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Tenerife/
El colectivo de juristas "Justicia y Sociedad" ha presentado
una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra los responsables municipales
del Ayuntamiento de Santa Cruz por presunta prevaricación y malversación en la
adjudicación a Imes SA, sin concurso público y contra los reparos de
Intervención, de la reforma del antiguo instituto Hermanos García Cabrera, de
Ofra, a la que ya se ha destinado más de cinco millones de euros.
El expediente del García Cabrera se inició en 2005 con una
primera adjudicación de 371.628 euros a Imes que se incluyó en el contrato de
mantenimiento de edificios que dicha empresa tenía con el ayuntamiento y contra
el criterio del Interventor Municipal, que advirtió expresamente de su
ilegalidad al tratarse de una obra mayor y de gran reforma (no simple
mantenimiento) por lo que debía salir a concurso público, sin que, además, se
hubiese tramitado expediente administrativo de contratación ni previa
declaración de urgencia.
Pese al reparo formulado por el Interventor el alcalde, Miguel
Zerolo, ordenó la continuación del expediente de pago, levantando dicho reparo
gracias a un informe favorable de los asesores jurídicos del Ayuntamiento
Domingo Larraz y Luis F. Prieto. Para Justicia y Sociedad, es precisamente, a
raíz de este Informe Jurídico y la "atropellada" tramitación del inicial
expediente de pago donde comienzan a tomar cuerpo las graves irregularidades que
justifican la denuncia presentada. En tal sentido se recuerda por dicha
Asociación denunciante, que el "caso García Cabrera" salió a la palestra cuando,
en mayo de 2006, se hizo público por la oposición un informe firmado por estos
mismos letrados municipales, fechado el mismo día que el anterior y que fundado
en la misma jurisprudencia llegaba a una conclusión totalmente opuesta, es
decir, que la adjudicación a dedo era irregular porque se trataba de una obra
mayor y no podía incluirse en el contrato de mantenimiento. Pese al escándalo
suscitado por la publicación de ese "primer" informe, lo que motivó, incluso,
que se creara una Comisión de Investigación, las obras continuaron ejecutándose
sin contrato, ni proyecto hasta que el 26 de diciembre de 2006 la Junta de
Gobierno local adopta un acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de
1,7 millones de euros para las obras acometidas del 1 de enero al 31 de julio y,
al mismo tiempo, se adjudica a IMES, "a dedo" y de forma retroactiva, esto es,
con fecha 1 de agosto de 2006, las obras que se venían ejecutando y las que
restaban por ejecutar. Las graves irregularidades detectadas fueron Reparadas
por Intervención siendo levantados los reparos por el propio Alcalde.
Para "Justicia y Sociedad" los reparos formulados por la
Intervención de Fondos son de una gravedad incuestionable ya que las obras han
sido ejecutadas sin la previa tramitación de expediente administrativo conforme
a la legislación vigente en materia de contratación pública, omitiéndose
trámites legales esenciales en el expediente tramitado con posterioridad a la
ejecución de obra, se ha fraccionando en fraude de ley el objeto del contrato,
se han ejecutado sin la existencia y previa dotación de crédito presupuestario,
así como sin la preceptiva fiscalización de los actos que han dado lugar a las
obligaciones y compromisos derivados, no se ha declarado de forma expresa y
previa su urgencia, restringiéndose de forma abierta y manifiestamente ilegal el
principio de libre concurrencia, y todo ello, por importe total que asciende a
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA (5.476.522,5 e).
Para "Justicia y Sociedad", que también ha ejercido la acción
popular, entre otras causas, en el conocido caso "Las Teresitas", "las graves
irregularidades cometidas implican por su misma gravedad, así como por su
continuidad y reiteración, que estemos ante conductas que trascienden del
ilícito administrativo, y ello es así, puesto que no estamos ante meros
incumplimientos puntuales sino ante flagrantes ilegalidades que evidencian una
sistemática, deliberada y persistente actuación antijurídica".
Como consecuencia de ello "dichas conductas han supuesto la
grave vulneración del principio de libre concurrencia otorgándose un evidente
trato de favor a la empresa IMES S.A. que ha visto como se le adjudica "a dedo"
y de forma ilegal obras por importe superior a los CINCO MILLONES DE EUROS
(equivalentes a casi MIL MILLONES DE LAS ANTIGUAS PESETAS), sin tener que
concurrir ni competir con otras empresas, y todo ello de forma manifiesta y
reiteradamente ilegal", lo que justifica una investigación rigurosa por parte de
la Fiscalía.
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