Santa Cruz de Tenerife/ Unas 300 personas se han concentrado hoy ante las
puertas de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife para
denunciar el abandono de las personas con discapacidad en Canarias y
exigir al Ejecutivo autonómico que les pague las partidas previstas en
el Plan de Atención Social y Sociosanitario, que les deben a todos los
centros de atención a la Discapacidad de las Islas desde el 2006.
Con dos grandes pancartas con los lemas ‘Ley de
Dependencia Ya' y ‘Contra el abandono de la Discapacidad en Canarias',
se manifestaron trabajadores, familiares y usuarios de estos centros
afectados.
Según explicó Cándida Rosa González, portavoz del colectivo de
Discapacitados intelectuales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife,
lo único que están pidiendo es que se hagan efectivas esas partidas, ya
que "en el año 2006 se aprobó un corte evaluativo, una revisión del
plan atención social y sociosanitario de Canarias, en el que se
arreglaron todos aquellos desfases que se produjeron por haber aprobado
corriendo ese plan".
Precisó que esas partidas, superiores a las previstas inicialmente,
debían hacerse efectivas a las asociaciones a partir del año 2007. "Una
vez se aprobaron esas partidas, los colectivos teníamos que contratar a
mayor número de profesionales para poder atender a las personas y por
eso todas las asociaciones contratamos a ese personal en base a las
promesas", precisó González, a la vez que recordó que "estamos en
octubre de 2008 y no hemos recibido ni un solo euro".
Ante esta situación, indicó que las asociaciones de discapacitados de
Canarias que adquirieron unos compromisos con unas entidades bancarias
y con unas pólizas de crédito para poder pagar a los nuevos
profesionales, "nos hemos visto totalmente endeudadas con unos
intereses insufribles de pagar, que calculamos que en Tenerife
ascienden a varios cientos de miles de euros".
Denunció que a día de hoy nadie ha contactado con las asociaciones y es
por ello por lo que este martes, como medida de presión, han decidido
cerrar los centros y concentrarse ante la sede de Presidencia. Las
asociaciones se volverán a reunir este jueves en asamblea para tratar
de ver qué acciones tomarán "siempre y cuando n o se hagan efectivos
esos dineros para poder subsistir, porque si no, no sería efectiva la
atención en los centros".
En la actualidad, sólo en Tenerife, hay más de 500 profesionales y más
de 3.000 personas afectadas por este tema, que "están abocadas a si no
se soluciona el problema a ir a la calle si se cierran los centros". No
obstante, según aclaró, esta problemática no es exclusiva de Tenerife
sino que atañe a las siete islas canarias, donde no ha cobrado el
dinero ni una sola asociación.
Además de señalar que también han aprovechado la movilización para
reclamar la aplicación de la Ley de Dependencia, precisó que las
asociaciones de Tenerife están en contacto con las de la provincia de
Las Palmas y con las de islas como El Hierro, donde también se han
manifestado los trabajadores y usuarios del centro El Sabinar.
Lo único que esperan las asociaciones de colectivos de discapacidad es
que el Gobierno canario mueva ficha y se pongan en contacto con ellas,
pues si no, mañana decidirán qué medidas de presión seguirán tomando.
En la misma línea que la portavoz de las asociaciones, se pronunció una
de las madres afectadas, María Delgado Vera, cuyo hijo se encuentra
atendido en un centro de La Orotava. María Delgado pidió más humanidad
al Ejecutivo regional y que ponga solución para evitar que se cierren
los centros. Declaró que se sienten "marginados" y que se encuentran en
plena agonía" porque "necesitamos ayuda".
También, una trabajadora de un centro indicó que son 1.500 los
trabajadores que se pueden er afectados por el cierre de los centros
debido a que no ha llegado el dinero prometido por el Gobierno desde
2006. "Estamos aquí para que se nos escuche y para reivindicar los
derechos de los trabajadores y de las personas con discapacidad
intelectual", dijo.
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