La defensa de Santana Cazorla pide la nulidad del auto que autorizó los pinchazos telefónicos
|
|
|
|
ACN Press
|
|
miércoles, 04 de junio de 2008 |
|
Gran Canaria/ La defensa del empresario Santiago Santana Cazorla
ha presentado ante la autoridad judicial un recurso con el que pretende
que se declare nulo de pleno derecho el auto mediante el cual se
autorizó que la policía pinchara los teléfonos del empresario en el
marco de la operación Góndola sobre presunta corrupción política en el
entorno del Ayuntamiento de Mogán, según acaba de saber ACN Press.
La defensa, según las fuentes consultadas, fundamenta su petición en el
hecho de que cuando se autorizaron las escuchas telefónicas, la policía
investigaba la instalación de una depuradora en suelo rústico, hecho
éste que en el ámbito jurídico podría ser una infracción puramente
administrativa, argumento que sostiene desde el principio la defensa de
Santana Cazorla.
En medios jurídicos con los que ha contactado esta agenciase admite que
puede ser nulo de pleno derecho un auto de intervención telefónica que
tenga por objeto investigar hechos atípicos o que constituyan
cuestiones meramente administrativas. Las mismas fuentes creen
igualmente objeto de nulidad el pinchazo a una línea de teléfono que no
tenga por objeto la investigación de delitos graves, caso en el que se
encuadraría el empresario.
La intervención del teléfono de Santiago Santana Cazorla tuvo lugar a
raíz de escuchar una conversación entre este y el alcalde de Mogán,
Francisco González, de la que se desprendía que se había instalado una
depuradora en Taurito en suelo rústico, que se estaba tramitando su
calificación territorial y que era necesario obtener una licencia en
precario para su inmediata puesta en funcionamiento con el fin de
evitar un daño ecológico.
Fue a raíz de estos indicios cuando la policía solicitó a la autoridad
judicial la intervención de los teléfonos. Posteriormente se escucharon
también conversaciones telefónicas del empresario con miembros del
Gobierno de Canarias y se atribuyó al afectado el presunto delito de
tráfico de influencias.
Las conversaciones inteceptadas de Santana Cazorla fueron con el
anterior presidente del Gobierno, Adán Martín, y el todavía hoy
consejero de Ordenación del Territorio, Domingo Berriel. Los contenidos
de esos diálogos fueron analizados y luego archivados por el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al no observar irregularidad
alguna.
De estas escuchas sólo queda en el ámbito judicial la conversación
mantenida por el empresario y Salvador Iglesias, entonces jefe de
gabinete de Adán Martín, de cuya conversación no pudo conocer el TSJC
al no ser el citado cargo de confianza del presidente un representante
aforado del Gobierno, como sí ocurría con el jefe del Ejecutivo y el
consejero Berriel. Por ello, la causa está pendiente de dirimirse en
los juzgados ordinarios de Santa Cruz de Tenerife.
Noticias Relacionadas:
|
