidad de las instalaciones] y, así como, cuando la
inadecuada conservación y mantenimiento de las mismas pueda ocasionar: a)
peligro para las personas, la flora, la fauna, los bienes y el medio ambiente; o
b) restricciones técnicas que afecten a la calidad del servicio eléctrico,
disponibilidad de la instalación o a la eficiencia energética.
3.
En aquellos supuestos donde la Administración competente en materia de energía,
actúe de oficio en los términos establecidos anteriormente, se formulará una
propuesta de resolución en la que se justificará la necesidad del cierre de la
correspondiente instalación, la cuál se comunicará al titular de la misma. En
dicha propuesta de resolución se establecerá el plazo para que el citado titular
presente los documentos a que hace mención este Capítulo y se culmine el
procedimiento. Transcurrido el plazo sin que el titular aporte los citados
documentos, se dictará resolución de desconexión de la instalación y el precinto
de la misma, todo ello sin perjuicio de los recursos que en derecho asistan al
titular."
"Por
tanto -concluye Hernández- es necesario entender que la directriz 36.8 no es
imprescindible para que Caletillas pudiera ser cerrada de oficio por el Gobierno
canario". Ahora bien, el Artículo 49 del
Decreto
161/2006 dicta que "En el caso de que las instalaciones [cuyo cierre se
insta] estén conectadas a la red eléctrica insular, la Administración deberá
recabar informe previo de la empresa distribuidora, transportista o generadora
según el caso, y también del operador del sistema si afectara a la red de
transporte o a la generación del sistema eléctrico insular. Dicho informe se
emitirá en un plazo máximo de 20 días y en él se informará sobre si el cierre de
la instalación, implicaría menoscabo en el grado de funcionamiento y
disponibilidad de la red o generación eléctrica de la zona afectada o del
sistema insular correspondiente". Por tanto, insisten Los Verdes "la última
palabra corresponde, en cualquier caso, a la compañía titular de la central,
pues la decisión coexiste con la obligatoriedad de garantizar el suministro
eléctrico, que es un principio de superior jerarquía normativa". Octavio
hernández apela a "la lógica de Perogrullo, pues no se puede, en definitiva,
cerrar sin más la central y dejar sin luz a la gente, ni tampoco decretar el
cierre sin las debidas garantías respecto al conjunto del sistema eléctrico. Y
por otra parte, esa garantía ha de compatibilizarse con otros derechos
afectados, como el derecho a un medio ambiente sano, cumpliendo la legislación
sobre emisiones contaminantes".
Posición
de Los Verdes
El
portavoz en Tenerife del partido ecologista expuso la postura que ha venido
defendiendo, en conflicto con el PSOE: "Partiendo de no confundir los deseos con
la realidad, a fecha de hoy Los Verdes decimos a los vecinos afectados que, tal
y como están las cosas, la central de Caletillas no se desmantelará en 2015,
pero las instalaciones no tendrán nada que ver con las actuales y se habrá
reducido de manera significativa su contaminación".
Con esta previsión, Octavio
Hernández aclaró que "no presentamos alegaciones a la Autorización Ambiental
Integrada de Caletillas porque esperamos que Unelco-Endesa corrija dentro del
plazo legal que tiene concedido las circunstancias que, según el decreto
161/2006, podrían justificar el cierre de oficio a iniciativa del Gobierno
canario".
En cambio, añade el portavoz, "sí nos preocupa que cuando se revise la
actual Planificación eléctrica dentro de cuatro años, se hayan cumplido los
plazos para la reducción de emisiones y que las turbinas trasladadas de
Oroteanda y Chío a Candelaria sean retiradas antes del año 2013 cuando funcionen
los nuevos equipos de generación". Los Verdes consideran que "de mantenerse esas
turbinas en funcionamiento de manera adicional estaríamos ante un nuevo
incumplimiento del Plan de Emisiones. Si eso ocurriera es entonces cuando
tendría que solicitarse el cierre de oficio y Los Verdes apoyaremos esa
decisión, que no depende tanto, como hemos defendido, de la Ley de
Directrices ni del Cabildo de Tenerife, como pretende el PSOE".
Noticias Relacionadas:
|
