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Tenerife/
El abogado Felipe Campos asegura percibir en relación con las irregularidades
que él mismo descubría en torno a las actividades que se llevan a cabo en el
Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, que existe "una mano política fuera
de la gerencia, una alargada sombra, que está intentando legalizar unos negocios
ilegalizables".
Cuenta que ha visitado la Gerencia de Urbanismo, y ha entablado
contacto con el Gerente y con los técnicos que allí trabajan. "Aquello está
revolucionado con el Parque Marítimo", dice.
Afirma que si los empresarios que allí han desarrollado
distintas actividades a lo largo de los años, lo han hecho al margen de la ley,
"es desde luego porque algún político con gran poder lo ha permitido".
Entiende además que ese mismo político sería el que ahora está
"echando una mano a sus amigos" e "intentando forzar la máquina" para que las
actividades que se venían desarrollando de manera ilegal se conviertan en
legales.
"Todo el mundo sabe quién es el amigo íntimo, el
protector de Luis Gil".
Se resiste a ponerle un nombre a esa "alargada sombra"
política, pues estima como "público y notorio" quién es amigo íntimo del
mencionado empresario, quien en la actualidad explota las instalaciones del
Parque Marítimo.
Se refiere el abogado a José Manuel Bermúdez, Vicepresidente y
Consejero de Turismo del Cabildo Insular de Tenerife.
Según Felipe Campos, ningún técnico o jurista de la Gerencia de
Urbanismo, a los cuales afirma conocer personalmente, sea capaz de firmar ningún
proceso de legalización.
Lo que más preocupa al abogado es que se hayan montado una
serie de negocios ilegales, que el empresario Luis Gil ceda espacio público de
manera ilegal, con conocimiento de todas las autoridades, y que no se haga lo
que dicta la ley ante casos como éste.
"Cuando una persona hace este tipo de actividades sin licencia,
como la empresa de eventos que tenía montado este señor en el Parque Marítimo de
forma absolutamente ilegal, sin licencia municipal, sin licencia de la Autoridad
Portuaria, cede el espacio público de manera ilegal, lo que dice la ley es que
se debe producir la caducidad automática de su derecho y la expulsión
inmediata", afirma rotundo el abogado.
Lejos de esto, la Autoridad Portuaria, que es la que tiene
competencias, no lo hace. Sin embargo, asegura Campos que hace dos días le negó
la posibilidad de examinar el expediente. Comenta que ahora tan sólo le queda
dirigirse al Ministerio de Fomento, "para poner en su conocimiento la tropelía
que se está cometiendo", con la esperanza de que a la vista de los hechos, la
Ministra Magdalena Álvarez reaccione.
Considera que es "intolerable" que la propia Autoridad
Portuaria esté actuando de esta manera, "mirando hacia otro lado", pues recuerda
que han transcurrido ya varias semanas desde que el asunto trascendiera. Observa
el abogado el contraste en este punto en la actitud de la Autoridad Portuaria,
que respecto de unos temas parece cometer una dejación absoluta de sus
funciones, mientras que con Campos actúa con una "pulcritud equivocada
jurídicamente".
En su opinión, la Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento
capitalino, Luz Reverón, "ha hecho lo prudente" al no pronunciarse aún y
estudiar el asunto.
"Lo preocupante es que percibo que hay un pulso político desde
fuera de la Gerencia para intentar legalizarlo", insiste el jurista, quien se
pregunta cómo es posible que determinadas personas actúen con tal impunidad.
Y es que hace tan sólo dos días que se percataba de que se
estaba produciendo una nueva irregularidad, pues se habían comenzado obras en la
terraza del muelle del embarcadero. "Llamé a un periodista y a la
policía...había bloques de obra y material, y ninguna licencia de obras...y al
día siguiente ya no había nada".
Estima que ningún ciudadano común, después de haber sido
denunciado por ilegalidades semejantes, se habría atrevido a cometer nuevas
irregularidades como la señalada. "Hay que poner fin a este tipo de
actuaciones", afirma rotundo.
Lo que procedería en este caso, según Campos, sería anular
todo, que la Autoridad Portuaria retomara la gestión de todo y abrir un concurso
libre, para que cualquier empresario pudiera concurrir para la explotación de
estos negocios.
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