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Gran Canaria/ El
consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias,
Domingo Berriel, anunció hoy en el Parlamento de Canarias que el Ejecutivo
canario, a través de la
Dirección General de Patrimonio, ha exigido al Gobierno de
España la inmediata paralización de las obras previas a la construcción de un
centro penitenciario en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran
Canaria, ejecutadas por el Ejecutivo central.
En
respuesta a una pregunta parlamentaria, el máximo responsable del departamento
autonómico aclaró que la Comunidad447.000 metros cuadrados
de finca propuestos por la
Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamiento
Penitenciarios para la ejecución del centro, terreno por el cual se ha iniciado
el trámite de enajenación onerosa. “La
Comunidad autónoma, explicó Berriel, ni ha cedido ni vendido
el terreno objeto de obra, que se trata de una parcela inscrita en el
Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad autónoma de Canarias”.
autónoma es todavía la propietaria de los
El
máximo representante del departamento autonómico también anunció que la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural (APMUN) ha abierto una investigación para determinar si dicha
obra tiene los títulos habilitantes que legitiman, al menos desde el punto de
vista urbanístico, la ejecución que se está llevando a cabo. En la actualidad,
el ente público de naturaleza consorcial ha solicitado a la Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios los citados títulos. Berriel
asimismo indicó en que “el Gobierno de Canarias está siempre dispuesto a
cooperar con la administración general del Estado o con cualquier otra
administración, para posibilitar la ejecución de cuantas infraestructuras o
equipamientos sean necesarios para el interés general, siempre que se dé el
adecuado acuerdo entre las distintas administraciones implicadas y la necesaria
audiencia y garantías de los derechos de los vecinos afectados”.
De
manera paralela, y desde el punto de vista del planeamiento, el consejero dijo que
el Plan Territorial Especial de Instalaciones Penitenciarias de Canarias
(PTEINPE), ya ha sido aprobado por la
Administración del Estado y remitido a la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) para su aprobación definitiva,
si bien dicha aprobación no se ha efectuado aún. Conforme al Texto Refundido de
Las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, la
formulación y tramitación de dicho Plan corresponde a la Administración del Estado,
aclaró el consejero, si bien subrayó que dicho instrumento no puede categorizar
ni calificar suelo, “por lo que su contenido debe entenderse sólo como
recomendaciones al planeamiento general de ordenación del municipio”. Sobre
este asunto, especificó que “al no ser este Plan Territorial Especial un
instrumento que desarrolle Directrices de Ordenación ni Plan Insular de
Ordenación, carece de fuerza vinculante para los restantes instrumentos de
planificación territorial y urbanística”, motivo por el cual “si el
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana está conforme con la instalación
penitenciaria, deberá recoger la misma en el Plan General de Ordenación Urbana,
que tiene actualmente en tramitación”, indicó.
Domingo
Berriel puntualizó finalmente que “como el citado Plan Territorial Especial no
puede condicionar los restantes instrumentos de ordenación, de no alcanzarse el
acuerdo municipal e insular para su localización, el Estado puede imponer dicha
implantación, ordenando iniciar el procedimiento de modificación o revisión del
Planeamiento urbanístico, a través de las prerrogativas que le otorga el
artículo 244 del Texto Refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, mediante acuerdo del Consejo de
Ministros, sin que al día de hoy nos conste dicho acuerdo”.
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