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El
10 de Mayo de 2007, en un vehículo con los cristales tintados, personal de la Dirección General
de Protección del Menor del
Gobierno Canario, se llevaban a Piedad desde La Orotava a un centro de
menores en Santa Cruz de
Tenerife, dejando atrás una estela de incomprensión y
amargura en una ciudadanía impactada por acontecimientos que herían su
sensibilidad.
Quienes
entonces y ahora creíamos que los derechos del niño no eran eso, mostramos
nuestra oposición y rechazamos prácticas perversas contrarias al rico
ordenamiento jurídico que emana de la Convención de los Derechos del Niño y de un
actualizado Código Civil, plenamente garantista en cuanto a la prevalencia del
interés superior de los menores con relación a cualquier otro interés y a que los
niños y niñas son personas sujetos de derecho, jurídicamente autónomos, cuyas
circunstancias y opinión se deben de tener en cuenta.
Nadie
pudo parar, entonces, aquella máquina de
hacer daño que supuso arrancarla del núcleo familiar en el que estaba
plenamente integrada, atropellando derechos y arrasando principios, palabras
mayores que decimos con toda la intención, pues Piedad no ha gozado del derecho
a ser escuchada, ni sus circunstancias personales fueron tenidas en cuenta,
derivando aquello en un maltrato institucional en toda regla, al haber sido encerrada
en contra de su voluntad, aislada e incomunicada, imponiéndole el cruel abandono de su mundo afectivo y una
imposible vuelta atrás.
Puede
ahora decir la institución judicial y la administrativa que, después de tanta
historia, la niña se encuentra bien, lo que, al margen de lo relativo de ese "encontrarse
bien" que dadas las circunstancias condiciona la expresión, eso es muy
discutible, pues la extensa literatura científica y la opinión de los expertos,
nos hablan de las secuelas y marcas psicológicas de por vida que suelen
arrastrar quienes, como a esta niña, le han sido amputados sus afectos.
Así,
en un auto de 15 de Febrero de 2008 (Juzgado nº 5 de Familia, Las Palmas de
G.C.) se dice que la niña está con su madre biológica y que está bien, según
información trasmitida desde la Dirección General de Protección de Menores por
vía telefónica, después de haber omitido la propia Dirección General información
documentada que el Juzgado reiteradamente le había reclamado.
Nos
explicamos: Con fecha 23 de Febrero de 2008, el Juzgado de Familia reiteró a
"Menores" una petición reclamando los informes de Piedad entre el 22 de Junio y
el 30 de Octubre de 2007, con el fin de proceder a la resolución de ejecución
de sentencia. Pero el Gobierno Canario, hizo caso omiso, y el Juzgado se quedó
sin la prueba documental exigida, al menos por dos veces, conformándose,
extrañamente, con una simple (e indocumentada) comunicación telefónica sobre el
estado de la menor.
¿Por
qué "Menores" ha ocultado los informes nada
menos que al propio Juzgado? ¿Qué había de malo para darlos a conocer a las partes?
¿Por qué siguen ocultos? ¿Por qué el
Juzgado aceptó esa falta de transparencia procesal?
Son
preguntas plenas de significado ante la falta total de transparencia, algo
propio de un sistema que actúa con frecuente opacidad, y que, en este caso,
negó los informes al Juzgado. En consecuencia ¿Por qué les vamos a creer, si,
además, por nuestra parte y en su día tuvimos conocimiento de que, al menos,
durante tres semanas, entre Junio y Julio de 2007, las visitas llegaron a
suspenderse al perjudicar a la niña? ¿Y por qué "Menores" dice que Piedad está
con la madre desde mediados de Junio 2007, cuando de fuentes acreditadas de la
propia base institucional, hemos sabido que a 30 de Julio seguía en el centro
de acogida de Santa Cruz de Tenerife y que, a esa fecha, las visitas de la
madre continuaban suspendidas?
¿En
qué quedamos? ¿Quién dijo la verdad? ¿Han mentido en "Menores"? porque a la
vista de lo expuesto, su versión, transmitida de palabra y por teléfono, no nos
merece ninguna credibilidad. Y si no ¿Por qué se han negado a entregar los informes
requeridos por el Juzgado? ¿Por pura negligencia?
Volviendo
a Piedad, la Jueza
primero y los Magistrados después, no quisieron atender a los técnicos y
profesionales que decían que la niña formaba parte de un núcleo sólido de
afectos en una familia altamente estructurada, y decidieron tratarla como si
fuera un elemento separado en el grupo, fácilmente trasplantable a otra
realidad. Así consta que lo dijo en una providencia la propia Doña Elena del
Corral, Jueza de Familia: "Soledad no tiene una hija, sólo es una menor"
exactamente igual que si dijera (refiriéndose a Piedad) "Soledad no es tu
madre, sólo es una mujer".
Piedad
era feliz en un mundo y en una familia, que, de un plumazo, dejó de existir,
trabajando los técnicos para que
asumiera que su vida en La
Orotava había sido como un cuento que llegó a su fin,
presentándole una nueva historia a la que se habría de plegar por supervivencia,
huérfana como estaba de respuestas visibles a los continuos "por qué" sobre su
aislamiento, sobre el cruel abandono de su mami (hacerle entender que el abandono
era irreversible era parte del tratamiento) e indefensa ante los "ya no te
quieren" o "no preguntan por ti"...
Un
año se cierra de Piedad, quedando escrita una página negra más en la historia
de los derechos del niño, pero la lucha sigue, a fin de erradicar prácticas
judiciales obsoletas y perversas que todavía prevalecen en los criterios de
algunos jueces y magistrados, necesitados de un profundo reciclaje, y que van
por detrás de una opinión pública y unos medios de comunicación, mucho más a la
altura, mucho más dotados de sensibilidad, y, por ello, justamente alarmados.
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