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Madrid/ La ministra de Medio Ambiente Rural y
Marino, Elena Espinosa, anunció el pasado mes de septiembre que tendrá
vigencia hasta 2012. Sustituye al que se firmó en 1997 y que permitió
inversiones por valor de 597 millones de euros
El Consejo de Ministros autorizó hoy al Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a aportar 306.590.000 euros
para el desarrollo de actuaciones en materia de agua en Canarias, al
amparo de un nuevo Convenio de Obras Hidráulicas con la Consejería de
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias.
Según se informó tras el Consejo de Ministros, con este nuevo convenio
se sustituye el que fue firmado en 1997 y que, aunque contemplaba una
inversión de 456,77 millones de euros, ha permitido una inversión en
Canarias, por parte del Gobierno de España, que asciende, a día de hoy,
de 597,76 millones de euros.
La ministra de Medio Ambiente Rural y Marino, Elena Espinosa, anunció
el pasado 24 de septiembre en el Congreso que la vigencia del nuevo
Convenio abarcaría el período 2008-12.
Asimismo manifestó entonces, en respuesta al diputado de Coalición
Canaria José Luis Perestelo, qude está previsto que, de dicha cantidad,
98 millones correspondan a inversión directa del Gobierno central y 208
millones a transferencias para obras del Gobierno regional y los
Cabildos.
Espinosa también dijo que entonces que la firma definitiva del Convenio
se debía a una "elevación de los compromisos presupuestarios" y una
"mayor cuantía" de las obras.
INTERES GENERAL
Hoy, tras el Consejo de Ministros, se informó de que las actuaciones
que se contemplan han sido declaradas de interés general, y están, en
su mayoría incluidas en el Plan Hidrológico Nacional. Las no incluidas
se consideran de interés general al amparo de la Ley de Aguas.
Las obras se podrán desarrollar tanto mediante ejecución directa por
parte del Ministerio como mediante mecanismos de colaboración económica
entre éste y la Consejería de Obras Publicas de la Comunidad Autónoma
de Canarias, informó el Ejecutivo central.
Una vez finalizadas las obras, la Comunidad Autónoma será responsable
de la explotación, mantenimiento y conservación de las mismas, con
asunción de sus costes, así como de los gastos de reposición de bienes
y equipos, y de las correspondientes responsabilidades.
Asimismo podrá decidir la cesión de uso de las infraestructuras a las entidades locales.
DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS
Mediante el convenio que será firmado, el Ministerio llevará a cabo las
actividades de carácter material, técnico y de servicios relativas a
las obras, mientras que la administración autonómica se compromete a la
elaboración de los estudios previos, anteproyectos y proyectos de
obras, además de asegurar la disponibilidad previa de los terrenos
necesarios para la ejecución.
Por otro lado, el Ministerio deberá verificar el cumplimiento de las
normas relativas a la seguridad de presas y embalses. Será el Gobierno
quien lleve a cabo la realización de los trámites necesarios para la
constitución del expediente sobre la evaluación del impacto ambiental
por causa de la ejecución de las obras.
El Ministerio nombrará un coordinador, al que la dirección facultativa
deberá mantener permanentemente informado de las incidencias, tanto
técnicas, como administrativas y económicas de las obras. También
corresponde al Ministerio la verificación de la idoneidad de los
proyectos, así como el seguimiento e inspección general de su ejecución.
En este contexto, la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de
Canarias llevará a cabo la elaboración, actualización, supervisión y
aprobación de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, Anteproyectos o
Proyectos, los cuales incluirán la relación de bienes y derechos
afectados por causa de ejecución de las obras, a fin de que sirvan de
base para la licitación de los contratos administrativos.
Además, actuará como órgano ambiental en el proceso de evaluación del impacto ambiental por causa de la ejecución de las obras.
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