 Gran Canaria / Las obras para construir una cárcel en Juan Grande son "absolutamente ilegales"
porque no las ampara ningún planeamiento ni han sido impuestas al Ayuntamiento
por acuerdo del Consejo de Ministros, informó este viernes a Efe el viceconsejero de
Ordenación Territorial, Miguel Ángel Pulido.
El responsable autonómico
subraya que el Consejo de Ministros no ha empleando la prerrogativa que tiene
para imponer al Ayuntamiento de la localidad de Gran Canaria la ejecución del
proyecto en la zona decidida por el Ministerio del Interior.
Pulido añade
que "el Plan Territorial Especial de Instalaciones Penitenciarias de Canarias
aprobado por el Estado, que está en estos momentos en tramitación, no tiene
capacidad para clasificar ni categorizar suelo", así que las determinaciones
territoriales que se establezcan tendrán carácter de recomendaciones y no son
vinculantes.
Ello no quita que "el Consejo de Ministros pueda convertir
dichas determinaciones en vinculantes" si no logra un acuerdo con las
administraciones implicadas.
Por ello, si el Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana mantiene su disconformidad con la ejecución del proyecto,
el Gobierno estatal tendrá que acudir a los instrumentos jurídicos a su
disposición para dar viabilidad al proyecto.
Sin embargo, "no hay
constancia de que el Consejo de Ministros haya hecho uso de esta facultad
prevista en la legislación vigente, por lo que las obras que se ejecutan no
tienen amparo legal".
Además, en relación con el Plan Territorial de
Instalaciones Penitenciarias de Canarias, el responsable autonómico reitera que,
tras analizar la documentación remitida por el Ministerio del Interior, se ha
comprobado que carece del informe de sostenibilidad ambiental.
Por ley,
el promotor de las obras debe identificar, describir y evaluar los probables
efectos que pueda habar sobre el medio ambiente y aportar alternativas que
subsanen los problemas.
El viceconsejero ha mostrado su asombro,
asimismo, porque el presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios, Juan José Azcona, dijo a algunos vecinos del
Castillo del Romeral el pasado viernes que no existen inconvenientes con las
obras de desmonte porque han notificado a las instituciones isleñas que se trata
de una obra pública de interés general que no está sujeta a la obtención de
licencia municipal.
"Esto sería así si la instalación estuviera
contemplada en el planeamiento municipal, pero, al no estar prevista en el Plan
General de Ordenación, por mucho interés general que tenga, la obra de la cárcel
es ilegal", subraya Pulido.
El viceconsejero considera necesaria una
segunda prisión en la isla, "pero el Estado no puede actuar al margen de la
legalidad urbanística y territorial, y ha tenido tiempo en los últimos 15 años
para haber tramitado el planeamiento y buscado el consenso social e
institucional para establecer la ubicación más idónea".
Asimismo,
recuerda el ofrecimiento del Ayuntamiento de Guía para analizar la posibilidad
de construir el centro penitenciario en su municipio, "pero fue precisamente el
PSOE quien inició un proceso de oposición y movilización en su
contra".
Además, cuando se discutían los presupuestos estatales para
2007, una enmienda de Román Rodríguez (NC), apoyada por el Grupo Socialista,
"suprimió una partida de unos 30 millones de euros para la rehabilitación de la
cárcel militar de La Isleta, que hubiese permitido de forma provisional
descongestionar y resolver la falta de espacio en la cárcel del Salto del
Negro".
Pulido asevera que "durante este tiempo" el Estado no ha dado
respuesta a la necesidad de mejorar la situación de los reclusos en Gran Canaria
y la relación con sus familias, y "ahora algunos, de forma torticera, pretenden
responsabilizar al Gobierno de Canarias de la situación creada, engañando a los
vecinos".
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