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Los miembros del
comité de huelga, en una rueda de prensa, que ofrecieron este martes en la capital
grancanaria, anunciaron además manifestaciones el próximo día 25 de junio en
cada una las capitales canarias para reclamar la homologación salarial con los
funcionarios autonómicos y la mejora del sistema educativo.
Así mismo,
indicaron que mantendrán las asambleas permanentes, los encierros y protestas
que consideren, y expresaron su satisfacción por el resultado de la jornada de
huelgas y paros celebrada la pasada semana en todo el archipiélago.
El
portavoz Fernando Pellicer subrayó que la responsabilidad de las consecuencias
que tendrán sobre los 300.000 alumnos las medidas que decidan adoptar los
claustros, que pueden incluir paros, es "exclusiva del Gobierno de Canarias", al
que también culpó del "enquistamiento" del conflicto y de su "alargamiento" en
el tiempo.
Pellicer anunció que se ha instado también a los claustros a
que en la última reunión que celebrarán el próximo 30 de junio rechacen las
medidas "unilaterales" propuestas por el Gobierno regional para mejorar la
calidad.
Marcos Álamo, también miembro del comité, defendió el documento
elaborado por los sindicatos para mejorar el sistema educativo, que recordó que
se presentó a la Consejería de Educación el pasado 8 de abril y aún no se ha
pronunciado sobre el mismo.
En relación a la invitación de la consejera
del área Milagros Luis Brito a que los profesoras recurran a los tribunales para
resolver el problema de la homologación salarial, el portavoz José Martín
reiteró que desde el comité de huelga no se descarta ninguna medida.
No
obstante, subrayó que es responsabilidad del Gobierno regional garantizar los
derechos del profesorado, que en este caso están recogidos en una ley aprobada
por el Parlamento canario en 1991 y que aún está vigor.
Pellicer añadió
que acudir a los tribunales sería una "locura", pues son 26.000 los profesores
afectados, y que el conflicto hay que tratar de resolverlo sin paralizar la
Justicia.
Martín acusó a la consejera de "dejar pudrir" los problemas,
como ha ocurrido con el cierre del instituto José Saramago de la capital
grancanaria, que desde el año 2002, si no antes, su equipo directivo ha
informado continuamente de los problemas que presentaba y no se ha actuado, como
tampoco se actúa en el conflicto que mantienen los profesores.

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