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Madrid/ El Congreso ha convalidado el Real Decreto
del Gobierno sobre el abono acumulado y de forma anticipada de las
prestación por desempleo a trabajadores no comunitarios que retornen
voluntariamente a sus países de origen.
Durante la presentación de esta iniciativa en el Parlamento, el
ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha asegurado
que se trata de una medida coherente con el ordenamiento jurídico,
que no es improvisada y que pretende dotar al mercado laboral de un
instrumento para la gestión de los flujos migratorios.
Corbacho ha recordado su carácter voluntario y ha insistido en
que su objetivo "no es rechazar la presencia de desempleados
extranjeros" en España.
"Pueden quedarse en España con derecho a desempleo y buscar un
nuevo trabajo o regresar a su país con el incentivo del cobro
acumulado de esa prestación", ha explicado el ministro.
Corbacho ha defendido la extraordinaria y urgente necesidad de
esta medida "por las dificultades de nuestra economía en un contexto
de crisis de la economía mundial" y por el elevado nivel de
desempleo de este colectivo, con tasas del 16 por ciento.
El decreto ha sido respaldado mayoritariamente por los grupos,
excepto por el PP e IU-ICV, que no le han dado su voto afirmativo.
Para el diputado del PP, Rafael Hernando, las medidas anunciadas
por Gobierno se han quedado en un "mini decretín", que no resuelve
"los problemas, como la entrada masiva de los inmigrantes".
Según Hernando, Corbacho habla mucho y hace poco y "se le va la
fuerza por la boca" y "mientras sigue con los brazos cruzados, el
desempleo sigue creciendo".
También ha mostrado su desacuerdo, Gaspar Llamazares de IU porque
duda de su eficacia y conveniencia y ha calificado el decreto como
una "legislación simbólica" y una "medida populista".
"No es urgente, no es útil y es un mal mensaje" para los
españoles e "ingrato" para los ciudadanos de los países de origen de
los trabajadores desempleados.
La diputada del PSOE Concepción Gutiérrez del Castillo ha
destacado el carácter voluntario y ha opinado que es una oportunidad
al inmigrante que se queda sin empleo.
Desde CiU, Carles Campuzano ha prestado su apoyo a cualquier
medida "que tienda a aliviar a cualquier persona desempleada" y ha
opinado que el decreto del Gobierno "se topa con la realidad y actúa
en consecuencia".
Emilio Olabarria, del PNV, ha dicho que "no sabe si es la mejor
solución, pero las razones que invoca son razonables" y Olaia
Fernández, del BNG, ha incidido en que debe ser una opción para los
trabajadores desempleados, a los que debe ofrecerse "una buena
información".
Por su parte, Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha opinado que la
iniciativa del Gobierno es necesaria y le ha animado a que adopte
otras medidas, como la de favorecer la movilidad de los trabajadores
entre comunidades.
El Plan del Gobierno permitirá a los inmigrantes desempleados
percibir la prestación en dos plazos: el 40 por 100 en España, una
vez reconocido el derecho, y el 60 por 100 en el país de origen,
transcurridos treinta días naturales desde el primer pago.
La medida está destinada a trabajadores desempleados de los 19
países con los que España tiene firmados convenios bilaterales en
materia de Seguridad Social, pero deja abierta la opción de negociar
con otros países interesados si garantizan cierta cobertura
sanitaria y social.
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