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C24H/ La organización pide el cierre de estos centros,
que considera son “inconstitucionales” y la eliminación de las medidas de
privación de libertad para unas personas que no han cometido un delito sino una
irregularidad administrativa. Piden el acceso de organizaciones y medios para
dar a conocer la situación y facilitar a los internos el ejercicio de sus
derechos.
La organización SOS Racismo ha calificado de práctica “ilegal y
abusiva” la limitación actual que se mantiene a organizaciones y medios
informativos para acceder a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE’s),
lo que vincula a que hay algo en estas instalaciones que “no se quiere mostrar a
la sociedad”.
El representante de SOS Racismo y responsable del Centro
de Estudios y Documentación sobre Racismo y Xenofobia de Mugak, Peio Aierbe,
considera que la administración “no tiene derecho” a las limitaciones de acceso
a los CIE’s, porque estos internos no tienen ninguna resolución judicial que
limite sus derechos de manifestación o de expresión, por lo que estimó se trata
de una práctica “ilegal y abusiva”.
Por ello, reivindicó el acceso una
manera normativizada y reglamentada, de manera que se arbitren formas para que
pueda haber un conocimiento por parte de la sociedad sobre lo que ocurre en esos
centros y para que se posibilite a que quienes están ahí puedan ejercer sus
derechos.
Frente a ello, estimó que la situación actual “clama al cielo”
y es “denunciable”, y advirtió de que no está ajustada a ninguna normativa y
refleja que lo que se da en los CIE's es algo “que no puede mostrarse a la
sociedad”.
“Sólo de esa manera se entiende este rechazo total a que
pueda haber algo que en cualquier otra institución está contemplado, como es el
derecho al control” desde diferentes organismos de la sociedad, entre ellos los
medios de comunicación.
Aierbe, en declaraciones a ACN Press, insistió en
que se concluye que en los CIES “hay cosas que serían difícilmente entendibles”,
con lo que remarcó que estas limitaciones de acceso “no dejan de ser una especie
de aceptación previa y por adelantado de la culpa” por parte de la
Administración.
Respecto a la situación normativa de los centros, el
representante de SOS Racismo indicó que no existe una regulación del
funcionamiento interno de estos centros, que depende del Ministerio del
Interior. Una situación que diferenció de las instituciones penitenciarias, que
"están en mejores condiciones", porque tienen establecido por ley los derechos y
obligaciones de los reclusos, y las posibilidades de visita y acceso.
"AGUJEROS EN LOS QUE LA LEY NO RIGE"
Esta posibilidad no está
contemplada en los CIE’s, de manera que el Ministerio del Interior tiene la
“discrecionalidad para poder hacer y deshacer lo que quiera”. “Es una muestra
más de una actividad absolutamente arbitraria” que los convierte en lugares de
“no derecho, agujeros en los que la ley no rige”, lo que estimó no es admisible
en una sociedad democrática.
En su ‘Informe sobre racismo en España
2008’, la organización defiende la supresión de los CIE’s y de las medidas de
privación de libertad para los inmigrantes en situación irregular, ya que
remarcan que estas personas no han cometido un delito, sino una irregularidad
administrativa.
Sin embargo, lamenta que las políticas previstas por la
UE, con la nueva ‘Directiva sobre detención y expulsión de las personas
extranjeras’ que se debatirá en mayo, plantean incluso la posibilidad de
internamiento en los centros hasta 18 meses.
SOS Racismo, que respaldó
las movilizaciones realizadas en Madrid el pasado fin de semana para pedir el
cierre de los CIE’s, insiste en que estas instalaciones no son necesarias para
el objetivo de garantizar la expulsión, y que realmente lo que hacen es
estigmatizar a estas personas, “que si están encerradas parece como si hubieran
cometido delitos”.
Frente a ello, esta organización propone que aquellas
personas que la administración no consigue expulsar sean documentadas para que
evitar que en la sociedad se vean sometidas a una explotación añadida,
abocándolas a una economía sumergida y a condiciones de explotación.
En
cualquier caso, SOS Racismo pide que el trato y funcionamiento de los CIES sea
más acordes a patrones normales y no como sucede ahora, que son “opacos y unos
lugares de no derechos”, en los que se impide el acceso a organizaciones, lo que
limita la posibilidad de control sobre la situación, a diferencia de lo que
sucede en otros países como Francia, donde se hacen controles anuales de los
centros.
Aierbe insistió en que no hace falta poner una alternativa a
estos centros, aunque si reconoció la necesidad de contar instalaciones de
acogida para los primeros momentos de atención social a estas personas en
situación irregular, a las que pidió se documente si la administración no puede
cumplir con la expulsión.
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