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Bruselas/ La Comisión Europea no prevé por el momento
solicitar la devolución de los más de 30 millones de euros de fondos
comunitarios utilizados para construir varios hoteles en Lanzarote
cuyas licencias de construcción han sido anuladas por el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias porque las sentencias “no son firmes”,
aseguraron fuentes comunitarias a ACN Press.
Estas fuentes confirmaron que “efectivamente” el Ejecutivo comunitario
está “al corriente” de las “sentencias pronunciadas por el Tribunal”
Superior de Justicia del Archipiélago que ha anulado una serie de
permisos de edificación para hoteles en la isla de Lanzarote que,
previamente, habían recibido financiación europea para su construcción.
Unas sentencias que, según informó el Ministerio de Hacienda español a
Bruselas, “no son firmes” y han sido recurridas por los Ayuntamientos
en los que se ubican los hoteles investigados.
Por lo que, en estos casos, los “fondos no se deben retirar” y hay que
esperar a que culminen los recursos para conocer el veredicto
definitivo ya que actualemente el procedimiento está “subyúdice”,
indicaron las fuentes del Ejecutivo comunitario.
Ante lo cual, la Comisión Europea vigilará de cerca el desarrollo de
los acontecimientos puesto que “esta es la clave” del expediente. Hay
que tener en cuenta que aunque la “ley que no se respeta sea nacional”
-en este caso regional- y no comunitaria, “un proyecto que incumple”
con las normas “no puede recibir cofinanciación” del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder), subrayaron las fuentes.
Entre 1998 y 2002, cuando Canarias aún era elegible en base al
‘objetivo 1’ –las regiones europeas menos desarrolladas, con una renta
per cápita inferior al 75 por ciento de la media comunitaria- la UE
concedió más de 30 millones de euros para cofinanciar la construcción
de una serie de hoteles en la isla de Lanzarote cuyos permisos de
edificación fueron después anulados por el TSJC, afirmaba el
eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, en la pregunta
parlamentaria que remitió a la Comisión Europea para alertar de la
situación.
En concreto, las edificaciones turísticas en entredicho son, entre
otros: el hotel Princesa Yaiza (4,09 millones de euros); el hotel
Rubicón Palace (casi 7 millones de euros); el hotel Iberostar Papagayo,
(1,5 millones de euros); el hotel Gran Meliá Volcán (más de 3 millones
de euros); el hotel Nature Palace (más de 3 millones de euros); Hoteles
Playa Canarias (3,5 millones de euros); y un proyecto sin concluir de
la firma Demadu (4,5 millones de euros).
Desde el envío de la cuestión parlamentaria y el consecuente reclamo de
documentación por parte de los servicios comunitarios, al menos en dos
ocasiones Madrid ha remitido a Bruselas información sobre el caso de
estos hoteles lanzaroteños y además ha comunicado la situación, tal y
como es “su obligación”, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF), expresaron las fuentes de la Comisión Europea.

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