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Santa Cruz de Tenerife/ La Plataforma de Asociación por los derechos de las
personas con Discapacidad de la provincia tinerfeña ha anunciado este
lunes que no descartan la posibilidad de adoptar un cierre indefinido
de los centros como medida de protesta ante los incumplimientos del
Gobierno canario sobre los acuerdos del Programa Sociosanitario de
Atención a la Discapacidad (PAD).
El colectivo ya ha programado un primer cierre de
los centros para mañana martes, en el que realizará una concentración,
a partir de las 11.30 horas, frente a la sede de Presidencia del
Gobierno canario en la capital tinerfeña para denunciar la "mala
gestión" en la aplicación del PAD y el desarrollo inicial de la Ley de
Dependencia.
Así lo anunciaron este lunes en rueda de prensa los representantes de
la Plataforma de Asociaciones por los derechos de las Personas con
Discapacidad de la provincia tinerfeña, José Raúl Cordero, Cándida
González y Alicia Silva, quienes indicaron que, de no resolverse la
situación, se podría incluso adoptar el cierre indefinido de los
centros.
La Plataforma apunta a las "grandes dificultades para planificar" que
tienen las asociaciones y entidades gestoras de los recursos de
atención a las personas con discapacidad, ya que no tienen
"conocimiento cierto de la financiación a recibir".
Recuerdan que el Gobierno canario adeuda a las entidades las cantidades
correspondientes a los años 2007 y 2008, que son cuantías necesarias
para el funcionamiento de estos centros, que se ven obligados a
recurrir a solicitar préstamos a la espera de que las instituciones
abonen esas cantidades, explicaron los representantes de la Plataforma
de Asociaciones por los derechos de las Personas con Discapacidad de La
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Ante esta situación de incumplimiento por parte del Gobierno canario de
lo contenido en el PAD, la Plataforma expresa sus dudas de cómo va a
ser capaz el Ejecutivo de llevar a cabo lo contenido en la Ley de
Dependencia, "si no son capaces de aplicar los planes sociosanitarios".
Al respecto, indican que no se han abonado las actualizaciones
correspondientes al IPC de los ejercicios 2007 y 2008, además de no
haberse revisado los costes plaza/ día para los centros que tienen
financiación insuficiente, entre otras irregularidades.
También apuntan que los convenios no tienen carácter plurianual y las
trabas burocráticas en el proceso de justificación económica que vienen
soportando las entidades "hacen que no podamos prestar una atención de
calidad", remarca la Plataforma.
Indican que la situación económica actual de las entidades "es muy
precaria", dado que tienen que soportar "altos intereses de pólizas de
crédito" para adelantar la financiación de los servicios prestados
(Centros de día, Centros Ocupacionales, Residencias, Pisos tutelados,
etc.), que anualmente "y sobre todo ahora en tiempos de crisis suponen
cientos de miles de euros que van a parar a entidades bancarias y no a
las personas con discapacidad".
Asimismo, explican que la situación de los más de 500 profesionales que
trabajan en el "sector es incierta" y consideran que los puestos de
trabajo que iban a generarse tras la puesta en marcha de la llamada Ley
de Dependencia "van a quedar en una mera expectativa".
Las asociaciones expresan su "absoluta desconfianza" hacia las
Administraciones públicas implicadas en la atención a las personas con
discapacidad, debido a la "mala gestión" de en la aplicación de la Ley
de promoción de la autonomía personal y atención a personas en
situación de dependencia (Ley de dependencia), así como la no ejecución
de los acuerdos contenidos en el PAD (Programa Sociosanitario de
Atención a la Discapacidad en Canarias).
Por ello, reclaman mayor eficacia del Gobierno de Canarias y los
Cabildos para que se inicien las acciones oportunas para revisar el
actual PAD - corte evaluativo 2008 aprobado por el Parlamento de
Canarias en noviembre de 2007-, dado que aún quedan aspectos "muy
importantes que subsanar respecto de la aplicación del mismo y de la
financiación de los centros, que es insuficiente".
También defienden que la aplicación de la Ley de Dependencia se debe
llevar a cabo con independencia de la del PAD, puesto que unos
servicios "no deben suplir en ningún caso a los otros, sino que deben
ser sumatorios entre sí".
"Exigimos que nuestros responsables políticos se hagan cargo de la
situación en que se encuentran nuestros representados y que tomen
conciencia de que las personas con discapacidad somos ciudadanos de
primera", denuncian los representantes de la Plataforma.
Las asociaciones y entidades que se han sumado a esta acción son:
Aspronte, Asciación para la Igualdad de Oportunidades de las personas
con Discapacidad, Asociación Horizonte, Afes, Atelsam, Coordinadora de
Minusválidos Físicos, Asociación Nuevos Caminantes, Centro Ocupacional
Acaman, San Lázaro Amor a los niños, Trabajadores del Centro de Día San
Lázaro, Centro Ocupacional El Sabinar, Funcasor, Centro Ocupacional
Guía de Isora, Centro Ocupacional La Victoria, Asociación Comarcal de
Integración Social, Centro Ocupacional Isla Baja -Ayuntamiento de
Buenavista el Norte, Ayuntamiento de Guía de Isora, Ayuntamiento de
Candelaria, Centro Ocupacional San Miguel, Amisur, Dismonorte,
Asociación El Sabinar (El Hierro), Centro Ocupacional Arco Iris, ONG
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Canarias, Orobal,
Apreme, Afem (La Palma), Asociación Bipolar en Canarias, Feafe
Canarias, El Cribo (Lanzarote), Asomasamen (Fuerteventura), Red Anagos.
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