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Gran Canaria/ El empresario Santiago Santana Cazorla, imputado por
la ‘operación Góndola’ de presunta corrupción urbanística en el
Ayuntamiento de Mogán, fue detenido sin una orden judicial. Según ha
sabido ACN Press, la policía practicó la detención en el aeropuerto de
Gran Canaria cuando este se disponía a coger un vuelo para Tenerife,
sin mostrar autorización alguna de un juez. Este argumento podría ser
utilizado por la defensa en la causa judicial que se instruye por el
caso.
Santana Cazorla, acusado de presuntos delitos de tráfico de influencias
tras mantener conversaciones telefónicas con miembros del Gobierno de
Canarias a cuenta de la autorización para el complejo turístico de Anfi
Tauro, y de un posible delito urbanístico al construir una depuradora
en suelo rústico en Mogán, fue detenido en febrero de 2007 por la
policía, que controlaba sus movimientos al tener pinchados sus
teléfonos.
La detención se practicó, en todo caso, merced a una orden policial,
pero ningún juez la había ordenado, a pesar de que por entonces ya
estaba abierta la causa. Meses antes, la policía había detenido también
al alcalde de Mogán, Francisco González, en el marco de la misma
‘operación Góndola’, también sin orden judicial, lo que generó un
fuerte revuelo político al estar entonces próximas las elecciones
locales y autonómicas de 2007.
En medios jurídicos se especula aún, más de un año después de los
hechos, y ahora que se está en pleno procedimiento judicial, cuál fue
la razón por la que la policía detuvo al empresario sin esperar por la
orden del juez, en lugar de recurrir a la habitual citación en los
juzgados para ser interrogado por los hechos que se le atribuyen.
En el propio entorno del empresario se incidió mucho en los días
posteriores a la detención en el impacto que supuso para él ser
interceptado en un lugar público por los agentes. De hecho, la
notoriedad pública de la detención fue tal que tuvo un gran seguimiento
mediático, no sólo en Canarias y en la Península, sino en el resto de
países donde el grupo Santana Cazorla tiene intereses, según se
constató luego.
ARGUMENTO PARA LA DEFENSA
Por otra parte, en círculos judiciales se barajaba hoy mismo la
posibilidad de que la defensa de Santana Cazorla esgrimiese el
argumento de la ausencia de orden judicial en la causa que se sigue con
el empresario, al no entenderse una actuación policial de esta
naturaleza sin que los hechos por los que se imputan al afectado
revistan especial gravedad, al no ser posible detener por faltas ni por
delitos cuya pena de privación de libertad sea inferior a tres años.
En el caso concreto de Santiago Santana Cazorla, la detención se le
practicó por una causa judicial que ya estaba abierta, por lo que,
según expertos jurídicos, depende funcionalmente del juez tomar y
tutelar todas las decisiones en el proceso.
También en relación con el empresario, el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias ya se ha pronunciado en torno a las conversaciones del
empresario con miembros del Gobierno –precisamente, el germen de la
polémica detención- y la sala judicial no llegó a observar delito
alguno en el contenido de las mismas.
En cuanto a la otra imputación del empresario, la depuradora de
Taurito, un posible delito urbanístico, parece poco probable que fuese
la causa por la que la policía practicó la detención, ya que se trata
de una infracción urbanística que, por sí sola, no tiene más
consecuencias que una citación, según algunas fuentes conocedoras del
caso.
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