Corbacho descarta que los menores dejen de ser de competencia autonómica
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ACN Press
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jueves, 19 de junio de 2008 |
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Madrid / El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino
Corbacho, manifestó hoy, tras la celebración en Madrid del Foro para la
Integración Social de los Inmigrantes, que la reforma de la Ley de
Extranjería no implicará cambios jurídicos en la situación de los
menores inmigrantes en situación irregular, ya que "es una competencia
de las Comunidades Autónomas" y "no es voluntad del Gobierno cambiarla".
Asimismo Corbacho señaló que Canarias "no tiene un problema de
inmigración superior al de otros territorios de España, empezando por
Madrid, lo que pasa es que vive el drama" a través de los cayucos y
éste "se acrecienta cuando esos cayucos van con menores".
En este sentido manifestó que "en la medida en que Canarias hace de
puerta de entrada de Europa y recibe un contingente que puede desbordar
sus propias posibilidades" el Gobierno sí "reconoce el problema" y que
es por ello por lo que, en el caso de los menores, se han establecido
medidas específicas de caracter presupuestario, como la transferencia
de un millón de euros que ayer anunció la Delegación del Gobierno.
No obstante, y pese a mostrar esta "voluntad de cooperación", Corbacho
fue muy claro al manifestar que la nueva Ley de Extranjería no
implicará una devolución a la administración central de la competencia
sobre menores inmigrantes y en este sentido insitió en que Canarias "la
tendrá que ejercer" y el Ejecutivo "no atenderá la reflexión de ponerla
en cuestión" que desde allí se formula.
El ministro asimismo argumentó que si el asunto se planteará entre el
resto de las Comunidades Autónomas probablemente su voluntad sería
"contraria" a la devolución.
MENORES ANTES QUE INMIGRANTES
En esta misma línea, Corbacho subrayó que con los menores inmigrantes
que llegan en cayucos "la primera consideración que debe prevalecer es
que son menores antes que inmigrantes" y que por ello cuentan con
especial protección jurídica en la legislación española que no podrá
ser modificada por ninguna directiva europea.
En este sentido se refirió al conjunto de garantías jurídicas
existentes en el ordenamiento jurídico español para que si vuelven a su
país sea con su familia de origen y para que no puedan nunca ser
repatriados a un estado diferente del propio.
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