Pese a que los vecinos habían amenazado con
protagonizar una fuerte resistencia a la entrada de las palas "y que si
los movían sería parte de los escombros", lo cierto es que la jornada
se desarrolló sin mayores incidentes, aunque sí se vivieron algunos
momentos de tensión, llantos y rabia contenida.
Tras una madrugada de vigilia, los vecinos comprobaron como a primera
hora las palas hacían su entrada en el poblado y acababan con años de
lucha y rebelión, que tuvieron su ‘sentencia de muerte' con la decisión
de la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de
Santa Cruz de Tenerife de la suspensión cautelar que pesaba sobre los
derribos de 23 de las 31 viviendas declaradas ilegales.
Aunque ayer mismo indicaban que la intención era resistirse, esta
mañana unos decidieron salir por sus propios medios dado que entre los
afectados había niños y ancianos, y otros mostraron una pequeña
resistencia y fueron sacados de sus casas por agentes de la Guardia
Civil.
Los trabajos comenzaron a primera hora, entre fuertes medidas de
seguridad "por tierra, mar y aire", según relató Tomás González, uno de
los afectados, que se refería así a la presencia de un helicóptero
sobrevolando la zona, una Zodiac custodiando la playa y el Grupo
Especial de Operaciones (GEO), acordonando el poblado.
Un "pequeño" despliegue, formado por 40 hombres del Grupo de Reserva y
Seguridad al mando de un teniente y 10 hombres del núcleo de reserva de
la Comandancia de la Guardia Civil, según precisaron fuentes de la
Guardia Civil, quienes indicaron que el helicóptero dio "algunas
pasadas", pero se retiró en el momento en que se comprobó que todo
transcurría con normalidad.
Esta fue la tónica a lo largo de toda la jornada, en la que el desalojo
de las casas fue "totalmente pacífico", salvo alguna resistencia
aislada y vecinos que profirieron gritos contra las autoridades, pero
sin que se hayan tenido que lamentar incidentes violentos, indicó el
Instituto Armado.
En este ambiente, pasado el mediodía habían caído cuatro viviendas, a
las que se fueron sumando otros inmuebles a lo largo de la tarde hasta
completar las 22 que han sido derribadas este martes, según informaron
fuentes de la Guardia Civil, que confirmaron que el desalojo y los
derribos ya han concluido y a partir de mañana se procederá a las
labores de desescombro y limpieza de la zona.
"REMOVER CONCIENCIAS"
Con la "indignación todavía en el cuerpo", Tomás González, uno de los
afectados, aseguró que la única esperanza que les queda es que lo
ocurrido en Cho Vito sirva para "remover conciencias" y para que este
"atropello" no se vuelva a producir en ningún pueblo más del litoral
canario.
González se lamentó de que los afectados "no cuentan para nadie" y de
que "todas las pertenencias de las personas, su historia y recuerdos
hayan desaparecido en menos de dos horas". Además, recalcó que las
instituciones podrían haber hecho más para evitar los derribos.
Unas tesis en las que coincide el presidente y portavoz municipal del
Partido Popular de Candelaria, José Fernando Gómez, quien este martes
pidió la dimisión del alcalde de la localidad, José Gumersindo García,
ante "el abandono de los vecinos de Cho Vito" y calificó de "insólito
que un señor que desempeña este cargo se cruce de brazos y mire hacia
otro lado cuando un buen número de vecinos se ven acosados y amenazados
de derribo de sus hogares".
A la petición también se sumó la organización Asamblea por Tenerife,
movimiento integrado por numerosos colectivos ciudadanos de la Isla,
que mostró su solidaridad con los vecinos del poblado marinero.
El Cabildo de Tenerife se sumó a las críticas y tachó de "absolutamente
unilateral" la decisión de los derribos adoptada por el Ministerio de
Medio Ambiente y la Dirección General de Costas. El vicepresidente del
Cabildo, José Manuel Bermúdez, consideró que el Gobierno central ha
elegido el poblado para realizar una acción "ejemplarizante" y afirmó
que en este caso "no está aplicando la misma vara de medir en toda
España".
Mientras, el Gobierno canario -que en 1998 firmó el convenio de Costas
con el Ministerio en el que se contemplaban los derribos- eludió
pronunciarse ya que remarcó que ésta "es una decisión que se adopta por
la autoridad competente que es la dirección general de Costas y donde
no interviene el Gobierno de Canarias", según indicó la portavoz del
Ejecutivo, Carolina Darias.
Con todo, a última hora de la tarde culminaban los trabajos de derribo
de las 22 viviendas, una acción con la que se pone fin a varios años de
lucha y ‘rebelión' protagonizada por un grupo de familias, que
finalmente no pudo ante la acción de las palas.
Candelaria/ Tras más de quince años de trámites y
tres años y medio de lucha continuada los vecinos del poblado costero
de Cho Vito, en el municipio de Candelaria, asistieron este martes con
"indignación y rabia" al derribo de 22 de las 31 viviendas declaradas
ilegales por la Dirección General de Costas por invadir dominio público
marítimo terrestre.
