Gran Canaria/ La delegada del Gobierno en Canarias, Carolina
Darias, dijo este viernes en Las Palmas de Gran Canaria que la
construcción de la 'marcrocárcel' de Los Llanos de Juan Grande (San
Bartolomé de Tirajana), ya no tiene "ningún impedimento legal” y que en
el caso de que haya vecinos que intenten paralizar los trabajos, la
policía “lo impedirá”.
Carolina Darias dio a conocer toda la tramitación legal aportada por la
Administración General del Estado y por la entidad pública SIEP, que
promueve las infraestructuras penitenciarias en España, entre las que
citó dos cuestiones fundamentales: "estamos ante una obra pública de
interés general", que según la Ley 13/2003, "no está sometida a
licencia o cualquier otro acto de control preventivo municipal, pero sí
a un informe de la administración correspondiente sobre la adaptación
[del proyecto] al planeamiento vigente", que el Ayuntamiento de San
Barolomé de Tirajana contestó fuera de plazo, por lo que "opera el
silencio positivo".
Pero, es más, Darias argumentó que ni siquiera se puede impedir la
realización de las obras con el argumento de que aún no está aprobado
el Plan Territorial Especial de Infraestructuras Penitenciarias de
Canarias, ya que es un instrumento que "no resulta exigible" para la
construcción de este tipo de equipamientos, "como ocurre en el resto
del Estado". Para sustentar más esta cuestión, la delegada recordó que
el centro de inserción social de Tahíche (Lanzarote), incluido en ese
planeamiento, está actualmente en obras.
Darias dio a entender que el Estado no va a dar marcha atrás con este
proyecto, cuya ubicación, dijo, "no es caprichosa", sino que "ha sido
técnicamente decidida por la SIEP por las características topográficas
y geográficas" de Los Llanos de Juan Grande.
La delegada dijo también que esa zona, junto a los barrios de Aldea
Blanca y Castillo del Romeral, se beneficiarán de la 'macrocárcel' por
la creación de 853 puestos de trabajo durante su ejecución y la
dotación de infraestructuras hidráulicas por valor de diez millones de
euros, de los que sólo el 40 por ciento son precisos para el
mantenimiento del centro penitenciario.
DOBLE CONDENA
Carolina Darias hizo también un llamamiento "a la sensatez, a la
cordura y a las reglas de juego democrático" para que se acepte la
construcción de un equipamiento que, dijo, resolverá un problema que
lleva "enquistado más de una década", y que ha saturado la prisión de
Salto del Negro, en Las Palmas de Gran Canaria, hasta el punto de que
alrededor de un millar de presos canarios se ven obligados a cumplir
sus penas en centros de la península. En su opinión, esto es someter a
los internos "a una doble condena: la privación de libertad y el
alejamiento de sus familias".
La llamada 'macrocárcel' tendrá una capacidad para 1.008 internos,
supondrá una inversión de 110 millones de euros y costará entre 24 y 26
meses construirla. Junto a esta actuación, el Estado proyecta o tiene
en ejecución otras dependencias penitenciarias en Canarias, todas
incluidas en el Plan Territorial Especial que el Gobierno regional
tiene en tramitación.
Se trata de tres centros de inserción social (CIS), uno en Telde IGran
Canaria), capaz para 150 internos; otro en Tenerife, con igual
capacidad; y otros dos de 50 plazas cada uno, en Lanzarote y
Fuerteventura. También se incluyen tres nuevas prisiones, la citada de
Gran Canaria y las otras, en Lanzarote y Fuerteventura; y dos unidades
de madres, en Gran Canaria y Tenerife. Además, Darias anunció un
próximo convenio entre el SIEP y la Consejería de Sanidad del Gobierno
autónomo para promover unidades hospitalarias penitenciarias, de las
que no hay ninguna en el Archipiélago.
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