|
Las Palmas de Gran Canaria/ El consejo de administración de la compañía del agua
de Las Palmas de Gran Canaria, Emalsa, ratificó el jueves por la tarde
la adjudicación directa del mantenimiento del alcantarillado de Las
Palmas de Gran Canaria a los socios privados de la entidad, Sacyr y
Saur, a través de la empresa de su propiedad, Sercanarias. Esta
decisión contó con los votos favorables de los afectados y la
abstención de los representantes de los trabajadores.
En virtud de este acuerdo, la empresa concesionaria Sercanarias,
formada por Saur y Sacyr, miembros a su vez del consejo con el 66 por
ciento de las acciones, serán los responsables del mantenimiento de
esta infraestructura capitalina. Este contrato supone, para las arcas
de la empresa concesionaria, el ingreso de una partida presupuestaria
que ronda los 4,5 millones de euros anuales.
Jerónimo Saavedra, alcalde de la ciudad, manifestó este viernes ante
los medios de comunicación que el Ayuntamiento "se quedó en minoría" en
dicha reunión para aprobar la propuesta de convocatoria de un concurso
público que resolviera el mantenimiento del alcantarillado.
Esta adjudicación confirma las sospechas del único partido de la
oposición en el Ayuntamiento. La portavoz del grupo municipal del PP,
Pepa Luzardo, había acusado a Saavedra en marzo pasado de propiciar la
adjudicación "a dedo" del mantenimiento de las alcantarillas, si bien
este servicio había estado en manos durante una década entera del grupo
Dragados merced a prórrogas continuadas que, según los socialistas,
eran ilegales.
LUZARDO YA DIJO QUE ERA "A DEDO"
El 31 de diciembre, el Ayuntamiento resolvió el contrato de Dragados, y
Emalsa se hizo cargo del mismo, que entregó provisioalmente a
Sercanarias hasta tomar una decisión posterior. Luzardo insistió en que
había sido "a dedo" a los socios de la compañía y el gobierno local
contestó que, al contrario, esto propiciaría la convocatoria de un
concurso público para una nueva adjudicación con arreglo a la legalidad.
Sin embargo, esa tesis se desmoronó apenas un mes después, cuando el
Ayuntamiento reconoció que no podía tomar una sola decisión sobre ese
contrato -sí con respecto a las condiciones, pero nunca acerca de su
posible adjudicatario-, al constatar que la contratación la decidiría
el consejo Emalsa, donde el Ayuntamiento apenas tiene un 34 por ciento
de las acciones.
Noticias Relacionadas:
|
