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Canarias/ La economía canaria encara el año 2008, a juicio de
la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife
(CEOE-Tenerife), como el ejercicio económico "más complicado" desde el
año 1993 y advierte de que si no se mejoran los niveles de
productividad, las Islas “no crecerán” económicamente a largo plazo.
Según el análisis de los empresarios la subida de los tipos de interés
y la contracción en el crédito y en el consumo han reducido la tasa de
crecimiento estimado en el primer trimestre del año hasta el 2,2%
interanual y han causado la destrucción de 34.200 empleos con respecto
al mismo trimestre del año anterior.
En cuanto a la previsión de crecimiento económico para el año 2008,
dada la incertidumbre actual es razonable reducirla a un rango que esté
por debajo del 2%. En este sentido, recuerdan que durante estos últimos
años los crecimientos de la productividad en Canarias no fueron los
adecuados, lo que llevó a que la aportación de la productividad al
crecimiento en este periodo fuese negativa en su conjunto. Así, el
crecimiento del PIB se debió únicamente a la aportación de la creación
de empleo, con crecimientos anuales cercanos o superiores al 3%, fruto
de una actividad económica favorecida por el mayor periodo de bonanza
económica mundial de los últimos treinta años.
“A corto plazo, es posible crecer por un incremento en el nivel de
empleo, sin incrementos de la productividad apreciables, pero a largo
plazo, la importancia de la productividad se modifica, de tal manera
que ganancias en la misma conllevan incrementos de competitividad, con
mejoras en la producción y en el empleo, y viceversa”, aseguran.
Así pues, para la CEOE-Tenerife, durante este periodo de bonanza, no se
pusieron las bases para un modelo de crecimiento económico sostenible a
largo plazo, potenciando los sectores más productivos y diversificando
la actividad económica, sino que, al contrario, se recurrió a una
abusiva regulación y planificación de la misma a través de un complejo
entramado institucional y legal que ni el propio Gobierno, Cabildos y
Ayuntamientos son capaces de desarrollar y cumplir, lo que generó dos
efectos inmediatos: por un lado, reducir el crecimiento económico de
Canarias al menos medio punto anual con respecto a la media española
entre los años 2004 y 2006 y, por otro lado, expulsar a la inversión
directa extranjera del archipiélago, fuente de innovación, creación de
empleo y de riqueza, con unas inversiones en el archipiélago que desde
el 2002 suponen únicamente el 0,80% sobre el total nacional, cuando el
peso de la economía canaria representa el 4,0% del nacional.
GOBIERNO DE CANARIAS
Según la CEOE-Tenerife ante esta situación de crisis el Gobierno
canario ha querido reaccionar con dos anteproyectos de ley: por un
lado, con unas medidas fiscales para incrementar el consumo privado y
la renta disponible y, por otro, con medidas urgentes para la
dinamización sectorial y la ordenación del turismo.
En este sentido aseveran que en el primer caso, las medidas son de tan
escasa cuantía y tan dilatadas en el tiempo, que su eficacia previsible
será muy limitada y, probablemente, cuando se reciban serán destinadas
por los perceptores más al ahorro que a estimular el consumo, tal y
como el propio Banco de España expone sobre medidas similares tomadas a
nivel nacional: “es preciso evitar medidas expansivas de política
fiscal indiscriminadas, pues pueden resultar contraproducentes (…); en
su lugar, la mejora de los mecanismos de adaptación de la economía
mediante medidas estructurales reduciría los costes del ajuste y
anticiparía la recuperación de la actividad”.
El segundo anteproyecto presentado precisamente incide en algunas de
esas medidas estructurales. Se trata de un conjunto de disposiciones
heterogéneas que intentar solventar, en circunstancias excepcionales,
algunos de los obstáculos normativos y administrativos que dificultan
la creación de riqueza en el archipiélago al introducir excepciones al
ordenamiento territorial y a la concesión de licencias para diversas
actividades económicas.
“En Canarias, la combinación y multiplicidad de planes regionales,
insulares, sectoriales, territoriales, parciales, especiales y de
ordenación urbana en vigor o en estudio frena y dificulta la iniciativa
empresarial en un momento de crisis en el cual deberían darse
facilidades a los inversores en lugar de interponer obstáculos
innecesarios en su camino”, concluyen.
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