La Administración confirma así la demolición anunciada, pese a que los
afectados han asegurado que hasta este lunes no han tenido conocimiento
de la notificación oficial del auto que establece el derribo, sino por
unas notas informativas puestas en las puertas de las viviendas sin
sello acreditativo.
Los afectados, que ya han advertido de que continuarán con las
movilizaciones e incluso amenazan con encerrarse en sus viviendas,
acudieron este lunes al Juzgado de los Contencioso número 2 de Santa
Cruz de Tenerife para recoger el auto judicial. De hecho, han anunciado
que tienen quince días, a partir de recibir la notificación, para
recurrir la decisión, una acción que preveían hacer este martes, así
como personarse en Presidencia del Gobierno para solicitar apoyo el
Ejecutivo regional.
Medio Ambiente recuerda que con fecha 23 de abril de 2008, el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Santa Cruz de Tenerife emitió
un auto en el que notificaba a la Abogacía del Estado la autorización
para la entrada y posterior demolición de las 23 viviendas situadas en
la playa Cho Vito.
Además, aclara que de las otras seis construcciones han sido excluidas
porque constituyen primera vivienda, según consta en el listado de
demandantes de vivienda social facilitada por el Ayuntamiento de
Candelaria.
De acuerdo con el Auto judicial, se indica que el plazo máximo fijado
para que la administración proceda a la entrada ejecución forzosa y
subsidiaria de la recuperación del dominio público marítimo-terrestre
es de seis meses a partir de la fecha de notificación a la
Administración, por lo que las actuaciones de entrada de domicilio y
demolición deberán estar completamente terminadas antes del 30 de
octubre de 2008.
El Ministerio, en un comunicado, aclara que una vez “analizados todos
los informes y respetados todos los plazos que la legalidad exige”, la
Subdirección General de Sostenibilidad de la Costa ha concluido que no
existe “ni un solo indicio que permita relacionar a los ocupantes de la
playa de Cho Vito con un poblado marinero, ni se demuestra la
existencia de valores etnográficos, ni siquiera se concreta algún tipo
de valores, ni se recopila información documental alguna sobre dichas
construcción que permitan reconsiderar la obligación de recuperar el
uso público del dominio marítimo terrestre para hacerlo accesible a
todos los ciudadanos de forma libre, pública y gratuita, como establece
la Ley de Costas”.
INVERSIÓN DE 600.000 EUROS PARA RECUPERAR EL ENTORNO
Asimismo, semana que la primera referencia sobre actuaciones en esta
zona se incluye en el convenio de colaboración entre el Ministerio de
Medio ambiente y el Gobierno canario para actuaciones en
infraestructuras de costas, suscrito en febrero de 1998. Este acuerdo
recoge la actuación ‘Paseo Marítimo y demolición de Cho Vito’, que
prevé una inversión de 596.000 euros y fue publicado en el BOC de 4 de
marzo de 1998.
Para esta actuación, en diciembre de 2003 se redactó el proyecto en el
que se contempla la demolición de todas las ocupaciones situadas en
dominio público, la ejecución de un paseo marítimo y la recuperación de
la playa. El proyecto fue sometido a información pública el 24 de mayo
de 2005 y se aprobó definitivamente en noviembre de 2005.
El Ministerio recuerda que el objetivo de la Ley de Costas es
garantizar la naturaleza pública del litoral y conservar las
características naturales del entorno “tratando de conciliar las
exigencias de desarrollo con los imperativos de protección”.
Así, recuerda que estas actuaciones forman parte de la política del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para recuperar el
litoral español, en colaboración con las comunidades autónomas y
ayuntamientos de las zonas afectadas para la mejora de la franja
litoral para facilitar el uso y disfrute de la costa para todos los
ciudadanos.
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