Tenerife/
El Dictamen de la Unión
Europea, que autorizó el proyecto de Granadilla (a pesar del
reconocimiento de las graves afecciones ambientales que causaría) exigía, entre
otros condicionantes, la creación previa al inicio de las obras de una
fundación "independiente y permanente",
que además en cuyos estatutos figure su "independencia
institucional", así como el incorporar al proyecto un sistema de trasvase
de arenas de la zona norte del dique (donde se acumulará en cantidades que
pueden llegar a los 50.000
m3 anuales, según el propio Dictamen), hacia
la zona sur, donde se encuentra el espacio protegido Sebadales del Sur de
Tenerife.
Ninguno de estos dos condicionantes se ha cumplido. La
composición de la Fundación
no cabe sino calificarla de "chiste de mal gusto" (como cuando el actual
Presidente de Autoridad Portuaria defendía su independencia el día de su
presentación). La composición de la misma es la siguiente:
- Presidente:
Domingo Berriel (manipuló datos cuando se rechazó la ILP para la protección
del litoral de Granadilla, diciendo en el Parlamento que según sus
técnicos la zona no tenía valores ambientales destacables, hecho que se
demostró falso)
- Vicepresidente:
Pedro Rodríguez Zaragoza (sin comentarios)
- Secretario
y Director de la
Fundación: Antonio Machado (se ha destacado en los
últimos años por criticar abiertamente a los científicos y biólogos que
han hecho informes contrarios al proyecto, informes en los que se basó la Comisión europea
para contradecir a las autoridades españolas en la afección del proyecto.
Fue Director de la
Oficina del Gobierno de Canarias en Madrid durante el
periodo 94-95, elegido a dedo por Manuel Hermoso)
- Vocal:
Jaime Alejandre Martínez (Director General de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, departamento desde el que se
emitió una declaración ambiental favorable del proyecto absolutamente
manipulada y contraria al Dictamen de la Comisión Europea)
- Vocal:
José Ramón Vera Galván (Universidad de La Laguna, elegido a dedo
por el Gobierno de Canarias y Autoridad Portuaria. Totalmente desconocido
por las organizaciones ecologistas)
- Vocal:
José Joaquín Hernández Brito (Universidad de Las Palmas, elegido a dedo por
el Gobierno de Canarias y Autoridad Portuaria. Ha ocupado cargos políticos
con CC, como la
Dirección del Instituto Canario de Ciencias Marinas)
- Vocal:
Octavio Llinás González, actual Director del Instituto Canario de Ciencias
Marinas, elegido a dedo tanto para esta representación como para la Dirección del ICCM
- Vocal:
Feliciano García García, en representación de las organizaciones
ecologistas, al pertenecer a una organización denominada "Sociedad de
Tecnologías Medioambientales CANENTECH", totalmente desconocida como
organización de defensa ambiental. Este señor se ha destacado en el pasado
por los enfrentamientos con las organizaciones ecologistas, como por
ejemplo por su defensa a ultranza de la incineradora de residuos en Arico.
Para rematar la "independencia institucional", la sede de la Fundación está en la
propia Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Por otra parte, especialmente grave es el trámite que está
siguiendo la
Autoridad Portuaria al sistema de trasvase de arenas del
norte del dique hacia el sur, ya que la Autoridad Portuaria
aprobó en el Consejo de Administración del 17 de enero la "elaboración del
proyecto y ejecución de las obras de by-pass de arena N-S en el puerto de
Granadilla, por un presupuesto de licitación de 5.683.724,69 € y plazo de
ejecución de 53 meses". Nos encontramos ante un claro incumplimiento del
Dictamen de Bruselas, ya que en el mismo se dice textualmente: "
La
Comisión considera
que el compromiso de las autoridades españolas en relación con el trasvase de
arena norte-sur de dimensiones adecuadas constituye
una parte esencial del proyecto portuario", es decir, la Comisión obliga a las
autoridades españolas a incorporar el by-pass de arena al propio proyecto del
puerto, mientras Autoridad Portuaria lo está tramitando de forma independiente.
Aún dentro de esta vía contraria al Dictamen, la Autoridad Portuaria
pretende tramitar conjuntamente redacción del proyecto y ejecución de obras,
pasándose por encima una vez más de la legalidad, al no someter este proyecto a
la obligatoria evaluación de impacto ambiental, cuestión fundamental, ya que en
opinión de esta Federación, esta medida, lejos de suponer un beneficio para la
zona, empeorará el impacto ambiental del proyecto del puerto, ya que arrojará
esta arena precisamente sobre el posible sebadal que sobreviva a la
construcción del proyecto.
Por tanto, estas nuevas irregularidades se suman a las
varias denuncias que permanecen abiertas, lo que impide de cualquier forma el inicio
del proyecto en la situación actual, si no es pasando por encima de la
legalidad.
