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La Laguna / El portavoz del grupo
Socialista en el Ayuntamiento de La Laguna, Gustavo Matos,
solicitará a la Audiencia de Cuentas que fiscalice los expedientes
con reparos de intervención tramitados en el consistorio, según
anunció hoy en un pleno de la corporación municipal.
Tras mantener durante más de una hora un agrio debate en términos
jurídicos con la alcaldesa, Ana Oramas, por plantear una enmienda de
adhesión para añadir al dictamen de dichos expedientes la acción
fiscalizadora de la Audiencia de Cuentas, se produjeron llamadas al
orden hasta que volvió la normalidad a la sala.
Oramas aseguró que el pago de la nómina de los funcionarios
anualmente supone 4 millones de euros, aunque "a usted le da igual,
pero a mi no", dijo la alcaldesa, quien agradeció el trabajo del
servicio de intervención que "nunca ha sufrido presiones de la
Alcaldía y no se hace para saltar la ley sino por responsabilidad
hacia los ciudadanos".
Matos dio a conocer ante el pleno que en 2007 el grupo de
gobierno de Coalición Canaria efectuó 301 levantamientos de reparos
de intervención, "casi a uno por día", que suponen 32.401.472
millones de euros "al margen de la ley que regula la gestión
presupuestaria", por lo que solicitará la fiscalización de la
Audiencia de Cuentas.
Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Juan Antonio
Alonso, calificó de "confusión malintencionada" la exposición de
Matos, quien había asegurado anteriormente que los 32,4 millones de
euros equivalían a contrataciones ilegales, cuando un expediente
puede ser reparado por diversos motivos "y una vez corregido el
error se levanta el reparo", puntualizó.
Añadió además que los reparos se refieren a una parte específica
del expediente como es el caso de las 12 nóminas del Ayuntamiento
que ascienden a 22 millones de euros, y que "han sido reparadas
sistemáticamente por intervención, lo que no significa que esos 22
millones de euros hayan sido abonados de forma ilegal".
Alonso exigió a Matos una rectificación pública por sus
acusaciones, a lo que el portavoz socialista respondió que "no
hablamos de nóminas de funcionarios sino de contratos de suministro
encubiertos al acudir de forma sistemática al mismo proveedor, y esa
conducta vulnera la legalidad".
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