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Santa Cruz de Tenerife / El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio del Gobierno canario, Domingo Berriel, ha querido aclarar
este jueves que cuando habla de “tergiversación mediática” de sus
conversaciones telefónicas con el empresario Santana Cazorla no se
refiere a los periodistas si no al uso que de su reproducción en prensa
hacen terceros.
Berriel compareció este miércoles en el Parlamento de Canarias a
petición propia para explicar el contenido de esas conversaciones
filtradas a la prensa. “En un país democrático resulta inaceptable la
falta de respeto al derecho fundamental del secreto de las
comunicaciones, que de manera tan flagrante se ha vulnerado en este
caso”, declaró el consejero durante su comparecencia.
“Es surrealista ver una conversación tuya, bilateral y telefónica, por
muy intrascendente que sea, transcrita en Internet y en todos los
periódicos”, agregó Berriel, quien resumió los hitos más importantes
del mencionado expediente “que contextualizan la insistencia de la
petición del promotor, en demanda de su agilización y resolución, a la
vez de su inconformidad inicial con la drástica reducción del número de
plazas de su proyecto, reducción, considerada necesaria, y adoptada por
el Gobierno”, explicó.
A juicio de Berriel es “muy grave” que, bajo el pretexto del
levantamiento del secreto de sumario, se utilicen las transcripciones
de las conversaciones de aforados un año después del auto del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, que reprochó con contundencia esas
filtraciones y sentenció con claridad la irrelevancia de las mismas y
la inexistencia de incorrección alguna por parte de un miembro del
Gobierno y de su presidente, ordenando su archivo. El consejero también
expuso que éstas “nada tienen que ver, por decisión del Alto Tribunal,
con las diligencias de juzgado alguno”.
Berriel recordó que la solicitud inicial de camas que el proyecto de
Anfi Tauro contenía en sus distintas fases de planeamiento “se recortó
de 7.500 plazas a 1.681, al entender el Gobierno que así se adecuaba
mejor al interés general”. Esta solicitud, así como las de otras tres
empresas, se produjo al amparo de la Disposición Transitoria Segunda de
la Ley 19/2003, de Directrices, que establece, entre otras previsiones,
que durante el primer trienio a partir de la entrada en vigor de la
misma, para las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y
Tenerife, no se admitirá crecimiento de la capacidad alojativa; y
especifica que, excepcionalmente, se podrán otorgar autorizaciones
previas para proyectos turísticos que comporten una especial
cualificación de la oferta canaria.
Durante su intervención, el consejero detalló todos los encuentros
mantenidos con el promotor de Anfi Tauro, así como sus conversaciones
con él, recordando que “en primer lugar celebramos una reunión conjunta
con el consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, en la sede de
dicha Consejería en Tenerife, el 16 de noviembre de 2006”. En la misma
se expusieron al empresario “las dificultades y las posibles
alternativas que pasaban todas ellas por la drástica reducción luego
acordada, al tiempo que adquirimos el compromiso de procurar la
conclusión del mismo antes de la finalización de la legislatura”,
recordó Berriel, cuyo segundo contacto con Santana Cazorla se concretó
“en la fugaz conversación telefónica de enero de 2007, grabada,
trascrita, indebidamente filtrada y publicada en internet y en los
medios de comunicación”.
La última conversación del consejero con el promotor del proyecto Anfi
Tauro fue el 2 de febrero del 2007, también telefónicamente, si bien
ésta, “aún cuando algún medio se hizo eco de su contenido”, dijo
Berriel, “curiosamente” no apareció en los medios de comunicación. “En
dicha conversación, rememoró el consejero, le repetí, expresándole de
forma reiterada e incluso de forma expeditiva, cuál iba a ser el
informe de la Consejería que se elevaría al Gobierno”.
Para dar conocimiento y contraste de estos últimos informes, el
consejero del Gobierno canario acordó mantener una breve reunión con el
empresario dos días después en Tenerife, antes del Consejo de Gobierno,
para la que también citó a la entonces secretaria general técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, y al jefe de
Servicio de Ordenación Territorial, autor del informe definitivo. Dicha
reunión no llegó a celebrarse por la detención en el aeropuerto de Gran
Canaria de Santiago Santana Cazorla el día 4 de febrero de 2007, que
fue puesto en libertad sin fianza al día siguiente.
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