Santa Cruz de Tenerife / Las mujeres extranjeras víctimas de violencia de
género dispondrán en Tenerife de más facilidades en la tramitación o
renovación de su permiso de residencia, al tiempo que se garantizará su
protección y confidencialidad desde el inicio de la solicitud hasta la
resolución del expediente. Éste es el principal objetivo del protocolo
interinstitucional de intervención suscrito este martes entre la Subdelegación
del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo y el Ayuntamiento
capitalino.
Inicialmente, el documento canalizará las
solicitudes de autorizaciones de residencia de las víctimas desde los
servicios sociales especializados de la Unidad Orgánica de Violencia de
Género del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) y de la
Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hasta
la Oficina de Extranjería, a través de la Unidad contra la Violencia
sobre la Mujer.
Las administraciones implicadas en esta iniciativa serán éstas hasta
que se produzca la incorporación de otras instituciones, entidades o
asociaciones, mientras que el texto pretende expandir su ámbito de
actuación a todos los rincones de la Isla y, por último, al resto de
islas de la provincia y a todo el Archipiélago. Así lo explicaron en
rueda de prensa la consejera insular de Asuntos Sociales, Cristina
Valido, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y el
subdelegado del Gobierno, José Antonio Batista.
Éste último destacó la importancia de ofrecer este tipo de servicios a
la población extranjera que, precisó, representa el 13,62 por ciento de
los 2.070.000 habitantes censados en Canarias a principios de año, lo
que se traduce en 281.004 personas. Asimismo, consideró necesario
proteger a las mujeres extranjeras que llegan al Archipiélago por poder
sufrir una triple discriminación: por ser mujeres, por ser mujeres y
por poder presentar rasgos éticos muy marcados que den pie a actitudes
raciales.
Batista resaltó que éste es un protocolo de estas características
pionero en España "y supone un avance en materia de igualdad de género,
porque permite a las mujeres ganar autonomía al desvincularse de su
agresor". También Zerolo remarcó la importancia de una iniciativa que,
afirmó, "cubre un vacío legal y representa un ejemplo y una necesidad".
Por su parte, Cristina Valido subrayó que se trata de una "protocolo de
justicia que surge para salvar vidas".
El objetivo del protocolo es habilitar un canal administrativo que guíe
con especial sensibilidad las actuaciones de las mujeres extranjeras
ante la administración y, concretamente, en el procedimiento para la
obtención de las autorizaciones de residencia por razón de violencia de
género. Se presenta como un primer eslabón dentro de la cadena de
actuaciones que han de conducir a la protección integral de las
víctimas.
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