Los medios de comunicación han puesto de relieve el
divorcio que media entre la sociedad y la resolución de los Jueces, como si éstos
no fueran miembros aparte de ésta, cuando al fin y al cabo sólo son ciudadanos
que han encaminado sus pasos profesionales por muy diversas razones hacia el
ejercicio del servicio público justicia,
y este servicio no se puede realizar debidamente sino media equidad.
Equidad tanto de los Jueces hacia los ciudadanos, y como de
éstos últimos hacia los primeros, y también entre ellos, y lo que en las
últimas fechas ha quedado demostrado que la reforma judicial sigue siendo la asignatura
pendiente a afrontar por el Estado Español, ya que el producto que esa Justicia
brinda al mortal ciudadano, no es debidamente comprendido, ni compartida por él.
Y ello trae razón de ser, del confusionismo que la
sociedad española tiene sobre el Consejo General del Poder Judicial, pues en este punto estoy de acuerdo con el
portavoz socialista del Congreso, que éste, el Consejo General, no es otra cosa
que el Poder Político del Poder Judicial.
Luego siendo esto así, como tal poder requiere que en su
formación y constitución no medie la endogamia de las carreras funcionariales,
pues ésta genera un compañerismo mal
entendido, y en situaciones graves como el caso de la pobre Mari Luz, sólo ese
órgano pretenderá una solución salomónica, con el fin de que todos quedemos
contentos.
Con la opinión formulada que es política, no pretendemos
crucificar al miembro de la Carrera Judicial
que inejecuto el fallo penal contra el
asesino de la pequeña Mari Luz, y quizás porque la culpa no sea exclusiva de él,
y aún menos de la titular de la oficina judicial, ya que sobre el tercer brazo
interviniente en la ejecutabilidad del fallo, no se ha dicho nada, aunque
competa al Ministerio Publico vigilar la ejecución de las sentencias y además
depende del Ministerio de Justicia.
Como Partido Político,
Centro Independiente de Canarias (CiCan),
demanda e insta a que se ventile la responsabilidad política del
Presidente y Consejeros del Poder Judicial, pues de éstos depende el servicio
de inspección de Tribunales y la unidad inspectora que ha intervenido en el Juzgado del Sr. Tirado, le
habrán preguntado porque no detecto tal anomalía, y si la detectaron que
medidas ordenaron adoptar.
Ello sin embargo, nos ha puesto de manifiesto que un
Consejo General centralizado no funciona, y más cuando los Consejeros Delegados
no tienen su sede en las Comunidad Autónoma que representan, al igual que las
unidades inspectoras respectiva, salvo Cataluña.
Lo que resulta incompatible en el Estado de las Autonomías
con la afirmación de el Consejo General del Poder Judicial, es el Poder Político
de la Justicia,
pues de admitirlo y compartirlo los miembros candidatos no sólo deben ser propuestos
por los Partidos sino que han de ir designados en su respectiva lista electoral en cada
convocatoria, y aquel que resulte designado Presidente ha de exponer el
programa político judicial a desarrollar durante su período de mandato , y de
esto siempre ha carecido el Consejo
General, que se ha reducido a una maquina disciplinaria, y a los hechos me
remito tampoco funciona.
Juan Manuel
Fernández del Torco Alonso
Presidente del Centro Independiente
Canarias (CiCan)
