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Gran Canaria/ El viceconsejero de Ordenación Territorial del Gobierno canario dijo este domingo que "el
Estado debe parar las obras de la nueva cárcel de Gran Canaria, o terminará
haciéndolo la Justicia", al tiempo que hizo un "llamamiento para que se cumpla
la legalidad urbanística".
El representante del Ejecutivo regional
afirmó, en un comunicado remitido a Efe, que "la delegada del Gobierno de España
en Canarias, Carolina Darias, no dice la verdad cuando afirma que la
construcción de la macrocárcel de Los Llanos de Juan Grande (San Bartolomé de
Tirajana), ya no tiene ningún impedimento legal".
De esta forma se
refirió Pulido a las obras previas a la ejecución de la segunda cárcel de Gran
Canaria, sobre las que dijo que "si bien es cierto que las obras públicas de
interés general, según la Ley 13/2003, no están sometidas a licencia o cualquier
otro acto de control preventivo municipal, sí lo están a un informe de la
administración correspondiente sobre la adaptación del proyecto al planeamiento
vigente".
Ello quiere decir, agregó en su comunicado, "que si el proyecto
no está previsto en el planeamiento, como es el caso de dicha macrocárcel, el
sentido del silencio es negativo", tal como dispone el artículo 27.2.c) del
Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales
de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000.
Pulido también hizo
"un llamamiento a la responsabilidad y al cumplimiento de las reglas de juego de
un Estado democrático y de derecho para que se acepte" que la ejecución "de la
macrocárcel, aunque esté considerada obra pública de interés general, no puede
prevalecer sobre el planeamiento urbanístico".
Esto sólo podría ocurrir,
dijo, si hubiera "un acuerdo expreso del Consejo de Ministros que, utilizando
las previsiones del artículo 244 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana (RDL 1/1992, de 26 de junio), pueda decidir si procede
efectuar el proyecto, y en este caso, ordenar la iniciación del procedimiento de
modificación o revisión del planeamiento, conforme a la tramitación establecida
en la legislación urbanística, imponiendo su ejecución".
Para Pulido, "lo
razonable no es amenazar con la Policía, como hace la delegada del Gobierno,
sino que el Estado pare las obras", al menos, hasta que se adopte el acuerdo del
Consejo de Ministros que imponga su construcción o se busque un emplazamiento de
consenso, porque, "de lo contrario, las terminarán parando los tribunales de
justicia".
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