 Tenerife / La Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de
Tenerife ha desmentido este miércoles de forma rotunda las noticias vertidas en el
programa Caiga Quien Caiga (CQC) del pasado 16 de julio, sobre un
supuesto caso de corrupción urbanística en la costa de Tabaiba, en el
municipio de El Rosario, en la isla de Tenerife, en el que se implica a
la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife.
Se trata de la edificación de una parcela definida como urbana en el
Plan General de El Rosario, aprobado definitivamente en noviembre de
2007, con informe favorable de la anterior Dirección General de Costas.
Según la Subdelegación, Costas no ha actuado de manera negligente al
autorizar el cierre de la Playa de Tabaiba en horario de mañana durante
15 días.
Según explica la Subdelegación en un comunicado, la Comunidad Autónoma
de Canarias ha autorizado en dos ocasiones (años 2003 y 2008) la
construcción, en la referida parcela, de sendos proyectos de
edificación con usos compatibles con la Ley de Costas situados en zona
de servidumbre de protección. “Ambas autorizaciones contaron con
informe favorable de la Demarcación de Costas, dándose traslado de una
copia a la antigua Dirección General de Costas para conocimiento”,
declaran.
“Antes del verano, el promotor solicitó a la Demarcación de Costas la
autorización para cortar el acceso a dos playas para la ejecución de
una barrera de protección que impidiera la caída de objetos a las
playas, evitando así un claro peligro para los usuarios de las mismas.
Esta autorización se concede el 12 de mayo de 2008 de forma parcial, es
decir, en horario restringido hasta las 13 horas (y a partir de las 19
si es necesario) de lunes a viernes con un plazo máximo de ejecución de
15 días, y cuyo comienzo efectivo depende de la fecha de inicio que se
fije en el Acta de Replanteo de la obra de construcción del edificio”,
explican.
ACLARACIONES
La Subdelegación aclara que “en el referido programa de televisión
compareció la directora general para la Sostenibilidad de la Costa y El
Mar aclarando que, la actuación de la Demarcación de Costas de Santa
Cruz de Tenerife, en el caso que nos ocupa, se ha realizado de acuerdo
con la legislación vigente, siendo omitidas estas declaraciones, por lo
que sólo ha prevalecido una versión distorsionada de los hechos sin que
en dicho programa se aportara una sola prueba que demuestre lo
contrario”.
“En CQC se recoge sólo la manifestación de una vecina que, sin aportar
ningún tipo de pruebas, afirma que el actual promotor, gracias a su
antigua relación de trabajo con la Demarcación de Costas, ha obtenido
una autorización para hacer cortes parciales en los accesos a la costa,
cuando al promotor anterior, de la misma parcela, no se le concedió una
autorización similar para el corte parcial de los accesos a las
playas”, añaden.
“Ante estas manifestaciones, reiteramos que los cortes parciales
(durante una franja horaria limitada hasta las 13 horas, cinco días a
la semana con un plazo máximo de 15 días) se han autorizado para
garantizar las debidas condiciones de seguridad para los usuarios de
las playas, y no consta en los archivos de la Demarcación de Costas
ninguna solicitud para cortar los accesos a las playas de Tabaiba
anterior al presente año 2008, ni se ha recibido denuncia del anterior
promotor en este sentido”, concluyen.
CQC
Desde la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife afirman
que se comunicó al equipo del referido programa CQC, que se desplazó
desde Madrid para realizar un reportaje a petición de los vecinos sobre
la situación de la playa de Tabaiba, que la Demarcación de Costas de de
Santa Cruz de Tenerife en todo momento estaba dispuesta a informar,
aportando toda la documentación precisa, rechazando la redactora y el
equipo de Caiga Quien Caiga dicha información si ésta no se presentaba
ante las cámaras de televisión, lo que demuestra el desinterés del
programa por comprobar la veracidad de los hechos denunciados.
“Todo lo anterior da lugar a una respuesta del programa
desproporcionada, que califica los hechos nada menos que de corrupción
urbanística en Tenerife, basándose en meras suposiciones interesadas de
los denunciantes y sin recabar información de la Demarcación de Costas
de Santa Cruz de Tenerife, ni de las administraciones que expresamente
han autorizado la construcción del edificio, como son el Ayuntamiento
de El Rosario y la Comunidad Autónoma de Canarias”, concluyen.
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