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La Fiscalía advierte en su denuncia de que las resoluciones adoptadas por el Consistorio "podrían no regirse por la normativa aplicable y haberse dictado por interferencia de intereses ajenos o contrarios al interés público", por lo que estima podrían ser constitutivos de un delito relativo a la Ordenación del Territorio y otro de prevaricación.

Los socialistas, que junto a las organizaciones ATAN y la Plataforma en Defensa del Litoral denunciaron en enero los hechos ante la Fiscalía, entienden que esta querella les da "totalmente la razón", porque sus advertencias se centraban en que la actuación del Gobierno municipal "estaba bajo sospecha, que había dudas de legalidad y que por un principio de precaución lo lógico y deseable era que se paralizacen esas obras y no se apostase por una política de hechos consumados".

Así lo indicó este lunes el secretario general de PSC de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Corrales, en una rueda de prensa ofrecida junto a la diputada socialista, Gloria Gutiérrez, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gloria Rivero, quienes volvieron a exigir responsabilidades políticas y pidieron la dimisión del alcalde, Miguel Zerolo, y los concejales responsables de Urbanismo.

Afirmaron que la querella es "incluso muchísimo más contundente" que el escrito de denuncia presentado por el PSOE sobre la presuntas irregularidades cometidas en estas obras, paralizadas por el Consistorio tras las reiteradas advertencias de la Dirección General de Costas y las peticiones del PSC al pleno sobre la falta de autorización.

"Nos gustaría que el Ayuntamiento explicase por qué actuó en contra del ordenamiento jurídico, por qué ejecutó las obras sin las preceptivas autorizaciones y por qué se está actuando con una política de hechos consumados" en todo lo que atañe a Las Teresitas, afirmó Corrales.

"IRRESPONSABILIDAD, ILEGALIDAD E ILICITUD"

En esta línea, Gloria Rivero denunció la "irresponsabilidad, ilegalidad e ilicitud" con la que está actuando el grupo de gobierno (CC-PP), que remarcó ha intentado "actuar por que sí" con el argumento de que "las urnas le dan la razón" frente a las reiteradas advertencias y peticiones sobre la paralización de unas obras que estaban haciendo "a sabiendas" de que no contaban con autorización.

Así, consideró que el Ayuntamiento es "el principal autor de la absurda situación creada" y criticó los intentos de confundir a la opinión pública "intentando darle carácter de legalidad a lo que es ilegal". Sin embargo, destacó que el Ayuntamiento "prevarica cada vez que emite una resolución que va en contra del ordenamiento jurídico" y advirtió de que toda esta situación generada por la "irresponsabilidad" del grupo de gobierno, "quien la va a pagar es el pueblo de Santa Cruz.

Rivero, que apuntó al alcalde, Miguel Zerolo, como "principal responsable, le guste o no", insistió en que no existe un documento que ampare las obras de Las Teresitas, ya que recordó que el convenio con el Ministerio de Medio Ambiente que las contempla no ha sido firmado. "Quién puede firmar un convenio con la situación que se está planteando", se preguntó Rivero, quien se mostró convencida de que éste convenio no se firmará, "otro no sé".

En esta línea, y cuestionados sobre si el trámite del nuevo deslinde podría regularizar las obras, los representantes socialistas indicaron que, en cualquier caso, la denuncia de la Fiscalía advierte de una falta de autorización para las obras tanto en dominio público como en zona de servidumbre.

Rivero también consideró que "clama al cielo" el silencio que ha mantenido el teniente de alcalde y portavoz del grupo Popular (PP), Ángel Llanos, sobre todo teniendo en cuenta "cuál fue la campaña electoral del señor Llanos, que ahora no sabe no contesta cuando está gobernando". Rivero recordó que esta situación que "no es de ayer" y que se ha producido durante los años de co-gobierno municipal de CC-PP.

DENUNCIA FISCALÍA

La denuncia presentada por la Fiscalía indica que los proyectos ‘de Ordenación del Frente Marítimo Playa de las Teresitas', ‘Proyecto de Ordenación Frente Marítimo de las Teresitas, Playa de San Andrés' y ‘Proyecto modificado nº1' fueron aprobados sin contar con las autorizaciones preceptivas, pese a que contemplan la ejecución de obras en zona de dominio público marítimo terrestre conforme al deslinde vigente y en zona de servidumbre de protección, lo que requiere la autorización de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, remarca que, en cualquier caso, no es posible el otorgamiento de autorizaciones o concesiones "por encontrarse en trámite el deslinde del dominio público marítimo terrestre" en el tramo de costa que afecta a la playa, recordó Gloria Gutiérrez. La diputada socialista destacó que la Fiscalía también se refiere al modificado del proyecto del edificio, que se amplió en una planta y locales comerciales, sin dar cuenta al resto de administraciones.

"Han permitido invadir zona de dominio público para atender a intereses particulares", afirmó Gutiérrez, quien apuntó que en las diligencias preliminares iniciadas por la Fiscalía también se cuenta con un informe de la Agencia canaria de protección del Medio Urbano y Natural, entidad en la que participa el Gobierno canario, que recoge que el edificio sí invada el dominio público.

"Resulta sorprendente que la Agencia informe, pero no actúe", afirmó Gutiérrez, quien se extrañó de que esta entidad, encargada del trámite sancionador en materia urbanística, "asombrosamente no haga nada" en este caso y se preguntó "qué pasa con el Ayuntamiento de Santa Cruz que no se actúa". "Éste es el Gobierno que nos protege a nosotros o que protege a quién", planteó Gutiérrez, que no se explica el "silencio pasmoso" de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario.

CITADOS A DECLARAR

Precisamente, entre las personas que se pide sean citadas a declarar en calidad de testigos están los técnicos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural responsables de este informe y así como técnicos de Gestión Económica del Ayuntamiento. También se solicita a la Viceconsejería de Ordenación del Territorio información sobre si el Ayuntamiento ha solicitado autorización para la ejecución de obras en la zona de servidumbre de protección.

Entre la documentación a solicitar, la Fiscalía también plantea a la Dirección General de Costas información sobre la fase en que se encuentra el procedimiento de deslinde y reclama al Ayuntamiento capitalino la copia literal de los tres proyectos.